Río Doce.- Los agresores sexuales gozan de impunidad en Sinaloa, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apenas consigna ante jueces poco más de 10 por ciento de los casos.
De acuerdo con el Diagnóstico Cuantitativo sobre la Atención de la Violencia Sexual en México elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), entre 2010 y 2015 en el estado solo llegaron a los tribunales 504 expedientes, de las 3 mil 719 averiguaciones previas que abrió la PGJE.
En esas averiguaciones previas aparecen como víctimas 3 mil 898 personas, de las cuales 3 mil 260 son mujeres, 366 son hombres y en el resto no se especificó sexo.
Las cifras presentadas por la fiscalía son inferiores a las reales, debido a que en ese delito la cifra negra es muy alta, pues muchos de los casos no se denuncian.
De los delitos sexuales, el más denunciado es el abuso sexual con 986 casos, seguido de la violación con 808, estupro con 543, rapto con 512 y violación equiparada con 273.
Los delitos más denunciados son también los menos castigados, ya que son los de menor número de expedientes consignados en los tribunales.
Por abuso sexual el Poder Judicial no tiene ningún expediente, por violación tampoco, ni por estupro.
Los expedientes consignados son 93 por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, 103 contra la moral pública, 55 por rapto, 252 por violencia familiar y uno por incesto.
En las entrevistas realizadas, señala el informe, el personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son pocos los casos de violencia sexual que son consignados y sentenciados. Sin embargo, desconocen los motivos por los que los casos “no llegan” a los Tribunales, lo que denota una falta de coordinación y comunicación entre los organismos de procuración y de impartición de justicia.
Mujeres estudiantes, las víctimas
A nivel nacional, las mujeres son la mitad de las personas que figuran como víctimas en los delitos sexuales, los hombres 9.5 por ciento y para el resto se carece de la desagregación por sexo.
La ocupación más frecuente entre las víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas es estudiante en el 25.63 por ciento de los casos, seguida por empleado en el 19.45 por ciento.
De acuerdo con el documento, la mayor parte de las víctimas de delitos sexuales que requieren atención médica presentan trastorno de ansiedad o estrés postraumático, síndrome de maltrato o depresión, y en menor proporción lesiones por contusión o magullamiento, malestar emocional o heridas físicas.
La mitad de los presuntos delitos sexuales ocurrieron en la casa de habitación de la víctima y más del 20 por ciento en lugares públicos.
Los datos refieren que de las personas agresoras el 90.5 por ciento son hombres, el nueve por ciento mujeres y en el resto no se consignó el sexo.
De igual forma, en 65.25 por ciento de los casos no se cuenta con datos sobre la relación de parentesco entre la presunta persona agresora y la supuesta víctima, lo que evidencia la escasez de información sobre las personas agresoras que registran los organismos de procuración de justicia.
De la información con que se cuenta destaca que en el 24 por ciento la persona agresora es la pareja actual, poco más del 20 por ciento familiares como la madre, padre, hijo, hija, madrastra o padrastro, y 11.55 por ciento son personas conocidas sin parentesco; y en el resto personas desconocidas.
“En la mayoría de los asuntos de violencia sexual interviene los parientes, los maestros, alguna autoridad social como un sacerdote, todos esto son como las más conocidos”, señaló un agente del Ministerio Público al CEAV.
“La mayoría de las víctimas conocían al agresor, tal vez muy alto porcentaje es familiar, no sé, el padrastro, o el papá, o el tío, o el hermano, o el abuelito, etcétera”, refiere otro testimonio.
“Permanecen en mayor impunidad los que cometen las personas conocidas de las víctimas, posiblemente en razón de la índole privada de los delitos sexuales y de las implicaciones relativas al temor, la vergüenza y el estigma”, establece.
Código Penal sin homologar
En el diagnóstico la Ceav hace una revisión de los códigos penales y detectó que no todos los estados han homologado su normatividad penal bajo los criterios internacionales ni establecido la Ley General de Acceso a las Mujeres a la Vida Libre de Violencia.
En el caso de Sinaloa, la Ceav destaca que no se ha tipificado el acoso sexual.
El Código, señala, tampoco contempla de manera específica el pago de alimentos a favor del hijo que pudiera resultar de la comisión de estupro como reparación del daño, pero es de los pocos que agrava la pena cuando el agresor supera con 15 años o más la edad de la víctima.
Contrario al delito de estupro, en el de violación el Código de Sinaloa es uno de los cinco de todo el país que sí prevé el pago de alimentos al hijo, inclusive a la mujer.
Problema grave de salud pública
La violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo y representa un problema grave de salud pública global, además de ser un problema de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia social, menciona el estudio.
En la construcción del concepto de la violencia sexual influyen valores culturales, normas sociales, derechos humanos, roles de género, iniciativas legales y de delito, todos los cuales evolucionan con el tiempo.
En las relaciones de pareja, indica, las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual en sus múltiples manifestaciones; las prácticas sexuales no consentidas y forzadas son la expresión más generalizada y poco reconocida de violencia sexual en las relaciones de pareja, ya que las concepciones tradicionales del matrimonio suponen que la masculinidad se vincula con la “agresividad” sexual y la feminidad con cierto grado de inapetencia sexual.Se piensa que existe el consentimiento implícito o la obligación de las mujeres para mantener relaciones sexuales con sus esposos.
Dependencias niegan información
La Ceav señala que para elaboración del Diagnóstico hubo resistencia o imposibilidad de algunas dependencias para enviar la información o problemas para la captura y sistematización de información sobre las personas atendidas.
En el caso de la Secretaría de Salud, refiere que las enviadas por la dependencia de Sinaloa muestran comportamiento totalmente distinto a las del resto de las instituciones, e incluso a los resultados de los estudios realizados a nivel nacional e internacional en temas de violencia sexual.
La diferencia, explica, radica en el volumen de víctimas y en su sexo, ya que reporta una cantidad extraordinaria de víctimas de violencia sexual, más de un millón, y una mayor proporción de hombres que de mujeres víctimas.
Dado que no se logró entrevistar a algún o alguna representante de la Secretaría de Salud de Sinaloa para aclarar esta particularidad, la Ceav analizó los datos de todo el país, excluyendo los datos de Sinaloa.
El Instituto Sinaloense de las Mujeres entregó información incompleta y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, refiere, no enviaron la información que les solicitaron; mientras que el Sistema DIF respondió “no contar con ese tipo de datos”.
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