PAN no aprobará leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción

Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores panistas, señaló
que Acción Nacional no respaldará ni aprobará ningún dictamen de
legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción si no incluye
todas y cada una de las propuestas de la iniciativa ciudadana 3de3.
En ese sentido, apuntó que el Partido Acción Nacional no apoyará leyes
secundarias que no estén a la altura de la Reforma Constitucional.
Herrera Ávila indicó que no tendría ningún sentido aprobar leyes
secundarias que nos llevaran a un sistema descafeinado, “el PAN no se va
a prestar a la simulación, las leyes secundarias deben reflejar en todos
su términos lo alcanzado en la Reforma Constitucional”.
De igual manera, el representante popular recordó que se tienen
únicamente 30 días para aprobar la legislación secundaria, indispensable
para que el Sistema Nacional Anticorrupción comience a funcionar.
“Como parte de la legislación secundaria del Sistema Nacional
Anticorrupción, el PAN propone la creación de una ley, adicional a las 5
ya establecidas en los transitorios de la Reforma Constitucional, que
modifica la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, a fin
de garantizar que el fiscal especializado en delitos relacionados con
hechos de corrupción, sea plenamente autónomo”, expresó el legislador
por Aguascalientes.
Asimismo, añadió que mientras no haya una fiscalía verdaderamente
autónoma, no tendrá ningún sentido el Sistema, porque no basta con que
inhabiliten a un funcionario público o que le apliquen una sanción
administrativa, ya que los corruptos no van a dar a la cárcel. La única
manera de que así sea, es con una fiscalía autónoma, robusta y sólida.
Por ello, esta sexta ley que se propone es uno de los puntos
irreductibles de Acción Nacional en la discusión.
El senador blanquiazul manifestó que Acción Nacional se comprometió a
aprobar una legislación que incluya sus propuestas e impulsar un proceso
de parlamento abierto durante los próximos 30 días, para que todos los
documentos que circulen sobre este tema tengan autoría y se puedan
consultar íntegramente, de modo que los expertos puedan intervenir de
manera oportuna y objetiva en la discusión pública.