Río Doce.- A la inexistencia declarada sobre el video en el que presuntamente ingresa la diputada Lucero Sánchez López bajo una identidad falsa, ahora el expediente presenta pruebas documentales que se contradicen sobre la asistencia de Devany Vianey Villatoro Pérez a la audiencia celebrada el 4 de septiembre de 2014, con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, al penal del Altiplano.
De acuerdo con la solicitud de desafuero que presentó la PGR ante la Cámara de Diputados contra Lucero Sánchez López, la legisladora ingresó ese día al penal de alta seguridad con una identificación falsa a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez para asistir a una diligencia con Guzmán Loera.
El juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Julio César Gutiérrez Guadarrama, informó por escrito a Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que en la acta levantada en la audiencia con Joaquín Guzmán no se desprende que Devany Vianey Villatoro Pérez hubiese estado presente.
Para demostrar que la mujer identificada como Devany Vianey Villatoro Pérez asistió a la audiencia con Joaquín Guzmán, la PGR hizo llegar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, un oficio elaborado el 21 de agosto, pero recibido por el penal el día 8 de septiembre de 2014, es decir cuatro días después de la celebración de la referida audiencia, en donde se solicita el acceso al penal de Devany Vianey Villatoro Pérez.
El citado oficio está dirigido al director del Centro Federal de Readaptación Social Uno “Altiplano”, refiere la firma del juez Julio César Gutiérrez Guadarrama, pero solamente está signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Óscar Vázquez Ortiz.
En el acta de la audiencia informativa se consigna que la diligencia se concluyó a las 13 horas con 15 minutos. Firman el documento quienes participan en la audiencia, el juez Gutiérrez Guadarrama, el defensor particular Óscar Manuel Gómez Núñez, el agente del Ministerio Público Federal, José Nicolás Luna; el secretario Óscar Vázquez Ortiz; y Joaquín Guzmán Loera en su calidad de procesado. En el documento no aparece ni el nombre ni la firma de quien se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez.
De acuerdo con el artículo 22 del Código Federal de Procedimientos Penales, todas aquellas personas que hayan intervenido en la diligencia deben firmar el acta que es levantada por el juez.
En un documento enviado a Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el juez Julio César Gutiérrez contestó a un total de 20 preguntas planteadas por los legisladores, orientadas a los nombramientos de persona de confianza de los procesados y la logística para su identificación.
El juez afirma que Joaquín Guzmán Loera nombró a una mujer de nombre Devany Vianey Villatoro Pérez como persona de confianza, pero que ella no ha comparecido ante el juzgado de distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, ni tiene en su poder documentos de identificación de la persona referida.
Expone que el abogado defensor del Chapo Guzmán le solicitó ese día en la puerta del penal al secretario adscrito al tribunal federal, Óscar Vázquez Ortiz, le permitiera el ingreso a la audiencia de una persona de confianza, de la cual no recuerda su nombre ni rasgos fisonómicos, solo que era mujer y estaba embarazada.
El juez refiere que en la audiencia no se dio por presentada a Devany Vianey Villatoro Pérez, porque argumentó que no es una exigencia procesal que las personas de confianza lo hagan, ni que se asiente su presencia.
Evidencia debilitada
Una de las certezas que tenía la PGR para demostrar que la diputada Lucero Sánchez tenía una relación con Joaquín Guzmán Loera se vino abajo, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó la existencia de una denuncia de robo del automóvil Jetta negro que fue encontrado en la casa que sirvió al capo de escape por el drenaje pluvial de Culiacán en febrero de 2014.
De acuerdo con la investigación realizada por la PGR y presentada ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Lucero Sánchez, el día 20 de febrero de 2014 el Ministerio Público Federal realizó una diligencia de cateo en la vivienda ubicada en la calle Río Humaya 130 en la colonia Guadalupe, de Culiacán. En dicho domicilio, usado como casa de seguridad del Chapo, se aseguró un automóvil tipo jetta, negro, en cuyo interior fue encontrado una credencial de conductor a nombre de Lucero Sánchez López, así como una tarjeta de presentación del Congreso del Estado.
Por tal hallazgo se infirió que los documentos encontrados dentro del vehículo eran una evidencia de la relación entre la diputada de Cosalá y el líder del Cártel de Sinaloa.
La existencia de la denuncia de robo del automóvil jetta negro 2002 había sido señalada por la diputada cuando rindió su declaración ministerial el pasado 2 de febrero de 2016, ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la declaración ministerial, que la PGR no hizo llegar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la legisladora solicitó se girara un oficio al procurador de Justicia de Sinaloa para que informara si existía el reporte de robo del vehículo jetta negro, en el que había extraviado sus identificaciones y que enviaran copias certificadas de la denuncia a la SEIDO.
El oficio, firmado por Julio César Romanillo Montoya, subprocurador regional de justicia de la zona centro norte, confirma que sí existe una denuncia de robo de vehículo señalado.
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