Narcodiputada panista se queja de tortura

Río Doce.- Por considerar que se violaron sus derechos humanos y afectaron su dignidad, la diputada Lucero Sánchez López presentó una queja ante la CNDH contra la PGR, la SEIDO y contra la Policía Federal Ministerial y Federal Preventiva.
La legisladora presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja contra la titular de la PGR, Arely Gómez González, por la inconstitucional e ilegal orden dada a sus subalternos para la comisión de los hechos transgresores de los derechos humanos fundamentales contra su persona.

La queja presentada ante la CNDH, presidida por Luis Raúl González Pérez, también incluyó un señalamiento en contra del subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, SEIDO, por la integración y realización de actos de investigación violatorios del orden constitucional y de derechos humanos fundamentales de Sánchez López, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Así mismo, la diputada incluyó en la queja a los agentes de la Policía Federal Ministerial y Federal Preventiva, que participaron en la ejecución de la detención y privación ilegal de su libertad el pasado miércoles 20 de enero.
Entre los argumentos presentados en su queja, Lucero Sánchez expresa que las autoridades señaladas violentaron el fuero que tiene como diputada, al no seguirse el procedimiento que establece el artículo 111 de la Constitución sobre la imposibilidad de ser procesada por autoridad alguna en tanto no inicie un juicio de procedencia.

Cuestiona en la queja que se le exhibió públicamente y se le hizo aparecer como una delincuente ante los medios locales, nacionales e internacionales.
Además de la violación a sus derechos humanos, expuso en su queja que la privación ilegal de su libertad le ocasionó graves daños psicológicos en forma directa, y a su familia, por lo que señal que su detención constituyó una variante de tortura, en forma psicológica.
En el documento, presentado ante la CNDH el 25 de enero, Lucero Sánchez López relata cómo al ser detenida en presencia de su hijo de un año, una hermana de 13 años y su chofer, mediante el uso de la fuerza, sufrió transgresiones de los derechos más elementales como ser humano y ciudadana mexicana por parte de la PGR, la SEIDO y los agentes de la Policía Federal Ministerial y Federal Preventiva.