Anabel Hernández: Un año de infierno para la población mexicana

La lista negra/Anabel Hernández/Río Doce

 

Entre el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto rendido ante sus amigos o comparsas el uno de septiembre de 2014 y este nuevo informe que también será rendido solo para los que le aplauden, hay un infierno.

Infierno no para los verdaderos responsables del ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en el cual resultaron tres estudiantes muertos y 43 desaparecidos, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.  Infierno no para Peña Nieto “exonerado” por él mismo de conflictos de intereses por el caso de la llamada “Casa Blanca” en Las Lomas, Ciudad de México, construida por el empresario Armando Hinojosa, la cual está a nombre de su esposa Angélica Rivera, cuyo caso fue revelado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2014. Tampoco para el señor Luis Videgaray, Secretario de Hacienda,  quien también fue favorecido por el mismo empresario para hacerse de una mansión en un lujoso club de golf en Malinalco, Estado de México, por la cantidad de 7.5 millones de pesos, según reveló el periódico Wall Street Journal, en diciembre de 2014.

Infierno no para los policías federales que torturaron y mataron con saña a 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Ni para quienes desde la Secretaría de Gobernación, con todo cinismo, dejaron salir a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo de la prisión de máxima seguridad conocida como “El Altiplano”, el pasado 21 de julio.

Para los autores de todos esos hechos todo va bien. El infierno sólo ha sido para el resto de la población.

¿Qué cuentas rendirá Peña Nieto ante sus invitados especiales este próximo 1 de septiembre, cuando lo único que ha administrado en este último año es el desastre?  Veamos.

Peña Nieto dirá que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa los principales responsables están en la cárcel y se ha hecho justicia. La realidad es otra. De acuerdo con meses de investigación he tenido acceso a documentos, videos y testimonios que prueban que esa noche no hubo un operativo aislado y unilateral de la policía municipal de Iguala, sino que hubo todo un operativo de Estado organizado por el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, compadre de Peña Nieto, por la Policía Federal y por el Ejército, todos coordinados desde el C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).  La autoridad menor de esa terrible noche fue el gobierno municipal.

Aunque el defenestrado alcalde José Luis Abarca está en prisión, el gobierno federal no ha logrado acusarlo por el caso de los estudiantes. Según la información de las seis causas penales abiertas contra Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hasta ahora ningún juez ha dictado una orden de aprehensión en su contra por ese asunto, y ellos permanecen detenidos por un supuesto crimen ordenado por él contra integrantes del PRD en 2013, y contra su esposa por supuestos nexos con el crimen organizado. Los policías estatales, ministeriales, militares y federales que esa noche de perros cazaron a los estudiantes, siguen libres e impunes.

En el caso de la “Casa Blanca” el presidente dirá que su empleado Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública (SFP), en una investigación “independiente”, descubrió que no hubo ningún conflicto de interés y que la compra de la residencia, por más de 70 millones de pesos de su esposa, fue correcta.

La verdad es que no hubo ninguna investigación, ni siquiera simulada. En el documento de cientos de fojas subido a internet por la Secretaría de la Función Pública sobre el contenido de su investigación, ni siquiera fue incluido el reportaje hecho por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui y se omitieron todas las pruebas y testimonios contenidos en ese trabajo periodístico, que fue el origen del escándalo.

Según esos documentos a Peña Nieto se le hizo un “intenso” interrogatorio sobre el caso consistente en dos preguntas, ninguna relacionada a su relación de amistad con Hinojosa y a los miles de millones de pesos en contratos que siendo gobernador del Estado de México dio al empresario, ni tampoco relacionada con su participación directa en la toma de decisiones en la construcción de la casa en la que él y su esposa vivieron antes de mudarse a Los Pinos.

La investigación sobre el conflicto de interés de Videgaray  y su casa en Malinalco fue tan “exhaustiva” como la que se le hizo al presidente. Andrade omitió señalar que la operación de la compra de la casa cuya poca ventajosa operación no generó ninguna ganancia al empresario Hinojosa, fue concluida cuando ya era Secretario de Hacienda, según dio a conocer el jueves pasado la agencia Bloomberg, aunque en su exoneración la SFP había dicho que toda la adquisición se hizo antes de que fuera titular de la SHCP y beneficiara a Hinojosa con muchos jugosos contratos.

Respecto al caso de Tanhuato, Peña Nieto dirá que la Policía Federal actuó con apego a la legalidad, basándose en un informe parcial rendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, ventajosamente días previos al informe presidencial. Lo que no se dirá es que según señalan fuentes vinculadas al Ejército, cuando los militares llegaron al rancho después del operativo de la PF, vieron los abusos cometidos, excesivos incluso para ellos.  Fueron militares quienes tomaron las fotos que comenzaron a circular por redes sociales, gracias a las cuales pudo conocerse que la PF alteró la escena del crimen y sembraron armas a quienes fueron asesinados desarmados.

Sobre la salida del Chapo del penal de máxima seguridad “El Altiplano”, Peña Nieto dirá que ha ordenado una investigación profunda, casi tanto como la que hizo la SFP sobre su casa, y que dará con los responsables “caiga quien caiga”. Pero no presentará ante la porra que estará presente en su informe el video con audio en el que se ve como Guzmán Loera se esfumó de la prisión acompañado del sonido de una televisión, que según el reglamento interno del penal no debía tener ni bocinas, y los fuertes golpes de metal contra el concreto ante los ojos y oídos de los elementos del CISEN y la Policía Federal que tenían la responsabilidad de vigilarlo.  Tampoco explicará que su gobierno mostró el video sin audio a la sociedad para ocultar la complicidad de   su gobierno al más alto nivel y no sólo tres empleados de menor jerarquía, que son los únicos detenidos hasta ahora.

El 1 de septiembre, cuando Peña Nieto rinda su tercer informe de gobierno, los que no fueron invitados también estarán ahí presentes como una losa sobre su ominosa y acicalada figura: todas las víctimas de la corrupción y los crímenes de su gobierno.  Apenas van tres años y faltan tres más.