El piloto de Malova, en la mira de Estados Unidos y la justicia mexicana

Río Doce.- En marzo de 2012 el Gobierno de Estados Unidos reveló que la empresa aeronáutica Bizjet pagó sobornos a funcionarios del Gobierno de la República y varios estados entre ellos Sinaloa para obtener contratos de mantenimientos y reparación de aeronaves oficiales.

En Sinaloa, los señalamientos alcanzaron al entonces director de Transportes Aéreos del Gobierno del Estado y piloto del Gobernador, Mauricio Camarena Delgado.

A más de cuatro años, el Capitán Camarena mantiene una pelea en los tribunales contra la Procuraduría General de la República para que el Ministerio Público decrete el no ejercicio de la acción penal y cierre la averiguación previa.
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De acuerdo con siete expedientes de Juzgados de Distrito de Sinaloa y la Ciudad de México consultados por Ríodoce, la fiscalía de la nación tiene abierta una averiguación previa contra el ex funcionario por los delitos de cohecho internacional y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones contra Camarena afectaron también a su esposa María Lourdes Robles Martínez, pues desde 2012 congelaron sus cuentas bancarias.

Camarena Delgado está acusado de pagar a Bizjet por mantenimiento que nunca realizaron y recibir sobornos por alrededor de 106 mil dólares entre 2008 y 2009.

Con amparos, el piloto ha buscado que la PGR cierre la averiguación previa y descongele sus cuentas, pero no lo ha logrado.

Actualmente, Camarena mantiene un juicio de amparo contra el acuerdo del 28 de septiembre de 2015 del Agente del Ministerio Público de la Federación en el que resolvió que no ha lugar a la solicitud de no ejercicio de la acción penal.

La esposa del capitán promovió un amparo contra el aseguramiento de las cuentas bancarias y la semana pasada, un Juez Federal ordenó al Ministerio Público dicte otra resolución en la que fundamente y determine si es procedente o no asegurar las cuentas, pero solo las que son mancomunadas.

Camarena Delgado fue separado del cargo en el Gobierno del Estado en marzo de 2012, después de que se inició la averiguación previa en su contra.

Sobornos millonarios

El 14 de marzo de 2012, el Departamento de Justicia estadounidense reveló que Bizjet pagó sobornos a funcionarios de la Policía Federal, de la Coordinación de Transportes Aéreos Presidenciales y de los gobiernos de los estados de Sinaloa y Sonora.

La empresa, según el Gobierno estadounidense, entregó alrededor de 2 millones de dólares a servidores públicos mexicanos a cambio de obtener contratos millonarios para dar mantenimiento y reparar la flota área.

Ese mismo día la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJE) inició una averiguación previa contra Camarena Delgado, por el delito de cohecho y lo que resulte.

Desde dos días antes, el 12 de marzo, el titular de la PGJE, Marco Antonio Higuera Gómez, recibió un oficio de la PGR, en el que la fiscalía de la nación señala a Camarena Delegado como probable responsable del delito cohecho, según información del departamento de Justicia de Estados Unidos, División Penal, sección fraudes.

El acusado se presentó a la fiscalía estatal a declarar hasta julio de 2014 en calidad de imputado ante el Agente del Ministerio Público y un mes después la PGJE declinó su competencia para investigar y turnó el expediente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR.

“Dicha empresa (Bizjet) recibió pagos por servicios de mantenimiento que nunca realizó a las aeronaves propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa, y que por ello, Mauricio Camarena recibió pagos por aproximadamente Ciento Seis Mil Dólares americanos, por ello, se puede concluir que se surte la competencia federal puesto que el delito se preparó en el extranjero”, señaló Higuera Gómez, en el oficio enviado a la PGR.

En varias ocasiones la defensa de Camarena Delgado ha solicitado a la fiscalía de la nación decrete el no ejercicio de la acción penal pero la PGR ha declarado improcedente la solicitud, pues asegura que la averiguación previa sigue en integración.

Según los expedientes, en su defensa Camarena señala que con los cheques que obran en la indagatoria no se acredita que los haya recibido y no se acredita el delito de cohecho, ya que no tenía facultades para designar a una empresa y así verse favorecido con contratos para el mantenimiento de la aeronave Falcon 20 propiedad del Gobierno.

Asegura que tampoco se da el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no existen constancias que demuestren que incrementó sus bienes o propiedades durante el periodo de 2008 y 2009.

Además, alega, las fechas de los cheques no coincide con las fechas en que se dio mantenimiento a las aeronaves.

Menciona que el dictamen emitido por los peritos de la PGJE determinó que se advertía una evolución patrimonial sin variación considerable durante el periodo señalado.

“No existen elementos para proseguir con la tramitación de dicha indagatoria al no encontrarse acreditado el cuerpo del delito ni mi probable responsabilidad”, aseguró en uno de los juzgados.

Desde junio de 2012, la PGR aseguró seis cuentas en los bancos HSBC, Banamex y Banjercito.

Algunas cuentas son mancomunadas con su esposa, María Lourdes Robles Martínez, quien por medio de amparos ha buscado descongelarlas, pero no ha obtenido respuesta favorable.

El Ministerio Público Federal asegura que inmovilizó las cuentas a fin de evitar que el dinero fuera retirado, ocultado o dilapidado y estar en posibilidad de conocer el origen o destino de los recursos.

La semana pasada, un Juez Federal ordenó al Ministerio Público dicte una nueva resolución sobre el aseguramiento de la cuentas, pero puede ser en mismo sentido de mantenerlas congeladas.

Además de Camarena Delgado, el Departamento de Justicia involucró a un coronel y un capitán del Estado Mayor Presidencial, un capital de la Policía Federal y servidor público de la Presidencia de la República.

La justicia estadounidense señala que Bizjet entregó por lo menos 10 pagos a estos servidores públicos.

El primer pago fue en 2006 por 2 mil dólares al capitán del Estado Mayor; el segundo en 2007 por 30 mil dólares al coronel; en 2008 10 mil dólares al funcionario de la Policía Federal; y a un civil de Presidencia.

En 2009, pagaron otros 179 mil y 210 mil dólares al servidor de la Policía Federal; y 40 mil dólares al funcionario de Presidencia.

Hasta la fecha la Procuraduría General de la República no ha ejercitado acción penal contra ninguno de los involucrados.

Bizjet reconoce pago de sobornos

De acuerdo con las acusaciones presentadas por el Gobierno de Estados Unidos, los sobornos se pagaban a través de la empresa Avionica, que fungía como intermediaria entre Bizjet y los Gobiernos que contrataban los servicios.

La compañía realizó tres transferencias para Sinaloa. Una fue por 18 mil dólares el 21 de noviembre de 2008, y se hizo de la cuenta de Bizjet en Nueva York a la cuenta de Avionica en California, para sobornar a funcionarios de Sinaloa.

El 27 de octubre de 2009, la sede de Bizjet en Oklahoma, expidió un cheque por 22 mil 912 y 6 mil 417 dólares a un funcionario del Gobierno de Sinaloa.

Los funcionarios de Bizjet acusados de pagar los sobornos reconocieron haber hecho los pagos para que la empresa obtuviera los contratos.

En agosto de 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el ex director de Bizjet, Bernd Kowalewski, el ex vicepresidente de ventas y marketing, Pedro Dubois; y el ex vice presidente de Finanzas, Neal Uhl, se declararon culpables.

“Si bien Kowalewski y sus compañeros ejecutivos se refieren a los pagos corruptos como ‘comisiones’ e ‘incentivos’, fueron sobornos, simple y llanamente”, dio a conocer en un comunicado el Departamento de Justicia.

Los ex funcionarios enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Corrupción Extranjera de Estados Unidos.