Solicitan a gobiernos de México proteger la labor periodística

En el caso de Ecuador la SIP exigió al gobierno del presidente Rafael Correa el cese del acoso y las agresiones contra periodistas, editorialistas y medios independientes y rechazó el control a los usuarios de internet, contemplado en el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.
Las autoridades de El Salvador fueron instadas a investigar con profundidad los cibertaques contra los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy y a sancionar de manera ejemplar a los implicados, entre los que se presume la participación de funcionarios públicos.
Al gobierno de Venezuela se le solicitó suspender su estrategia de cierre de medios, dar acceso inmediato e igualitario al papel prensa a todos los medios escritos, cesar la persecución judicial contra la prensa y acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó restituir la señal y los equipos de transmisión de Radio Caracas Televisión confiscados en 2007.
La SIP condenó también en una resolución los asesinatos desde octubre pasado de 12 periodistas de Brasil, México, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela, y exhortó a los gobiernos de esos países a aplicar con rigurosidad la justicia para esclarecer los móviles, dar con los culpables y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
A Brasil, la SIP pidió que garantice el cumplimiento de los acuerdos y las medidas anunciadas por el gobierno federal para supervisar y mejorar la seguridad de los periodistas, y la resolución se refiere en específico a varios de los casos de asesinatos que la organización presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento sobre Colombia exhortó, entre otros asuntos, al gobierno a elevar su compromiso y disponer recursos para garantizar que los actos de violencia contra los periodistas sean condenados de manera ejemplar y total; a seguir avanzando en el procesamiento de los agresores de la periodista Jineth Bedoya y a proseguir con el compromiso de búsqueda de justicia por el caso de Guillermo Cano.
En México se instó a los gobiernos federal y estatal a que tomen las medidas necesarias para proteger debidamente la labor de los periodistas; requirió la investigación rápida y firme de los casos de violencia, destacando en este período un incremento de agresiones contra mujeres periodistas, y pidió que se asignen los recursos económicos y humanos para el efectivo funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
Por el caso del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988 por militares, se solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Perú, actuar con diligencia y celeridad para sancionar a los responsables del crimen.
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