Estados Unidos quiere a los Zetas antes de que escapen

Este domingo se cumplen 15 días de que Joaquín Guzmán Loera el Chapo salió de la prisión de máxima seguridad “El Altiplano”. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que lo busca afanosamente; lo irónico es que quienes son responsables de su búsqueda, personas e instituciones, son también corresponsables de su fuga, así que es difícil pensar cómo van a encontrarlo pronto.

Así ocurrió en enero de 2001 cuando el capo se ‘escapó’ de Puente Grande. Está documentado en México y en cortes federales en EU que varios elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) encargados de supuestamente perseguirlo eran los mismos que lo protegían. Incluso en los expedientes se menciona un acuerdo entre el gobierno de Vicente Fox y el Cártel de Sinaloa. Qué decir de la protección que gobiernos del PRI han dado históricamente al mismo cártel.

Por eso nadie lo había capturado durante 13 años, porque en realidad nadie quería hacerlo dentro del gobierno mexicano. Ahora se sabe por diversas notas periodísticas que la recaptura de Guzmán Loera en febrero de 2014 fue más bien un acto involuntario del gobierno de México diseñado, impulsado y ejecutado por la DEA.

El gobierno de Peña Nieto no puede hacer una verdadera persecución del Chapo sin la caída de los altos funcionarios dentro de la Secretaría de Gobernación, desde el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el subsecretario Luis Enrique Miranda, el titular de la Policía Federal Enrique Galindo y varios mandos debajo de él; Eugenio Imaz, titular del CISEN y Gerardo Elías García Benavente, quien en los hechos era el responsable de las tareas de inteligencia y contra inteligencia, que incluía vigilar al capo. Todos ellos dejaron paso libre al capo.

De la misma forma el gobierno de México no podía mantener preso al narcotraficante sin atacar el núcleo del poder del Cártel de Sinaloa: el dinero y las redes políticas y empresariales que son bien aceitadas con ese dinero y que trabajan para la organización criminal dentro de las instituciones de seguridad nacional y procuración de justicia.

Sería una buena muestra de autoridad y gobierno que la administración de Peña Nieto diera a conocer los nombres de los servidores detenidos y/o arraigados por su presunta complicidad en la salida del narcotraficante, pero no lo han hecho. Por una simple razón, las personas hasta ahora detenidas son de tan bajo nivel en el escalafón de responsabilidades que para cualquiera resultaría absurdo y contrastante con “la afrenta al Estado Mexicano” que supuestamente significó para el Presidente, según dijo desde París un día después del escape.

La verdad es que en los hechos el gobierno federal no está tan agraviado como expresa Osorio Chong, o no actúa como tal. Como en otros casos mienten a la sociedad mexicana, mal informan a propósito como en la masacre ocurrida en Tlatlaya en junio de 2014 o el ataque contra los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y la desaparición de 43 de ellos en septiembre de 2014.

El propio Presidente conminó a la población, como terapeuta sicológico de la nación, que no es con “enojo o ira” como se resolverá el tema de la “fuga” del criminal que tantas muertes ha causado en México. Peña Nieto dijo el 17 de julio pasado: “tenemos que asumir con la responsabilidad que esto implica, el Gobierno no ha evadido su responsabilidad, por el contrario, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente”, fin de la cita. Pero ¿Quién escribe para este hombre sus posicionamientos? La desarticulada palabrería, repetida por los medios como si significara algo, es absurda porque es evidente que no, el estado no asumió ni ha asumido su responsabilidad y esto no puede pensarse que sea accidental. Por sus acciones de gobierno se ve que Peña Nieto ni se enoja ni siente ira, lo ha asimilado bien, sus razones tendrá y sería bueno conocerlas.

El Presidente prefiere entretenerse en dar golpes certeros a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desapareciendo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para quitar de un plumazo los “privilegios” del magisterio en Oaxaca, un acto planeado desde la SEGOB e instrumentado por el gobernador de esa entidad Gabino Cué el 21 de julio pasado. ¿Cuál es la congruencia del Estado? ¿Cuál es su calidad moral? Cuando la administración de Peña Nieto toleró todas las prebendas dadas al Chapo y otros jefes del narcotráfico encerrados en “El Altiplano” y nunca hizo nada para impedir que tuviera el privilegio mayor: irse. Si pareciera que para el Presidente hay de afrentas a A-F-R-E-N-T-A-S.

De acuerdo a la información obtenida y corroborada por fuentes diversas, las cerca de 15 personas detenidas por la salida del Chapo del Altiplano son un jefe de turno de custodios, el que estaba en las horas en que se concretó la salida del Chapo, cinco custodios directamente bajo sus órdenes y otros que a su vez eran coordinados por ellos. Todos asignados al módulo de Tratamientos Especiales donde Guzmán Loera era tratado como huésped VIP. También el policía federal que esa noche era responsable del monitor, al parecer una mujer. Como si el súper túnel por el que dice el gobierno que salió el narcotraficante hubiera sido construido en un día u horas, ningún alto funcionario del penal está en la cárcel, ni siquiera el director Valentín Cárdenas o el director técnico Librado Carmona , ni de la PF, ni del CISEN, ni del Ejército que custodiaba los alrededores de la prisión.

El martes 21 de julio fue presentado en el Altiplano el nuevo director general Jaime Fernández, quien ocupaba el mismo puesto en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 5 en Perote, Veracruz. Es una cárcel conocida por el caos que impera, está controlada principalmente por Los Zetas e integrantes de bandas criminales quienes ejercen el “auto gobierno”, como señalan los manuales de los centros penitenciarios, es decir hacen lo que les da la gana. Fernández es conocido por ser personal cercano a Celina Oseguera, la destituida Directora General de Políticas y Desarrollo Penitenciario, y bien podría quedarle el sobre nombre de El Limpiador, ya que fue nombrado director interino del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, cuando el Chapo se escapó en 2001. Así que está familiarizado en recoger el reguero del capo.

Hay quienes consideran a Fernández de mano dura. Su paso por Islas Marías dejó una estela de denuncias de torturas físicas y psicológicas, pero también por las extorsiones dentro del complejo penitenciario. Librado Carmona decidió irse voluntariamente del Altiplano y en su lugar llegó Pavel Casillas, quien ocupaba el cargo de director técnico con Fernández en el CEFERESO 5. Los presos del penal del Altiplano narran que hasta ahora no ha habido operativos para recoger los teléfonos celulares ni la droga que hay dentro de la cárcel de máxima seguridad.

Dentro del Altiplano persiste la tensión entre los presos y el enojo. Se afirma que respecto a la salida del Chapo han declarado ante la PGR José Brizuela Meraz alias la Vaca, detenido en 2013, y Juan José Muñoz alias el JJ, quien fuera integrante del clan de los Beltrán Leyva. Aún se desconoce el contenido de sus declaraciones, pero se conocerá.

En estos días la atención se concentra en Miguel Ángel Treviño Morales, el Z 40, quien fuera jefe de Los Zetas, su hermano Omar, el Z 42, y Edgar Valdés Villarreal alias la Barbie. Sus abogados tienen noticia de que tras la ‘fuga’ del Chapo hay una exigencia del gobierno de EU de que al menos estos tres sean extraditados de inmediato, lo cual señalan podría ocurrir según se señala en el Altiplano en cualquier momento. No es una situación cómoda para los capos, mucho menos para el gobierno de Peña Nieto, los tres tienen una importante colección de historias sobre cómo operaban a sus anchas en gobiernos gobernados por el PRI en los últimos 15 años, incluyendo el Estado de México cuando el hoy Presidente era gobernador.