La PGR sembró pruebas en el caso Ayotzinapa: el ejército exhibido ante el mundo como partícipe

Se derrumba la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa; el GIEI acusa ante el mundo al Ejército y a policías de participar en la desaparición de los 43 estudiantes

El Gobierno mexicano enfrenta una grave crisis de credibilidad frente a la opinión pública internacional ante las fundadas sospechas y señalamientos vertidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que acusa a la PGR de bloquear las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre del 2014, para encubrir una maraña de intereses que salpican y responsabilizan a las fuerzas policiales y al Ejército Mexicano.

La crisis estalló desde el pasado domingo 24 de abril, con la declaración del grupo de especialistas nombrados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso Ayotzinapa, que en su segundo informe reveló que el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, realizó diligencias que no se encuentran en el expediente del caso y sugirió que este funcionario sembró las osamentas encontradas el 29 de octubre de 2014 en el río San Juan, que corresponden a Alexander Mora Venancio, el único de los estudiantes hasta ahora identificado.

El informe final que delata a la PGR de bloquear la investigación y alterar pruebas recurriendo a la tortura de detenidos para imponer su “verdad histórica”, desencadenó la ira de Tomás Zerón de Lucio, quien convocó el miércoles pasado a una rueda de prensa para desmentir las afirmaciones del GIEI y los padres de familia y detallar su versión de que estuvo en ese sitio el 28 de octubre de 2014, después de que uno de los inculpados, Agustín García el Chereje, declaró haber visto que después de ser quemados en el basurero de Cocula, los restos humanos de los normalistas —entre ellos Alexander Mora Venancio—, fueron arrojados en una bolsa de plástico a la orilla del río San Juan. Para sellar su verdad, Zerón de Lucio afirmó que estuvo acompañado en algunos tramos del trayecto por periodistas internacionales e incluso por el Alto Comisionado de la ONU.

Los expertos internacionales refutan el jueves sus argumentos apoyándose en un video en el cual refieren que la visita al Río San Juan responde a un escenario montado intencionalmente, un día antes de que la PGR anunciara su versión oficial —hasta ahora no comprobada—, de que los estudiantes fueron asesinados y quemados por sicarios identificados con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, que opera en esa región.

A pesar de que el funcionario argumenta haber hecho público este recorrido y acompañarse de la prensa internacional y representantes de la ONU, el grupo de expertos expuso las inconsistencias del hecho, confirmando que se trató de pruebas alteradas en un escenario evidentemente manipulado.

Para reforzar las declaraciones del GIEI, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el GIEI lanzaron duras críticas y aclaraciones para deslindarse de lo dicho por Zerón de Lucio en su visita por el río San Juan, sitio al que, dijeron en un comunicado, nunca llegaron y por ende no fueron testigos de las diligencias practicadas por la PGR.

Carlos Beristáin, del GIEI, detalló que la visita del funcionario de la PGR al sitio el 28 de octubre del 2014 evidencia la ilegalidad porque la diligencia no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso Ayotzinapa. El hallazgo de las cuatro bolsas a que hace referencia Zerón en el río tampoco está registrado en expediente alguno, lo que hace suponer que no se siguieron los protocolos para la toma de muestras.

Zerón de Lucio, a investigación

Para detener la ola de cuestionamientos vertidos desde el exterior con la explosiva irrupción de los expertos independientes, la PGR decide “investigar” la actuación de Zerón de Lucio y corroborar si se incurrió en las irregularidades que le imputara el GIEI de “tergiversar” los testimonios, “comportamiento impropio” y estar “por debajo de los estándares mínimos internacionales”.

Al desmentir la veracidad del documento, los integrantes del GEI sostienen que la filmación que ofrece Zerón consigna que el detenido acudió al lugar sin abogado y muestra evidencias de tortura una vez que confesara haber sido golpeado, recibir toques eléctricos y cubrirle con una bolsa de plástico la cabeza. Además, el informe médico forense registró 30 lesiones que no tenía al momento de su detención. Para afianzar la acusación, la Oficina de la ONU en México negó la presencia de sus representantes en el Río San Juan, así como que jamás fueron testigos de las diligencias de la Fiscalía.

En una conferencia ofrecida este viernes, Zerón de Lucio declaró que no dejará su cargo y pidió investigar el incidente en el río San Juan.

“Estoy tan seguro de mi actuar que yo solicité a la Visitaduría General y al órgano interno de control de la PGR revisar las actuaciones de los servidores públicos desde el pasado 28 de octubre del 2014. Es importante que si hay dudas se esclarezcan y si hay omisiones, se sancionen”, dijo.

Adelantó que ahora más que nunca se siente comprometido en el actuar dentro el ámbito de lo que hace: apoyar la labor del Ministerio Público. Con relación a la ausencia de abogado defensor que debió llevar el detenido, explicó que no era necesario si se trataba solamente de identificar el lugar.

Los investigadores habían establecido desde su primer informe que hasta el último día de sus indagatorias no encontraron pruebas fehacientes que registren un incendio capaz de calcinar restos óseos humanos sobre el área en referencia. Esta versión exhibió por vez primera las inconsistencias de aquella “verdad histórica” de la que tanto alarde hizo el ex procurador Jesús Murillo Karam.

El deslinde que marco el GIEI frente a la postura gubernamental abrió las grietas que en principio se tradujeron en trabas burocráticas y posteriormente en conductas de hostigamiento y campañas para desacreditar el trabajo y la credibilidad de los cinco comisionados nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aparentemente avalados por el Gobierno Federal.

Durante la rueda de prensa del domingo, Alejandro Valencia, uno de los cinco miembros del grupo, dijo que “el caso de Ayotzinapa deja al país en una encrucijada de la que aún no ha logrado salir y para hacerlo necesita reforzar el imperio de la ley, el concepto de defensa, el sistema de garantías y el respeto por los derechos humanos”.

La ONU se solidariza con el GIEI

El golpe de despedida que asestó el GIEI desencadenó una avalancha de expresiones solidarias en el mundo, exigiendo a México retomar la investigación y las recomendaciones que permitan acercarse a la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

Tanto Washington como la ONU, a través del Alto Comisionado, recomendaron al gobierno mexicano no echar en saco roto las recomendaciones de este equipo. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, mostró su “preocupación por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber impedido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y autoridades oficiales en el caso”.

Ante estas demoledoras conclusiones, el propio presidente Enrique Peña Nieto intentó apaciguar la marejada y ordenó que las propuestas del informe final del GIEI fueran analizadas. Primero el poderoso Departamento de Estado y ahora la ONU han lanzado sus advertencias:

“Hacemos un llamado al Gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”, señala el alto comisionado de Naciones Unidas. En su declaración, corta y contundente, Colville recuerda que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una prueba crucial de “la voluntad y habilidad de las autoridades mexicanas para afrontar crímenes violentos y la corrupción”.