Se repliegan narcos a la sierra ante batida militar

Funcionarios del gobierno federal revelaron a Ríodoce el descontrol que provoca en las organizaciones delincuenciales el acoso a que han sido sometidas desde el ataque a un convoy militar la madrugada del 30 de septiembre.

A más 40 días de haberse perpetrado la emboscada que provocó el deceso de cinco de sus integrantes y lesiones en diez más, grupos élite hacen presencia por cielo y tierra tanto en las ciudades de Sinaloa y Durango como en zonas serranas.

Desde la perspectiva de algunos funcionarios entrevistados, el descontrol de las organizaciones y células delictivas que integran el Cártel del Pacífico es evidente, pues se les ha reducido al mínimo su capacidad de operación.

En coordinación, elementos de la Policía Federal, Ejército y personal de la Marina, dicen, han conseguido avanzar lo suficiente como para provocar que grupos delictivos se replieguen, como los detectados en Chihuahua donde la 42 Zona Militar les hace frente.

Y más en corto, como en la zona limítrofe de Sinaloa, en Tamazula, Durango, considerada una extensión de la capital sinaloense, Culiacán, por su incidencia delictiva y constante presencia de grupos armados.

Ponen como ejemplo que, hace días, frente a sus familias, un par de hombres recibieron impactos de bala en la cabeza al momento que se encontraban en el Panteón del Ángel, ubicado en el poblado San Felipe, municipio de Tamazula.

Con una banda de música sinaloense que ambientaba el recuerdo póstumo de su hermano, los hombres fueron atacados por una persona que llegó y los agredió directamente sin mediar palabra.

En el sitio perdió la vida uno de los dos hombres, de 38 años de edad mientras que el otro, de 42 años, ambos de apellido Barraza López murió cuando era trasladado a recibir atención médica, pues presentó fractura craneal a causa del balazo.

En la tumba estaba escrito el nombre de Juan Manuel Barraza López, quien en julio del 2015 fue asesinado a balazos en una marisquería de Culiacán cuando consumía mariscos.

Según el reporte oficial, un grupo armado con armas de asalto llegaron al lugar y le dispararon.

Al asesinato de los hermanos el primer día de noviembre de este año, ocurrido alrededor de las 14:00 horas, le siguió el asesinato de Rubén Coronel Villarreal, a quien su mismo grupo ordenó su ejecución debido a que éste ordenó la muerte de sus propios sobrinos.

El parentesco proviene por parte de la esposa de Coronel Villarreal, quien tiene el apellido Barraza.

Un convoy de unas ocho camionetas con hombres armados a bordo, atacaron a Rubén Coronel durante las primeras horas del 2 de noviembre pasado.

Fuentes federales levantaron información de los asesinatos ocurridos, y en el caso de los hermanos, observaron el nerviosismo de policías municipales ante la agresión ocurrida, y cómo uno de los comandantes reportaba a quien se dirigió como “jefe”, que “al parecer sí eran”.

Hasta el momento no se ha encontrado relación entre Rubén Coronel y el capo Ignacio Coronel Villarreal, quien fue uno de los jefes del Cártel de Sinaloa y fue abatido por el Ejército en Zapopan, Jalisco en el 2010.

Rubén Coronel, según su acta de nacimiento, fue registrado en Angostura, Sinaloa.

Batida militar en la sierra

En tanto los ajustes y reacomodos de los grupos delictivos continúan, personal militar mantiene las estrategias para erradicar el cultivo de enervantes.

“Se observa que va a impactar la base financiera de la delincuencia organizada y la venta se verá disminuida, por ende se esperan que se vea un incremento en la seguridad de la sociedad porque no habrá dinero para pagarle a policías ni autoridades deshonestas ni a integrantes de los cárteles ni grupos de delincuentes, ni habrá dinero para reclutar gente desempleada para que se incorpore a la delincuencia organizada”, expuso un integrante de las fuerzas armadas.

Recuadro

Números preliminares

Un corte de resultados hecho en octubre, indica que los aseguramientos de mariguana sumaban 71 toneladas y 322 hectáreas destruidas.

El costo en la sierra es de 42 millones 600 mil pesos, pero conforme avanza a las zonas urbanas de Sinaloa, su precio se duplica, logrando alcanzar un precio en el mercado negro de 213 millones de pesos.

Al salir de la entidad y lograr ser transportada a Tijuana, el costo llega a ser de hasta 426 millones de pesos.

De acuerdo a los cálculos del Gobierno, la salida del país de esta cantidad alcanzaría en Los Ángeles la suma de 1 mil 278 millones de pesos.