La tortura del Estado español hoy

Diagonal/Ter García.- Helena Solà Martín es consejera legal en la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organización con sede en Suiza que ya se ha pronunciado en contra de la extradición de Nekane Txapartegi a España.

¿Qué valoración hacéis desde la Organización Mundial contra la Tortura del caso Nekane Txapartegi?

Es un caso que es muy ilustrativo y emblemático, desafortunadamente, de una serie de prácticas que se dieron en el Estado español hasta muy recientemente en el marco de la lucha contra el terrorismo y que, de hecho, no descartamos que se sigan dando, respecto a la investigación ineficiente de alegaciones de tortura. Lo que radica en este caso, lo que nos preocupa de forma más concreta, es el hecho de que hay razones de peso que indican que esta sentencia se basa en una confesión obtenida bajo coacción y, muy probablemente, bajo tortura. Hay elementos suficientes para estar seguros de que hubo un trato cruel y degradante y es muy probable que sea un caso de torturas. Pero, ya sea tortura o trato degradante, cuando hay indicios o pruebas sólidas, si no concluyentes, por las que más allá de la duda razonable se puede inferir que hay posibilidades de que haya habido un abuso, la investigación tiene que ser exhaustiva y pronta. Y este caso muestra que la investigación fue tardía y superficial.

Desde la OMCT instamos a las autoridades suizas a, más allá de la respuesta oficial dada por las autoridades españolas, tengan en cuenta los elementos de prueba proporcionados por la defensa de Nekane para decidir si conceden o no la extradición, y no sólo a la luz del caso en concreto, sino teniendo en cuenta también todo el contexto en el que se enmarca: el sumario 18/98, los testimonios de otras personas imputadas en este caso, como Mikel Egibar, que también denunciaron torturas.

¿Se ha planteado la aplicación a Nekane del Protocolo de Estambul para probar la veracidad de su denuncia de torturas?

La aplicación del Protocolo de Estambul por parte del gobierno suizo sería una posibilidad que no descartamos y pensamos que sería una buena herramienta. El Protocolo de Estambul es el instrumento internacionalmente reconocido para documentar y evaluar la consistencia o plausibilidad de las alegaciones de tortura desde el punto de vista médico-psicológico. Son unas directrices que se aprobaron a finales de los 90. Es una compilación de directrices, pero antes ya había una serie de buenas prácticas y principios para la investigación de casos de torturas, por lo que en los 90 ya hay organismos internacionales que denunciaban que España no investigaba estos casos como debería, a parte de que negaba sistemáticamente que existiera tortura, como sigue pasando. Para poner un ejemplo, Baltasar Garzón –juez instructor en la causa de Nekane–, en declaraciones en la radio pública catalana la semana pasada, volvió a desentenderse de su responsabilidad en la investigación de casos de tortura cuando era juez de la Audiencia Nacional.

Podría ser una medida interesante, pero, en todo caso, no es el deber del Estado al cual se le ha requerido la extradición –Suiza–. Esta obligación recaía en las autoridades españolas, que tuvieron años para realizarlo y en todo este tiempo, a pesar de múltiples solicitudes y propuestas concretas de médicos independientes que se ofrecieron a aplicar el protocolo, se negaron.

¿Ha habido casos similares en Suiza? ¿cómo ha respondido?

Es bastante atípico tener casos que provengan de las democracias europeas, pero hay muchos casos de personas que solicitan asilo o estatutos de refugiados procedentes de Turquía o Sri Lanka, y en muchos de estos casos las autoridades suizas han sido sensibles, tanto al contexto del país y del grupo de personas al que pertenecen –periodistas o activistas–, como a antecedentes personales de tortura o persecución. Suelen mirar muy bien los casos, y el umbral de la carga de la prueba es alto, son exigentes. Pero con respecto a países que tienen un historial de abusos, se han paralizado la extradiciones o expulsiones.

El caso de Nekane está incluido en el estudio encargado por el Gobierno vasco, dirigido por Francisco Etxeberria, que documenta más de 4.000 casos de tortura en Euskadi.

Sí, el estudio del Gobierno vasco, en el que también colaboro como observadora internacional, muestra datos bastante alarmantes. Nekane está incluida en este estudio, y los expertos encargados del estudio están convencidos de la veracidad de su testimonio.

Desde la UE europea no ha habido muchas críticas en cuanto a la criminalización que España hace del independentismo, ¿hay críticas en Suiza?

No, no varía mucho la posición con respecto a otros países europeos, pero Suiza, y Ginebra en particular, acoge las instituciones universales más importantes en el campo de los derechos humanos. No pueden desentenderse de lo que ha dicho el Comité contra la Tortura en el 2015 cuando examinó por última vez a España, ni lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos en varios momentos o desde hace más de diez años los relatores especiales de la tortura. El mismo Juan Méndez recientemente también hizo declaraciones en esa dirección en cuanto a que España sigue sin reconocer que se cometen abusos, señalando la estrecha relación entre el régimen de incomunicación y la existencia de torturas, y el Comité contra la Tortura, en su revisión a España de 2015, señaló que la impunidad es la regla general.

También está la reciente sentencia del Tribunal Supremo en un caso sin precedentes, el de Íñigo Zapirain, al que anula la condena por no haber investigado la Audiencia Nacional las torturas que denunció haber sufrido durante su detención en régimen de incomunicación. Esta sentencia abre la puerta a que se revisen más casos, sobre todo en cuanto a denuncias de torturas en régimen de incomunicación. En los últimos dos años, las autoridades españolas dicen que no han utilizado el régimen de incomunicación y ahora es necesario hacer un paso más y abolirla. Es una recomendación unánime de todos los organismos de derechos humanos, Naciones Unidas y Consejo de Europa.

Si bien hay una posición política de apoyo y no interferencia con la gestión interna de España, sí que hay una conciencia que yo diría que cada vez es más extendida de que hay una serie de abusos que, de hecho, derivan del sistema represivo del franquismo y que no se han resuelto, y que se puede ver también en temas relacionados también con la memoria histórica, como la instrucción de la fiscal Consuelo Madrigal para que los juzgados no tomaran declaración a las víctimas del Franquismo en el marco de la querella que tramita la jueza Servini.