DF, nido de narcos

Anabel Hernández/Río Doce.- Pese a que desde hace 18 años los mandatarios del gobierno federal y del Distrito Federal pertenecen a partidos políticos totalmente opuestos, en ambos niveles de gobierno han coincidido en querer  mostrar a la capital del país como un lugar exento de la nociva presencia de los cárteles de la droga que visiblemente han afectado, o francamente devastado,  otras zonas del país como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán o Guerrero, por citar algunos.

La estrategia tiene dos principales razones. La primera es, por supuesto, política y económica. Reconocer públicamente la operación de cárteles en la Ciudad de México afectaría la ya muy desgastada imagen internacional de México, el turismo, las inversiones actuales y futuras, y en general la economía de la ciudad.

La segunda razón es que si se admitiera que hay una importante operación de los cárteles de la droga en el DF, la pregunta inmediata sería ¿Y quién los tolera o protege? Ahí las cosas se tornarían aún más complejas.

El gobierno del DF diría que el combate al narcotráfico no entra dentro de sus competencias y que eso es tema del gobierno federal, y aunque legalmente es cierto, es poco creíble que los cárteles pudieran operar en el DF, o en cualquier otro estado de la República, sin la complicidad de autoridades locales.

Para el gobierno federal tampoco hay una salida fácil si reconoce la operación de estas organizaciones delictivas en la capital. No sólo porque está en su jurisdicción combatir el narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sino porque en el DF está la sede del Poder Ejecutivo, las oficinas centrales y principales bases de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal. No podría entenderse la operación de cárteles de la droga en las narices de las principales oficinas que se supone deberían de combatirlo, sin la complicidad de una o varias de esas instituciones.

El DF es la ciudad más poblada del país y por lo tanto el mercado nacional de consumo de drogas más importante. Además por su situación geográfica es una zona estratégica para el traslado o almacenamiento de droga, sobre todo para aquellos cárteles que tienen sus operaciones en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero, o  Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Desde hace al menos diez años he venido leyendo expedientes judiciales donde los narcotraficantes refieren sus operaciones en el DF en las distintas casas de seguridad instaladas igual en la lujosa zona de Polanco, que en Las Lomas, Bosques de las Lomas o Santa Fe.

En el año 2009, cuando el Cártel de Sinaloa intentó hacer una tregua con el clan de los Beltrán Leyva y Los Zetas, al menos una de esas reuniones se llevó a cabo en el corazón de Polanco. Cuando las huestes de Jesús Reynaldo Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, negociaba con altos mandos de la Policía Federal, algunos de esos encuentros se llevaron a cabo en una residencia en Bosques de las Lomas y en la zona de la Basílica de Guadalupe.

En mayo pasado, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del DF, afirmó categóricamente que no operan ahí los cárteles de la droga. Señaló que durante una plática con la titular de la PGR, Arely Gómez, ésta le afirmó que “no hay información que permita establecer actividades de narcotráfico en la capital del país”.

Sin embargo durante el mes de julio aparecieron en la carretera Picacho-Ajusco, de la delegación Tlalpan, mantas supuestamente firmadas por el Cártel de Sinaloa en las cuales anunciaba que iban a tomar control de la “plaza” y para ello contaban con el apoyo de la Policía Federal y la PGR.

A principios de octubre aparecieron nuevos mensajes públicos en el DF, presuntamente firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando también que estaban en disputa por el control de la capital y pedían a Mancera que “no se meta”.

Y a finales de ese mes apareció el cuerpo de un joven de 25 años de edad colgado de un puente en la concurrida avenida Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztapalapa.

La negativa de los dos  niveles de gobierno que confluyen en el DF  en reconocer la operación de los cárteles de la droga no hace que el problema desaparezca por sí solo, al contrario. Al no admitir el problema, los gobiernos no hacen nada para combatirlo.

De acuerdo con un reporte publicado en noviembre por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), las operaciones de los cárteles ha crecido durante los últimos años de manera  acelerada en el DF.

En el  informe anual de “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas” correspondiente a 2015, la DEA publicó el mapa de la geografía actual de los cárteles de la droga en México, el cual sale tan colorido como un árbol de navidad por la cantidad de organizaciones criminales que predominan en diferentes partes del territorio mexicano.

Llama la atención las cinco esferas dibujadas por la agencia del gobierno de EU sobre el DF: el color naranja representa al Cártel de Sinaloa, la verde al grupo de Los Zetas, azul al Cártel de los Beltrán Leyva, el color lila es de los Caballeros Templarios y la roja el Cártel del Golfo. Según la DEA estos cinco grupos criminales tienen importante o creciente presencia en la capital.

Esa situación convierte al DF en una bomba de tiempo latente, y el encubrimiento del problema por parte de  los dos niveles de gobierno revela su complicidad. Eso significa que la aparente “paz” en la capital obedece más a una decisión unilateral de los cinco cárteles y no a un trabajo del gobierno federal, por lo cual de la misma manera espontánea puede surgir la violencia como lo hemos visto en los últimos años en otras ciudades “pacíficas” de México.

El Cártel de Sinaloa ha sido recurrentemente señalado por la DEA como la organización de tráfico de drogas más importante del mundo. El Cártel de Los Zetas es considerado uno de los más violentos y mantiene su peligrosa alianza con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En vez de permanecer cómplices negando el problema, el gobierno federal en coordinación con el del DF, deberían ir instrumentando un plan respecto a la presencia de estos cárteles en la capital del país, para no tener que llegar a los niveles de violencia y emergencia de otros estados de la República.