Explicó que, de los 20 municipios amenazados por los proyectos, su comunidad se ve amenazada “por la Ronda 2.2 y los bloques 10 y 11”. A través de la Ronda, se licitaron 10 municipios de la zona con una extensión de 84 mil hectáreas de tierra divididas en 40 ejidos habitados por zoques y tsotsiles.
Los zoques rechazaron el proyecto luego de que no se llevó a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho, y por medio de movilizaciones han exigido el retiro de la licitación 2.2, el de las concesiones mineras y el derecho a la autoconsulta.
“No se presentaron los daños ambientales, no se basó al contexto cultural [sin traductor] y se suplantó a las autoridades tradicionales porque asignaron a los agentes rurales del Ayuntamiento, no a las nuestras”, expuso.
De acuerdo con Ledesma Domínguez, los proyectos extractivos que han dañado su territorio son el ganadero, el hidroeléctrico, el minero, con once concesiones, el geotermoeléctrico y el extractivismo verde.
Durante un Foro sobre los impactos de la reforma energética, Aroa de la Fuente, de Fundar y Alianza Mexicana contra el Fracking, remarcó que la reforma se creó para el sector privado, cuyas inversiones atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente.
Por último, la investigadora Alejandra Jiménez Ramírez aseguró que a tres años de la implementación de la reforma energética, no se han cumplido las promesas del gobierno, como la mejora de precios y la generación de empleos.
Por el contrario, señaló que la reforma trata de una “entrega total del territorio y bienes nacionales que va en contra de los intereses de los pueblos originarios”.
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