Guerrero, estado peligroso para mujeres periodistas

Por Sergio Ferrer/LAP

CIUDAD DE MÉXICO.- Guerrero es el tercer estado con mayor inseguridad para mujeres periodistas, según datos presentados en el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), presentado ayer en la Ciudad de México.

Con base en un registro de 147 casos perpetrados en el periodo que abarca 2014 y 2015 en 24 entidades federativas, incluidos dos feminicidios, la violencia contra mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento en relación a los dos años anteriores, siendo el 54. 4 ciento de los ataques, cometidos por funcionarios públicos. El trabajo muestra que Guerrero ocupó el tercer lugar de índice de violencia, sólo abajo de Veracruz y la Ciudad de México.

El informe incluye el testimonio anónimo de una reportera guerrerense que fue privada de su libertad y torturada por un grupo armado, quien además, tiempo después fue amenazada de muerte y este año, intimidada por policías cuando documentaba el desalojo de un grupo de transportistas.

Para la periodista, “Guerrero es un estado que se encuentra en crisis de violencia e inseguridad, de pobreza y malestar social… caminamos sobre los huesos de las víctimas de la delincuencia, caminamos sobre las fosas clandestinas y en una tumba tan grande no debe haber límites para darle voz a aquellos que fueron callados por las armas”, se lee en el informe en el cual en su apartado aboga por que los periodistas no vean a las personas fallecidas como cifra, que no pierdan la capacidad de generar un periodismo humano.

El informe se presentó en el Museo Memoria y Tolerancia, proyectaron un video con testimonios de mujeres periodistas y posteriormente hubo una charla en la que participaron las periodistas, Lydia Cacho Ribeiro como moderadora, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, quienes narraron sus experiencias frente a hechos de violencia perpetrados en su contra o en el caso de González Barrera, la experiencia de trabajar en el informe con una perspectiva feminista.

Las mujeres periodistas criticaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) así como al Mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas al existir testimonios de revictimización, falta de perspectiva de género , lo cual demuestra que a 10 años de creada la FEADLE, no está funcionando.

Además, coincidieron en que hacen falta abogados dedicados a la defensoría de periodistas así como terapeutas para intervenciones sicosociales, por otro lado, es un hecho que se insiste en demeritar el trabajo de las mujeres intentando in-visibilizarlas o callar su voz o pluma cuando retoman temas que tienen que ver con el despojo, la represión a movimientos sociales, aunque el abanico es amplio lo que dificulta saber de dónde llegan los ataques.

Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, señaló a pregunta de Cacho Ribeiro que en contraparte, con los años, se ha fortalecido el periodismo independiente de mujeres, la construcción de redes de periodistas, la legitimación de periodismo con perspectiva de género, dándoles voz a las periodistas, y lograr que organizaciones machistas incorporen en sus documentos a las mujeres.

Lagunes Huerta, afirma en el informe que, “la violencia contra mujeres periodistas en México no disminuye, muchos pequeños duartes se reproducen en el país”, ante la insistencia de mujeres de efectuar un trabajo que denuncie la corrupción así como el poder abusivo de caciques y las relaciones asimétricas de poder existentes en el sistema patriarcal, existe una expansión de la violencia, usada como mecanismo de intimidación, hostigamiento y coacción para silenciar o frenar las investigaciones que realizan, buscando afectar su intimidad, honor, seguridad física, cibernética, económica e incluso la vida.

La ausencia de registro en los demás estados, es síntoma de que no existen condiciones necesarias para denunciar, afirma el documento, el cual además describe que cuando las mujeres periodistas cuestionan al poder absoluto de políticos, servidores públicos, cuerpos militares y/o narcotráfico, son víctimas de agresiones de diversos tipo que vulneran paralelamente su derecho a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

La cobertura o investigación de actos de corrupción, compra de votos, asuntos relacionados con el desvío de recursos, manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros hechos son parte de lo que originan incomodidad a los cacicazgos del poder.