La plataforma informó sobre 12,2 millones de usuarios de julio a diciembre. California, con más de 5,7 millones de datos y Nueva York, con más de 3, fueron las zonas en las que Uber dio más información a las autoridades
El estudio divide la entrega de información en función de si se trata de requerimientos legales ordinario o está relacionado con investigaciones criminales
Ssuarios, entre conductores y pasajeros, a diferentes agencias reguladoras de Estados Unidos como parte de sus obligaciones legales. Se trata del primer documento de este tipo que publica Uber y sus datos corresponden al periodo de julio a diciembre de 2015. El estudio divide la entrega de información a las autoridades en función de si se trata de requerimientos legales ordinarios, por parte de agencias reguladoras o aeroportuarias, o si está relacionado con investigaciones criminales.
En el primer caso, Uber explicó que las compañías reguladas de transporte “están obligadas por ley a proporcionar cierta información sobre sus operaciones a las agencias reguladoras. Estas agencias pueden requerir información de viajes, solicitudes de viajes, áreas de recogida y llegada, tarifas, vehículos y conductores en su jurisdicción por un tiempo determinado”. Las agencias pueden requerir información de viajes, solicitud de viajes, áreas de recogida y de llegada, tarifas, vehículos y conductores De esta manera, y como respuesta a 33 solicitudes, Uber proporcionó datos de más de 12,2 millones de usuarios de julio a diciembre de 2015, de los cuales 11.644.000 fueron pasajeros y 583.000 conductores.
California, con más de 5,7 millones de datos de usuarios, y Nueva York, con más de 3 millones, fueron las zonas en las que Uber dio más información a las autoridades. Asimismo, el informe menciona en un apartado adicional los datos que Uber compartió con las autoridades de los aeropuertos. En este caso se registraron 34 solicitudes por las que Uber entregó datos de 1.645.000 pasajeros y 156.000 conductores. Por otro lado, Uber señaló que también recibió peticiones de las autoridades de orden público durante el curso de una investigación criminal u otra emergencia. En este sentido, se contabilizaron 415 solicitudes (368 estatales y 47 federales) que afectaron a 469 personas en total.
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