El Estado mexicano se niega desclasificar archivos de sus genocicidios

 

Investigadores exigen al gobierno federal desclasificar documentos de los años 40 hasta 1985

 

 

 

Río Doce/Francisco Sarabia.- Al resistirse a abrir los archivos de la Galería Uno, del Archivo General de la Nación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otros fondos que son testimonio de  las actividades de los gobiernos de la segunda mitad del siglo pasado, las autoridades mexicanas incurren en graves violaciones a los derechos humanos y obstruyen el trabajo de investigadores para escribir la historia de esta etapa de la vida nacional.

Sobre esto coincidieron intelectuales, académicos, historiadores, activistas y defensores de los derechos humanos, quienes demandaron al gobierno federal quitar los candados de supuesta confidencialidad a los archivos que datan desde los años 40 hasta 1985, celosamente custodiados por la Secretaría de Gobernación para impedir que se hagan públicas las bitácoras sobre sucesos que marcaron la historia del país con la revuelta y masacre estudiantil de 1968, y otros escenarios que ahora son pruebas documentales para conocer la verdad sobre miles de desapariciones forzadas en el México del siglo pasado.

Por su parte, la investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México,  Aurora Gómez, ex directora del Archivo General de la Nación, explicó en un evento organizado por el Colegio de México, que durante su gestión como directora se revisaron estos archivos, pero según los  responsables, éstos deben abrirse al público porque no tienen nada que ver con los problemas del presente, como para poner en riesgo la seguridad nacional; eran confidenciales pero no sensibles y debían abrirse pasados 30 años de ocurridos los sucesos.

Pero por la paranoia del propio Cisen —señala la investigadora— se ordenó cerrarlos de nuevo en el 2014 para protegerse, a pesar de que un año antes aceptó publicar versiones “razuradas” de estos testimonios.

Sostiene la investigadora del Colegio de México que estos informes son claves para esclarecer hechos ocurridos con la  guerrilla en estados como Guerrero y el movimiento del 68, pero son todavía más importantes para construir la historia de México en el siglo XX.

La historia social y política de la segunda mitad del siglo XX está atorada porque hay muy pocas fuentes de información, dado que la mayor información está en esos archivos que el Estado se resiste a abrir.

Además, dijo que “estos archivos contienen información sobre cualquier personaje relevante en la política, la cultura y otras áreas y es lamentable que estos fondos y los archivos históricos permanezcan cerrados al público porque están obstruyendo la construcción de la historia contemporánea.

La investigadora afirma que la democracia comienza con la apertura de estos fondos de información porque son la pieza clave para que se de en realidad esa transparencia y acceso a la información.

El Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a  la Información Pública y Protección de Datos, Juan Manuel Acuña, ponderó que el acierto nacional radica en la protección efectiva, no excesiva, de la protección de datos y coincidió en que el área de archivos debió haber sido la primer conquista de la democracia mexicana de tal forma que el país pudiera contar con un sistema de archivos que sea consecuente con la verdad.

Dijo que el INAI como órgano garante está exigiendo al Archivo General de la Nación que, independientemente de  ampararse en ese artificio del artículo 27 para no entregar información real que le soliciten, se restrinjan los excesos porque en México se adolece mucho del acceso a la información.

Señala que el mismo INAI se enfrenta a las cortapisas de una ley y un artículo vigente (el 27) que les obstruye información de averiguaciones previas sobre personajes aún no juzgados en casos recientes como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros. Tal vez sea una solución legal en un régimen autoritario, pero no es legítima desde el reclamo histórico que exige la democracia mexicana, apunta el funcionario.

Elsa Viviana Peralta, secretaria de las comisiones de Archivo y Gestión Documental y Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, cuestionó la manipulación que hace el gobierno federal en torno a los fondos y archivos que guardan datos importantes de la historia nacional.

“Una cosa es la secrecía y otra la confidencialidad. La primera es la que impide a los investigadores interesados en esos documentos a acceder, porque bajo pretexto de una protección equivocada en la nueva ley de transparencia, el concepto de secrecía ya no existe.

“Solo hay reserva de información bajo supuestos que la misma ley establece, como es el tema de seguridad nacional. Pero cuando una información se guardó y tiene valores históricos, tal vez esos supuestos de reserva ya no existen.

“En temas de violaciones  graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ya no existen y si alguien llegara a clasificar esa información con esas reservas que pudieran ser dudosas, se tienen las pruebas de interés público, que pueden levantar esas restricciones y permitir el acceso a los documentos”, aclara la especialista.

Ana Cristina Ruelas, Presidenta de Artículo 19 para Centroamérica habla de que no se trata de crear una ley sobre transparencia, otra de datos personales o una de archivos, sino de la regulación de dos derechos humanos y de los archivos que tienen que ver con  el derecho a la verdad. No hay que  confundir peras con manzanas, dice al referirse a la clasificación pareja de documentos históricos, en trámite y los denominados archivos de concentración.

La Ley General de Transparencia regula el acceso y siempre debió interpretarse desde el principio en los casos de archivos de concentración y en trámite con cierta confidencialidad, no así en los archivos históricos.

Una fuente de acceso público no debe estar sujeta a restricciones porque se da pie a la  privacidad de la información.