El Estado Mexicano acosa a los periodistas críticos buscando empobrecerlos

Con demandas judiciales, el Estado Mexicano busca inhibir el ejercicio crítico del periodismo

Río Doce/Francisco Sarabia.

CDMX.- El panorama para los periodistas que critican y cuestionan al sistema político y sus instituciones no es nada alentador, porque desde hace 12 años en México se está acosando judicialmente a quienes cuestionan a figuras que manejan recursos públicos, como una forma abierta de intimidarlos y violentar el derecho a la libre expresión, acusan organismos por la defensa de la libre expresión en América.

Durante el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México para analizar las demandas contra periodistas como forma de control gubernamental contra el periodismo crítico, organismos no gubernamentales y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas urgieron al poder judicial de la Federación y de los Estados tomar medidas emergentes para frenar el uso desmedido de las leyes con el derecho universal a la libre expresión.

La abogada Perla Gómez, presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, acusa que el Gobierno mexicano a través de sus instituciones, está ejerciendo un acoso judicial contra periodistas a los que demanda por daño moral contra personas que utilizan recursos públicos.

Estas demandas, dijo, se ha vuelto ya un patrón y está en la mesa de los jueces, pues no es casual que en menos de 12 años se hayan interpuestos querellas judiciales contra periodistas y columnistas críticos, como el extinto Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer, Eduardo Pushin, las siete demandas contra Ana Lilia Pérez, de Contralinea, otra contra Miguel Badillo, Sergio Aguayo y Carmen Aristegui, entre muchos, en las que el factor determinante es cuestionar al funcionario de gobierno en casos de interés público.

Considera urgente un criterio claro que deje un precedente de actualización normativa para que en México y los demás países existan leyes de responsabilidad civil para la defensa del honor, vida privada y propia imagen que equilibre con la malicia efectiva y que no privilegie el lucro, este último encaminado a amenazar el patrimonio de los periodistas como una forma de inhibir el ejercicio crítico de su trabajo.

Para la catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, vivimos en un país donde si se quiere defender la libertad de expresión no hay presupuesto, pero sí una impunidad que horroriza. En cambio cuando quieren atacar la libertad de expresión, hay leyes, hay mecanismos e instituciones con criterios anacrónicos para enfrentarla.

En México, cuestionar el supuesto honor de un funcionario o figura pública cuesta y en ocasiones mucho a los periodistas, porque la ley así lo establece y esto genera un escenario muy triste porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para valorar y tipificar el daño moral se apoya en la ley de imprenta de 1917, dice.

Cita que cualquier persona o periodista que sea demandado fuera de la ciudad de México, incurre en un daño moral y lo primero que se privilegia es el lucro, porque el precio del honor del supuesto afectado queda a criterio del juez, que en la mayoría de las veces impone multas económicas que el periodista no alcanza a cubrir ni con el patrimonio de toda su vida. Y esto es una forma de intimidar y frenar el periodismo crítico.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, señala que esta organización ha documentado este año cinco casos sobre el uso del derecho para amedrentar y hostigar periodistas. El año pasado hay cinco casos que todavía están en las cortes penales.

La abogada de la libertad de expresión considera preocupante lo que ocurre, porque el delito de ultraje está en 26 estados; los delitos contra el honor en nueve; los delitos de halconeo en 21 y las leyes antimemes en seis entidades.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, recomienda despenalizar el ejercicio de la libertad de expresión;  es decir, derogar los delitos de difamación, calumnia, injurias y otras figuras anacrónicas que aun existen en otros estados.

Que cuando se trate de demandas civiles no se interpongan demandas múltiples por los mismos hechos ante distintas jurisdicciones. Porque obliga al periodista a perder su tiempo y dinero. Propone que se establezca una ley de alcance nacional que garantice una protección uniforme. Hay buena legislación en la ciudad de México pero en el resto de los Estados  no existe.

El funcionario de la ONU recomienda una legislación armonizada a nivel nacional para que las opiniones no sean susceptibles de litigarse, solamente las afirmaciones. Que las demandas frívolas sean desechadas por oficio y se establezcan topes en los montos indemnizatorios.

Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional, sugiere que se deroguen los tipos penales de difamación, calumnia contra la honra y la dignidad que aparecen en algunos estados y que se revisen las leyes civiles para que ayuden a restablecer la reputación dañada y no con imputaciones económicas.

La representante de Propuesta Cívica, Pilar Talavera, considera que la sociedad civil solo podrá aportar medidas reparatorias y limitadas a la protección de periodistas porque la que brinda el Estado a la libre expresión es muy escasa. Hay instituciones y leyes que sirven para proteger a los periodistas, pero el Estado y los funcionarios públicos las utilizan para agredir.

Aunque dijo que la principal agresión a la libertad en México es la impunidad.

Al final, Sergio Aguayo, coordinador del Seminario, dijo al respecto que las libertades se ganan. Cuestionó que las empresas periodísticas no se involucren en la defensa de los periodistas demandados y solo defienden a algunos aliados, pero no a los colaboradores.

El evento se observó por demás concurrido ante la presencia de Carmen Aristegui, quien al participar como ponente expuso que enfrenta cinco procesos judiciales tras el polémico caso que exhibe la corrupción de la pareja presidencial con la adquisición de la Casa Blanca