Declaraciones del Presidente del STJE sobre casos de protección a víctimas de violencia de género confirman una problemática real que debe ser atendida con urgencia, señala
La Diputada Federal Arlette Muñoz consideró urgente redoblar los esfuerzos institucionales para reducir las expresiones de violencia en contra de las mujeres de Aguascalientes, toda vez que aún se está a tiempo de prevenir una crisis como la que ya se vive en otras entidades del país.
La legisladora por Acción Nacional aseveró que las declaraciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce Sánchez, quien en días pasados reveló que en lo que va del 2017 se han concedido 83 órdenes de protección a víctimas de violencia de género, confirman una problemática real que debe ser atendida con urgencia antes de que escale de nivel.
Destacó que si bien existe un polémico debate sobre las cifras de ataques por cuestiones de género y feminicidios en Aguascalientes, que ha impedido la aplicación de la Alerta de Género en la entidad, organismos como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) y el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que desde 2012 prevalece una violencia generalizada en contra de las aguascalentenses.
En este sentido aseguró que resulta indispensable la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y los miembros del Poder Legislativo, para generar instrumentos eficaces y permitir la aplicación de los ya vigentes, en contra de una problemática que parece estar profundamente arraigada en algunos sectores de la sociedad hidrocálida.
Recordó que por su parte y desde la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dotar a los Congresos de la facultad de solicitar la Alerta de Género.
Lo anterior, precisó, “porque a pesar de los registros de patrones generalizados de violencia por cuestiones de género y las solicitudes que presentan las organizaciones de la sociedad civil para activar la alerta, las autoridades estatales resultan ser el principal obstáculo para reconocer la problemática y por ende coordinar acciones en la materia”.
Arlette Muñoz pidió por ello sumar esfuerzos y anticiparse a una situación de mayor gravedad en el estado, combinando las acciones preventivas, con sanciones ejemplares y legislaciones mucho más robustas en la materia. “Evitar que Aguascalientes pueda convertirse en el nuevo Estado de México”, dijo.
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