Malova endeuda con 3 mil milllones a Sinaloa sin permiso del congreso

Lo primero que hizo el gobierno de Sinaloa al iniciar el 2014 fue pedir prestado: mil millones a Banorte y 550 millones a la institución Interacciones. Era el 2 de enero, el primer día hábil. Con un par de llamadas, la Tesorería de Sinaloa tenía en sus cuentas ya el 60 por ciento del monto del megapréstamo del 2011 que tantas explicaciones y críticas le ha costado a López Valdez y su administración.

Un mes después pidió otros 38 millones. El 7 de marzo 48.5 millones. Y en abril dos préstamos más: uno por 750 millones y otro por 500. Para el día 28 del cuarto mes del año sumaban ya 2 mil 886.5 millones. Es decir, superaban el mega préstamo de tres años antes, pero en esta ocasión sin notificación al poder legislativo.

Incluso eran desconocidos, hasta que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó el informe de la cuenta pública del primer semestre del 2014.

Lo detectado por la ASE en este rubro de la cuenta del gobierno estatal merece dos observaciones al encontrarse irregularidades, y ambas ameritan establecer controles internos y hasta una investigación para ubicar a los responsables:

El resultado número 55 señala que en el préstamo con Bancomer —por 500 millones de pesos, el 25 de abril— “no se especifica el destino del recurso y en dos pagarés de Banorte solo se formaliza la forma y periodo de pago de amortizaciones e intereses”.

El resultado número 56 refiere incumplimiento a los artículos 9 y 33 de la Ley de Deuda Pública al excederse el monto de endeudamiento sin autorización del Congreso, que sólo puede alcanzar el 5 por ciento y llegó en los primeros seis meses del 2014 al 16.62 por ciento. Y adelanta que promoverá ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas una investigación para que en su caso finque responsabilidades administrativas sancionatorias a los servidores públicos que participaron en el incumplimiento normativo.

 

Regla de tres

 

Para el gobernador Mario López Valdez no hay “nada irregular” y explicó que la ASE solo tomó en cuenta seis meses de ejercicio y por eso observa el incumplimiento a la causal número III del artículo 9: “El saldo total acumulado de estos créditos no exceda al 5 por ciento de los ingresos ordinarios del ejercicio fiscal correspondiente.”

Sin embargo, los números no le concuerdan al gobernador, ni al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Armando Villarreal, incluso tampoco a la ASE. Una simple regla de tres evidencia que los 2 mil 886.5 millones de pesos son el 7.28 por ciento del presupuesto aprobado en la Ley en diciembre de 2013 y que alcanzó los 39 mil 637 millones 098 mil 58 pesos. No llega al 16.62 por ciento del que habla la ASE, pero sí rebasa el 5 por ciento marcado por la ley.

Esto, siempre y cuando el gobierno estatal no haya pedido más préstamos en los siguientes seis meses del 2014.

Si, como argumenta Armando Villarreal, el presupuesto se incrementó para llegar a 45 mil 007 millones de pesos el año pasado, igual rebasó el 5 por ciento marcado en la ley y llegó a un 6.41 por ciento.

 

—¿En qué se utilizaron esos préstamos? —se le preguntó.

—En ene número de cosas. A veces se tarda una estimación y tenemos que hacer un pago, mientras llega la estimación se pide el crédito y ya que llega la estimación se paga. Pero no es una deuda que trascienda un periodo a otro periodo, ni tampoco es algo que esté irregular.

 

Rebase por la derecha

 

En 2011, después de las heladas de febrero que afectaron al campo de Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez envió al Congreso la solicitud de endeudamiento hasta por 3 mil millones de pesos. El argumento fue que la economía del estado colapsaría por la reducción de ingresos ante la reducción de las cosechas.

Fueron meses de desgaste y negociación, de explicaciones al legislativo y a un grupo de ciudadanos que se inconformaron ante la petición de endeudamiento. La aprobación se logró hasta julio y Malova solo pudo sacar 2 mil 600 millones de pesos.

Encima fue necesario enlistar las obras que se realizarían y se creó un Consejo Ciudadano para revisar la aplicación de ese préstamo, que a la larga terminó por invalidar muchas de esas obras y desintegrarse porque se les escatimaba la información.

Un año después, en el último trimestre del 2012, empezó el gobernador López Valdez otra larga y atropellada petición de un nuevo préstamo. Esta vez por 771 millones de pesos por la vía de Bono Cupón Cero, un esquema donde el estado paga solamente los intereses del préstamo y la federación absorbe el capital.

El dinero se liberó hasta agosto de 2013. En el trayecto de esos meses el gobernador declaró: “se me ha querido hacer aparecer como el gobernador de la deuda, el gobernador del préstamo como si pedir préstamo fuera mal, cuando se hace con responsabilidad”.

Esta nueva deuda, se dijo, sería para rehabilitar vialidades urbanas, la construcción de salas de juicios orales y el equipamiento del Hospital Oncológico. Este último todavía hoy en día sin concluir.

Con los seis préstamos de los primeros cuatro meses del 2014, que sumaron 2 mil 886.5 millones de pesos, el gobierno estatal evadió toda justificación sobre la aplicación del monto y explicaciones públicas sobre su destino.

 

Recomendaciones a oídos sordos

 

La cuenta pública del primer semestre del 2014, con éstas y otras observaciones, se aprobó el jueves 29 de enero con solo cuatro votos en contra: PRI, PAN y PAS aprobaron; los dos perredistas, el del PT y el de Movimiento Ciudadano votaron en contra.

En la discusión, Imelda Castro, del PRD, fue más allá y aseguró que el pasivo total del estado, sumando los créditos a corto plazo —observados por la ASE— y los de largo plazo, llega a un total de 17 mil 886 millones de pesos. Justo después, el priista Gómer Monárrez, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió el dictamen aprobatorio acusando intereses políticos en la argumentación del PRD.