54 banqueros a juicio por corrupción

Diagonal.- Desde hace dos semanas, decenas de coches de alta gama llenan el polígono industrial que separa Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. Por los pasillos de la sede de la Audiencia Nacional en la periferia madrileña se ven pasar decenas de trajes de chaqueta y corbata. Son los 56 consejeros de Bankia imputados por usar tarjetas opacas a Hacienda facilitadas por la entidad financiera. Personas que, como resalta Raúl Maíllo, abogado de CGT en este juicio, “provienen de los sectores más poderosos de la sociedad”. Todos ellos han declarado ya ante la presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo.

Han admitido haber tenido las tarjetas; casi todos también haberlas utilizado. Algunos tenían un límite de gasto de 3.000 euros mensuales, otros de 24.000. Unos afirman que tenían que informar de las gastos realizados, otros no. Y, sobre todo, unos dicen que el crédito de la tarjeta era parte de su retribución, y otros que era para cubrir gastos de representación.

Las últimas declaraciones de testigos más relevantes han sido las de Iñaki Alzaola –director de Auditoría de Bankia– y José Luis Sánchez Blázquez, director de intervención. “Fue quien expuso cómo era el sistema”, señala Raúl Maíllo, abogado en la causa por CGT. “Él revisaba las cuentas, pero Caja Madrid gestionaba más de 300.000 millones de euros, frente a los 15 millones de las tarjetas. Los acusados dicen que nadie les dijo nada ni controló, pero es que habían creado un sistema para que no se les pudiera controlar. Bankia –o Caja Madrid– tiene más de 17.000 cuentas con asientos contables y una de las que se usaban [para las tarjetas black] era una multicuenta contable en la que es incontrolable la pasta que se coloca”, añade.

“Habían creado un sistema para que no se les pudiera controlar”
Una de las pruebas clave es la tabla de excel entregada por la auditoría de Bankia a petición de la Audiencia. Es un volcado de datos en el que se han limpiado los más de 70 campos de la tabla original de VISA dejando los campos de interés: qué gastos, dónde y cuándo. “Las defensas plantean que con esa tabla se vulneran sus derechos fundamentales, lo que es sorprendente, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores”, señala Maíllo. “A cualquier trabajador sí le pedirían explicaciones por gastos realizados con una tarjeta de su empresa, pero estos altos directivos dicen que son datos personales, aunque el titular sea Bankia”.

Todos los imputados han alegado que había errores en la tabla, aunque, a la misma vez, señala Maíllo, “todos han reconocido unos gastos como suyos y otros que no. Parece claro que sí hay una parte importante de las extracciones que coinciden con lo que ellos presuponen”.

¿De dónde viene esto?

El caso de las Tarjetas Black es parte de algo más grande: el caso Bankia. En mayo de 2011, mientras miles de personas tomaban las plazas, Caja Madrid cambió su nombre por Bankia y, un mes después, salió a bolsa. Había pasado un año desde que la caja madrileña se fusionó con Bancaja y otras seis cajas de ahorro, dando lugar a un monstruo financiero que gestionaría 340.000 millones de euros en activos y que tenía dos patas: una que se quedó con el negocio limpio y otra –el Banco Financiero y de Ahorros (BFA)– con los activos tóxicos. La campaña ‘Hazte banquero’ fue parte de la estrategia para salvar el agujero de una entidad ya convertida en una de las mayores inmobiliarias del Estado. Por el camino dejaba a miles de personas desahuciadas y a otros miles de preferentistas estafados.

El 7 de mayo de 2012 se hizo pública la inyección de 10.000 millones de euros a Bankia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Rodrigo Rato presentó su renuncia como presidente del banco. Dos días después, el Gobierno decidiónacionalizar la pata enferma de la entidad, el BFA. El teatro sobre la viabilidad de Bankia se acabó.

El 15M fue el primer actor en reaccionar. El 13 de mayo de 2012, la Asamblea del 15M Barcelona creó la plataforma 15MpaRato con el objeto de presentar una querella popular contra Rato y el consejo directivo de Bankia. En 24 horas sumaron los 15.000 euros necesarios para poner en marcha la iniciativa. El 6 de junio, el fiscal general del Estado decidió también examinar la fusión de las siete cajas de ahorros y la salida a bolsa de Bankia, y días más tarde se unieron al proceso UPyD e Izquierda Unida.

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Durante la investigación del caso Bankia, 15MpaRato recibió de una fuente anónima un archivo con miles de correos electrónicos de Miguel Blesa, presidente del consejo de administración de Caja Madrid entre 1996 y 2009. En uno de ellos aparecía mencionado un sistema de tarjetas opacas que la entidad facilitaba a los consejeros y directivos de la entidad.

Según las declaraciones que han tenido lugar hasta ahora, el sistema de las tarjetas black fue creado por Jaime Terceiro, presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996 –hasta que llegó Miguel Blesa– para sufragar los costes de representación que superaban los límites fijados. Pero fue después cuando consejeros y directivos comenzaron a tirar de tarjeta con más soltura.

Sueldos (i)limitados

En febrero de 2012, cuando el caso Bankia estaba a punto de estallar, el Gobierno limitó, con un real decreto, la remuneración de consejeros y ejecutivos de entidades financieras rescatadas por el FROB a 100.000 y 600.000 euros al año respectivamente –la mitad en el caso de que la entidad estuviera participada mayoritariamente por el FROB–. Hagamos cuentas: los consejeros podían aún cobrar hasta catorce pagas de 7.142 euros brutos y los directivos de hasta 42.857 mensuales. No está nada mal. Pero no pareció ser suficiente. Según testificó Francisco Verdú durante su declaración en la Audiencia Nacional, fue entonces cuando Rodrigo Rato, entonces presidente de la antigua Caja Madrid, le ofreció una tarjeta en un sobre para paliar los efectos negativos sobre los salarios de la nueva legislación. Para ellos no era suficiente.