Crisis de refugiados en México

Yo no salí por gusto, tuve que huir porque ya me habían amenazado y pegado varias veces en mí barrio. O me iba o me mataban. Me salí un día sin nada, dejé atrás a mí familia. Y pues así fue como llegué a la frontera de México, con la idea de irme más al norte. Tengo un primo allá del otro lado, en Estados Unidos. Mi idea es hablarle ya que llegue allá. Él se fue hace unos años, no encontraba trabajo y además las lluvias lo dejaron sin nada, así fue que se decidió y se fue a Estados Unidos

Migrante salvadoreño, marzo 2016

La migración en el contexto de la acumulación de la riqueza y el aumento de la miseria

La actual dimensión de la migración internacional está relacionada a las dinámicas globales del capitalismo neoliberal y sus efectos. Cada año crece el número de migrantes en el mundo, así como los registros de desplazados forzados. En 2016 la ACNUR señaló que para el 2015 había casi 250 millones de migrantes en el mundo (ACNUR, 2016; CONAPO, 2015 y 2017). Este acelerado crecimiento de seres humanos en movimiento y precariedad socio laboral en buena medida es resultado de la expansión de los procesos de acumulación de capital, lo cual es característico de los regímenes neoliberales de los países del norte global. La desarticulación de los sistemas de producción de los países en desarrollo –como México y los países del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador- generó que grandes sectores de su población, ante la falta de empleo y oportunidades de desarrollo socioeconómico en sus lugares de origen, migraran a los países desarrollados y se insertaran en los procesos de internacionalización laboral a través de cadenas productivas transnacionales, realizando diversos trabajos de orden manual. De este modo, los migrantes sin documentos fungen como mano de obra barata, juridicamente vulnerable y altamente explotable, que, al abaratar los costos de producción, generan gran riqueza y aumentan los márgenes de ganancia de empresarios y corporaciones transnacionales.

No obstante, otro de los ejes para entender el aumento de la migración internacional –particularmente los desplazamientos forzados- tiene que ver con procesos de disputa geopolítica, intervencionismo, conflictos bélicos y contextos generalizados de violencia. El año pasado la ACNUR destacó que cerca de 66 millones de personas eran desplazados forzados y entre los ejemplos más drásticos de esto estaban los casos del conflicto sirio, los refugiados palestinos, los desplazados iraquíes, los africanos huyendo de la pobreza a través del mediterráneo y los centroamericanos en tránsito por México para llegar a EU (ACNUR, 2016). Procesos de desplazamiento forzado que implican, cada uno, crisis humanitarias de miles de personas.

Centroamericanos en tránsito por México

En 2015 y según estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, cerca de 300 mil centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a EU; de estos, detuvieron casi a 200 mil personas y se deportaron casi 140 mil (Martínez, 2015). No obstante, estos calculos parecen conservadores y reduccionistas frente a los datos de la ACNUR para el 2016, quien sostiene que desde hace varios años se estima en cerca de medio millón el promedio anual de personas originarias del triángulo norte de Centroamérica sin documentos migratorios que pasan por nuestro país (ACNUR, 2017; MSF, 2017). Relacionado con el incremento del número de migrantes, también ha habido un crecimiento en los registros de migrantes muertos y desaparecidos. De acuerdo a datos del Missing Migrant Project, en el año de 2016 hubo 180 decesos de migrantes en Centroamérica y 402 en la frontera México-EU, lo que representa una clara alza respecto a los 111 migrantes muertos en Centroamérica y 307 en la frontera México-EU del año 2014 (Missing Migrant Project, 2017).

En claras condiciones de vulnerabilidad y sin la garantía del respeto de sus derechos humanos, estos centroamericanos han sido trágicos protagonistas de dos de los procesos de violencia y exclusión más onerosos de la historia reciente de México. Por un lado, la masacre de San Fernando Tamaulipas acontecida en 2010, en la que murieron cruelmente asesinados decenas de migrantes a manos del crimen organizado; y donde el Estado mexicano fue incapaz de garantizar el respecto y ejercicio del derecho a la vida. Por otro

lado, la crisis de niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 en la frontera México-EU, en donde tampoco se permitió a los infantes y menores centroamericanos el ejerció al derecho al asilo-refugio. A esto habría que sumar los crímenes y la violencia dirigida a centroamericanos que ha devenido en agresiones físicas y mutilaciones, incumpliéndose el derecho a la integridad física.

Desplazados forzados y los contextos de expulsión

La migración de centroamericanos en tránsito por México se distingue, tanto por su volumen de miles de personas, como por su carácter forzado, en tanto estas personas dejan sus lugares de origen no por libre elección, sino por distintas razones más allá de su voluntad y control (REDODEM, 2016; Castillo, 2016). Las causas pueden ser económicas, medioambientales y de falta de seguridad en contextos de violencia. En el caso de las causas económicas de la migración, encontramos su raíz en procesos de desempleo, bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica (REDODEM, 2016). En lo referente a adversas condiciones medioambientales que propicien migración, se encuentran derrumbes, deslaves, sequias, inundaciones por huracanes (REDODEM, 2016). Y en lo tocante a la migración derivada de contextos generalizados de violencia, vemos casos de amenazas y agresiones de diversos grupos del crimen organizado –pandillas, carteles del narcotráfico, situación de postconflicto bélico, altos índices delictivos, etc.- (REDODEM, 2016).

Pero, más allá de cuál sea la causa específica del migrante para salir de su hogar, cualquier escenario de expulsión de un migrante de su casa se relaciona con la ausencia de derechos sociales y humanos básicos. La falta de condiciones de desarrollo socioeconómico es uno de los fuertes y constantes detonantes de la migración. En el caso del triángulo norte de Centroamérica, quienes migran son aquellos que desde antes tenían condiciones de vulnerabilidad y exclusión. A esto se suma una cadena de diferentes violencias, tanto en sus lugares de procedencia en Centroamérica, como en México y en EU.

En este sentido, hay una compleja mancuerna entre migración forzada, violencia y ausencia de derechos que tiene sus peculiaridades en cada etapa migratoria –en el origen en los países centroamericanos, en el tránsito en México y en el destino en EU- (Castillo,

2016). (1) En sus países de origen lo que más sobresale son carencias estructurales de derechos básicos al empleo, a la salud, a la seguridad social, a la integridad física frente a contextos de violencia o desastres naturales. (2) En su tránsito por México lo que más destaca son el incumplimiento de derechos humanos al refugio, a la asistencia, a la integridad física y a la vida. (3) Y para aquellos contados migrantes que logran llegar a EU como destino, están claramente expuestos a explotación laboral y exclusión social; lo que está en duda es sus derechos a un salario justo, a la seguridad social y la no discriminación y exclusión.

Violencias, criminalización del migrante y políticas fronterizas

La gama de delitos que pueden padecer los migrantes es amplia. Comprende desde el robo, la extorsión y las lesiones –que son los crímenes más frecuentes-, hasta el secuestro, abuso de autoridad, amenazas, intimidación, abusos sexuales, violaciones sexuales, tráfico de personas, homicidio (REDODEM, 2016; MSF, 2017). Si bien quienes más sufren agresiones físicas y delitos en su travesía migratoria por México son hombres jóvenes –por ser el grupo más numeroso dentro de los centroamericanos-, son las mujeres y los niños quienes son más vulnerables a la violencia. De hecho, los agravios y crímenes hacia estos grupos más vulnerables tienen otras intensidades y características –como el tráfico de personas, los abusos sexuales, etc.-. Según el registro de diversas organizaciones, la mayoría de los delitos registrados acontecen en el sur del país en los inicios de la trayectoria migratoria de los centroamericanos por México. Y los ejecutantes de los delitos y las violencias hacia los migrantes son principalmente grupos del crimen organizado –como pandillas-, ciertas autoridades del gobierno mexicano y personas particulares (REDODEM, 2016).

Además, esto se da en el complicado contexto del enfoque que el Estado mexicano tiene sobre la migración centroamericana en tránsito. Bajo la influencia y coerción de EU, el gobierno mexicano ha optado por una postura de seguridad nacional, de cierre y securitización de la frontera sur y de criminalización de los centroamericanos en migración irregular. El Estado mexicano concibe a los centroamericanos más como “transgresores de la ley”, que como migrantes forzados con necesidad de refugio. No hay de facto medidas

hacia una perspectiva de seguridad personal y asistencia humanitaria que reconozca la complicada situación de violencia y riesgo en que se encuentran estos miles de migrantes forzados. En gran parte, la producción de la violencia hacia estos grupos está basada en la ausencia del ejercicio de la ley y en la presencia crónica de la impunidad; esto posibilita y estimula la acción y operación de la delincuencia organizada (Castillo, 2016). La conclusión derivada de un escenario como este es que el Estado falló, no sólo porque no garantiza la seguridad de los migrantes y el control de los grupos criminales, sino también porque parte de sus órganos e instituciones están coludidos y participan también como agresores y ejecutantes del delito.