Partidos no quieren pagar multas de sus excesos

 

Acusan fallas en el sistema de fiscalización que implementó por primera vez el INE

 

 

Luego de las multas por más de 400 millones de pesos que ordenó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por irregularidades en el manejo de los recursos durante el pasado proceso electoral, los entes políticos se inconformaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando principalmente fallas en el sistema de fiscalización.

En Sinaloa, los 25 millones 612 mil pesos que acumulan los partidos políticos y los candidatos independiente sancionados, fueron impugnados por algunos partidos como el PRI, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, los tres partidos que acumularon las multas más altas en la entidad.

De acuerdo con el secretario jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI, Gonzalo Estrada Villarreal, las sanciones más fuertes impuestas a los partidos se relacionan con el funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización en línea, el cual según su interpretación, presentó errores que dificultaron la operatividad del nuevo esquema de fiscalización.

Ejemplificó que la plataforma digital “colapsaba” en horas pico y les impedía el acceso para capturar los reportes contables, cuando por fin se lograba ingresar la captura era registrada de forma extemporánea y finalmente, estos registros fuera de tiempo derivaron en las multas millonarias que el pasado 14 de julio aprobó el Consejo General del INE.

La reforma político electoral de 2014 obligó por primera vez en una elección local a que todos los candidatos registraran en tiempo real los movimientos contables en la precampaña y campaña. Los registros se realizaron a través de una plataforma digital que permitía a los partidos subir al sistema sus facturas, contratos, fotografías y cualquier tipo de evidencias de sus ingresos y egresos, máximo hasta tres días después del día en que se realizaron.

Los candidatos también se obligaron a reportar sus agendas de eventos diarios, gastos en renta de casas de campaña, viáticos, propaganda, entre otros.

“La mayoría de las multas del INE y estoy hablando de todos los partidos, no nada más de nosotros, fue por los registros que consideraron entrega extemporánea, pero esto sucedía porque el límite vencía hoy a las 12 de la noche y desde las 10 de la noche la plataforma se congestionaba y se caía, cuando se recuperaba ya los registros entraban de forma extemporánea, las multas son por este tipo de cosas”, enfatizó Estrada Villareal.

Según la resolución del Consejo General del INE respecto a las irregularidades en la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos en Sinaloa, la coalición que conformó el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México realizó 148 operaciones posteriores al plazo máximo de tres días, por un monto de 21 millones 415 mil 223 pesos.

Fiscalizado aparte, sólo como partido, el PRI fue multado por registrar 279 operaciones por un monto de 6 millones 904 mil 482 pesos posteriores al plazo límite de tres días. Las irregularidades detectadas al PRI y a su coalición le sumaron una multa de 7 millones 843 mil pesos.

En el caso de Nueva Alianza, quien acumuló multas por cuatro millones 927 mil pesos, el INE le detectó 170 registros de operaciones extemporáneas por un monto de ocho millones 827 mil 436 pesos, sólo por mencionar algunas de las irregularidades en las que incurrió el partido.

Por su parte, la ex candidata a la gubernatura Ramona Rocha Corrales, del partido Encuentro Social, confirmó que su partido a nivel nacional impugnará las multas del INE e incluso mencionó que existen sanciones que ni ella misma como ex candidata reconoce, como lo es la multa que impuso el INE al partido por adquirir juguetes para el proceso electoral.

De acuerdo con el informe del INE, el PES reportó en el Sistema Integral de Fiscalización la compra de juguetes por un monto de mil 808 pesos, una vez que se detectó la adquisición irregular, el partido le explicó al INE que había cometido un error en la captura del registro pero según se detalla en el informe, el PES no logró justificar su error.

Estrada Villarreal, jurídico del PRI, confió en que las resoluciones del INE sean modificadas o anuladas y explicó que el proceso aún podría llevar de entre dos a tres meses.