El terrorismo del Estado mexicano

 

Río Doce.- En México la defensa de los derechos humanos quedó en mera simulación porque encima de que las autoridades quedaron rebasadas en materia de investigación, el principal enemigo de los activistas  por la defensa de los derechos del hombre es el mismo Estado mexicano, que instauró una violencia institucional que persigue y criminaliza a quien protesta, señalan defensores de derechos humanos.

No es el crimen organizado el responsable de tanta muerte en el país, dicen. El mismo Ejército está involucrado en esa escalofriante cifra de asesinatos y desapariciones forzadas que hablan de 400 mil entre los que reportan y los que no reclaman, en tan solo nueve años, afirma el abogado Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza contra la Impunidad y la Desaparición Forzada de Personas en el Noroeste del país.

“La simulación es tal, que a falta de investigación están surgiendo en el país ejércitos de familiares armados con pico y palas que diariamente buscan entre montes, parajes solitarios, arroyos, o la misma fosa común, los cuerpos de sus padres, hijos, hermanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes o ancianos, porque la PGR quedó rebasada entre tantos casos frente a un reducido equipo de investigación que solo atiende casos recomendados por políticos o cuerpos de amigos o familiares involucrados en la farándula, donde los reflectores hacen creer a la población que la lucha contra la violencia y la impunidad es real”, indica.

La estadística oficial revela que hay 40 mil desaparecidos en el sexenio de Calderón y lo que va de este, pero la realidad alarma si consideramos que hay mucho más si se suman los que no están reportados por los familiares, asegura García Leyva, quien desde 1998 trabaja en la defensa de los derechos humanos, justo cuando se formó en Sinaloa el Frente de Defensa contra la Violación de los Derechos Humanos, encabezado por los activistas Norma Corona y Michel Jacobo, ciudadanos que tiñen de luto e indignación a esta región sacudida por la delincuencia organizada y la violencia institucional.

Es muy desgastante que en México los familiares de las víctimas tengamos que salir a buscar a nuestros desaparecidos y a armarnos con pico y pala para ir a desenterrar fosas clandestinas  ante la desesperación de ver que la PGR ni se interesa por investigar, dice Fernando Oseguera Flores, padre de un joven ingeniero recién egresado de la Universidad en Baja California.

En una reunión nacional de defensores de los derechos humanos, en la que la Comisión Mexicana del ramo entregó 150 mil firmas al gobierno para exigir respeto a las garantías de los representantes de colectivos y Organismos No Gubernamentales (Ong’s) en el noroeste del país, coinciden por separado que hay un terrorismo de Estado selectivamente dirigido, contra gente que está denunciando las violaciones.

Esto es una pesadilla, señalan, tan solo en Sinaloa, conforme al Registro Nacional de Personas Desparecidas, hay reportadas mil 800 personas solamente en los últimos nueve años, pero quienes estamos más de cerca en la búsqueda y rastreo de cuerpos de las víctimas reportadas y no como desaparecidas, sabemos que sube a 18 mil si no es que más, porque no se cuentan las de los sexenios anteriores de la llamada “guerra sucia” y los expedientes de los 90.

En la zona serrana de Sinaloa hay cientos de familias que aún recuerdan a sus familiares desaparecidos y otros que quedaron tirados, sin vida y dispersos entre las veredas de arroyos o sobre las laderas de caminos y montes cuando el Ejército entró al “triángulo dorado” y por parejo mataba a mujeres y hombres, sean niños o adolescentes, asesinados muchas veces hasta por encubrir el paradero de sus padres. Muchos de ellos emprendieron el desplazamiento forzado al quemarse sus viviendas y otros corrieron la mala suerte de quedar ahí, tendidos sobre los pisos o los patios de sus casas.

Los activistas informaron que al hacerse los trabajos de excavación para instalar el gasoducto, en los municipios serranos de Choix, Ahome y El Fuerte, se han encontrado fosas con osamentas de gente ejecutada, y lo mismo está ocurriendo en Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Michoacán u otros, pero el Gobierno oculta los casos.

Y no es solo Sinaloa, que está en el quinto sitio con más desapariciones forzadas. En todo el país hay fosas clandestinas. México se convirtió en el mayor cementerio abierto del mundo. Desde los años 40 que empezaron a emigrar braceros a Estados Unidos se reportan personas cuyos cuerpos todavía son buscados por sus familiares.

Para el abogado sinaloense Miguel Ángel García Leyva, en el contexto actual hay una grave crisis de derechos humanos.

“Nos encontramos en un país con gobernantes que provocan y cometen genocidios, donde el terrorismo de Estado se ha vuelto cotidiano.  En México el estado de derecho está basado en la ilegalidad y por tanto está contaminado. Eso se refleja en casos tan preocupantes como los crímenes de lesa humanidad, y no solo hablamos de desapariciones forzadas sino también de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, tortura”.

Al narrar sus experiencias, argumenta que buscando a cinco, diez, veinte o cien desaparecidos te encuentras mil fosas clandestinas en diversos estados. Por todos lados están surgiendo ejércitos de rastreadores formados por familiares de personas desaparecidas que buscando a sus parientes han encontrado hasta mil fosas clandestinas y esto se sale del asombro.

“Estamos hablando de un genocidio, algo extremadamente grave, estamos peor que en los países en guerra porque vivimos en un estado de derecho simulado, arropado, encubierto  y rebasado por la ilegalidad y esto es macabro, fatal porque en un país que se supone está gobernado por civiles no debe ocurrir”, dice García Leyva.

“Los mexicanos estamos viviendo un gobierno de lo peor. Estamos en un estado de excepción. Da horror saber que el Estado está como garante de tus derechos sabiendo de toda la violencia institucional que hay contra todo el que protesta y defiende sus derechos. Se pensó al principio que era la delincuencia organizada, pero la realidad es que las mafias de narcotraficantes no operan por sí solas si no es con la complacencia y protección propia del Estado”.

Afirma que “la gente no denuncia los casos de familiares desaparecidos o las violaciones de sus derechos por temor a ser perseguidos o acosados por esa violencia institucional que silencia lo que ocurre a diario en el país. Les dicen que andaba mal el muchacho y que pertenecía al crimen organizado y con eso se justifican o en el peor de los casos intimidan a los familiares para que dejen de insistir. La delincuencia organizada es un alma de Dios comparada con la violencia que ejerce el Estado”.

Con cierto desencanto expone que aunque ahora hay más activistas y más lucha social, el respeto a los derechos ha ido en franco retroceso, porque el Gobierno Federal, en vez de salvaguardar los intereses de los mexicanos, defiende los de compañías trasnacionales que están propiciando una escalada de atropellos contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos.

Investigación propia

Fernando Oseguera inicio su incursión en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en el 2007, a raíz del secuestro de su hijo, un ingeniero recién titulado que fue interceptado por un comando vestido con uniformes de policías adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones, y no regresó jamás.

Desde entonces ha tocado puertas y dialogado con gobernadores, procuradores, diputados, senadores y por lo menos pudo lograr que se atrapara a la banda que desapareció a su hijo.

Pero el derecho que tienen los sicarios a no declarar, ha entorpecido las investigaciones, por lo que desde hace ocho años empezó a buscarlo por su cuenta. Dice que en el camino ha visto mucho cochinero y a veces le dan ganas de dejar todo, pero siempre está la voz silenciosa de su hijo que le empuja a seguir.

Así, narra su viacrucis y comenta que resignados ante el desinterés de la autoridad que jamás investiga los casos, él y un grupo de familiares de víctimas en Baja California, con pico y pala en mano empezaron desde el 2009 a recorrer veredas y montes señalados por testigos anónimos, quienes les dan pistas sobre fosas con cuerpos a cambio de gratificaciones que entregan a sus familias.

Cuando se dio la detención de Santiago Meza, el Pozolero, recuerda que le llegó a su casa en forma anónima el expediente en copia de este delincuente, donde se indicaba la lista completa de los sitios donde había enterrado todos los cuerpos y así fue como empezó a excavar sepulturas clandestinas con la esperanza de encontrar los restos de su hijo y los que se van sumando en el camino.

La ruta del Pozolero permitió dar con tres predios donde encontraron las primeras dos fosas con alrededor tres mil partes de huesos, 500 partes dentales, frenos, tornillos quirúrgicos. Le indicaron a la autoridad el sitio para que iniciara las investigaciones y a la fecha, todo está sin avanzar. Se queja con resignación al señalar que las Ong’s están haciendo el trabajo investigativo de la autoridad.

Y en esta misma situación, dice, están los padres de los 43 normalistas y muchos otros familiares del interior del país que a diario rastrear parajes solitarios donde pudieran estar sus familiares, que han sido asesinados o desaparecidos.

No hace poco, un detenido quiso dar pistas sobre una fosa y en lugar de rentar helicóptero para tomar fotografías, optaron por comprar dos drones con cooperación de las familiares y el esfuerzo de localización tuvo mejores resultados en la localización de sitios. Entre el monte y a unos kilómetros encontraron una fosa con cincuenta cuerpos.

“No entiendo cuál es la situación de la PGR —se pregunta—, pasó de  una unidad de búsqueda a unidad especializada mediante el acuerdo 009, pero de nada sirvió. La PGR quedó totalmente rebasada. En la Unidad de Búsqueda que se instituyó con el ex procurador Jesús Murillo Karam, hay mil 175 averiguaciones previas en toda la República y alrededor de 25 agentes del Ministerio Público.

Los agentes de la SEIDO, agregó, tienen un promedio de 250 a 300 averiguaciones previas cada uno “¿Cuándo cree usted que se va a resolver esto?  Está colapsado el trabajo de investigación criminal por parte de SEIDO y del grupo de búsqueda. A mí nunca me han negado la atención, pero les he dicho que ya basta”.

Dijo que en la Comisión Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos están haciendo un frente común para exigir que se investigue y busquen a los desaparecidos.

“Por fortuna o por desgracia, yo ya me he resignado y miro las cosas con más frialdad y no me irrita como al principio el hecho que tenga yo que cavar una fosa con la esperanza de que el cuerpo de mi hijo pueda estar ahí. “A veces me quiebro porque llevo ya ocho años escarbando parajes para ver si lo encuentro. Y vivir con esa angustia es cruel”, señaló.

Manifestó que ayudar a otra persona a buscar a sus familiares desaparecidos lo incentiva a no dejar de investigar el paradero de su hijo.

“Ahora solo quiero recuperar su cuerpo porque en esos restos está una parte de mí”.