Las decenas de cómplices de Duarte ¿Serán procesados?

Río Doce.-

Diputados federales, empresarios y ex servidores públicos conforman una red de funcionarios ubicados en diferentes puestos públicos en Veracruz, y que le permitieron a Javier Duarte desviar cientos de millones de pesos del erario.

Una investigación de Animal Político señala que algunos de los ex funcionarios del ex gobernador de Veracruz, detenido el sábado en Guatemala, hoy son diputados y gozan de fuero.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Duarte por los crímenes de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el desvío de recursos federales sólo de 2011 a 2014 podría ascender a más de 60 mil millones de pesos, lo que considera como irregularidades “históricas”.

Para lograr estos desvíos millonarios, varios funcionarios del círculo más cercano a Duarte fueron fundamentales para la constitución, operación y entrega de contratos públicos a empresas fantasma.

Uno de ellos fue Antonio Tarek Abdalá, quien fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, y entre 2012 y 2015 se encargó de las finanzas locales, en el periodo en que la administración de Duarte entregó contratos a empresas fantasma que nunca entregaron los productos por los que se pagó.

Al dejar el cargo, el PRI lo hizo diputado federal plurinominal. Aunque enfrenta un proceso de desafuero por una solicitud del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien lo acusa del desvío de 23 mil millones de pesos, Tarek Abdalá aún goza de fuero. A él lo investiga la Fiscalía de Veracruz, pero no está en la lista de implicados de la PGR.

Adolfo Mota Hernández es otro diputado federal del PRI en la actual legislatura y, por tanto, también tiene fuero.Él fue secretario de Educación en Veracruz en la administración de Duarte, cuando dicha dependencia entregó casi 325 millones de pesos a compañías fantasma, que ya fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La publicación incluye en la lista a Édgar Spinoso Carrera, quien es diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia a empresas fantasma.

La Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de 6 mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación en el estado.

Noemí Guzmán Lagunes encabezó la Secretaría de Protección Civil en Veracruz de 2010 a 2015. Durante su administración, la dependencia entregó nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma. Actualmente tiene fuero como diputada federal del PRI, también por mayoría relativa.

Alberto Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por mayoría relativa. Fue secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su administración la dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos con empresas fantasma. Al dejar la dependencia asumió la coordinación general del Comunicación Social del gobierno de Duarte y en 2015 también fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz.

Vicente Benítez González goza de fuero, pero a nivel local. Es diputado en el Congreso de Veracruz representando al Partido Nueva Alianza. Fue colaborador de Duarte en 2009, cuando este fue diputado federal. También fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la administración de Duarte, pero en 2012 renunció al cargo luego de que la Policía Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales que no pudieron explicar el origen y destino del dinero.

En marzo de 2014, Benítez regresó a la administración pública estatal, como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, para relevar a Édgar Spinoso.

En septiembre pasado el PRI hizo público el proceso para suspender los derechos partidistas de Duarte y otros seis presuntos implicados en el desvío de recursos, pero ninguno fue titular de dependencia ni con carrera dentro del partido.

Entre ellos están Daniel Cordero Gálvez, quien fue el notario que dio fe de la constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario Israel Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.

Otro quien perdió derechos partidistas fue Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de Sedesol de Veracruz, quien firmó todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma, mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.

Arturo Bermúdez Zurita fue secretario de seguridad pública de Veracruz y muy cercano a Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito.

El ex secretario de Finanzas de Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán, es otro de los funcionarios suspendidos del PRI. Renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego que el diario Reforma diera a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en Texas.

Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, es acusado de enriquecimiento ilícito pero está amparado para evitar ser detenido.

Aunque las investigaciones incluyen a los funcionarios y legisladores antes mencionados, la lista de implicados que persigue la PGR es más corta y considera a Javier Duarte como el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos

Otro de los investigados es Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas inmobiliarias fachada para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.

Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de 5 millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.

La lista la completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y Javier Nava Soria.

De todos los implicados en esta red de desvíos, sólo dos mujeres que participaron como accionistas o representantes legales de las empresas fantasma fueron sentenciadas hasta ahora a tres años de prisión, acusadas de lavado de dinero.