Sólo 10% de policías de Aguascalientes están capacitados

Este miércoles, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos se reunió con el ombudsman de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, con la intención de ampliar la información relativa al informe de actividades correspondiente al año 2014 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En primera instancia, el presidente de la CEDH hizo una exposición general de los indicadores y cuestiones relevantes a su encomienda pública, resaltando el estado en que encontró el organismo de defensoría y las acciones tomadas en consecuencia. Por ejemplo, que se resolvieron siete asuntos laborales que implicaron un desembolso financiero considerable; además de que se ha trabajado en el saneamiento de las finanzas, mediante la disminución de la plantilla por honorarios y de prestadores externos de servicios, el cierre de oficinas en Pabellón de Arteaga y Calvillo, entre otras acciones.

Asimismo, el ombudsman indicó que se ha trabajado en programas de educación a escolares, de capacitación a personal de seguridad pública y procuración de Justicia y de conciliación en casos de bullying; asimismo, dio a conocer que se efectuaron diversos foros con organizaciones de la sociedad civil y se instituyeron reconocimientos públicos por trabajo en derechos humanos.

La presidente de la Comisión Legislativa, diputada Anayeli Muñoz Moreno, inquirió sobre las razones por las que sólo se alcanzó al 10% de los elementos policiales en materia de capacitación, siendo que las corporaciones de seguridad siguen siendo las más señaladas en cuanto a violación de garantías individuales.

Al respecto, el licenciado Martín Jáuregui explicó que no es una responsabilidad directa de la CEDH la capacitación, sino de las instituciones formadoras de elementos, además de que cuentan con escaso personal en el área de educación. Empero, señaló que es necesaria la actualización y sensibilización de los agentes preventivos y ministeriales, por la redefinición de conceptos y procedimientos legales.

Ejemplificó que bajo los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia, las detenciones en la que a evaluación de un juez, hayan sido ejecutadas con tortura u otras violaciones a los derechos humanos, son invalidadas de inmediato, aunque exista la presunción de culpabilidad. Explicó que a cualquier persona sujeta a un procedimiento judicial se le deben hacer de su conocimiento sus derechos y que los elementos que intervengan deben estar sujetos a identificación, por lo que ahora no puede haber agentes encapuchados.

Por su parte, el legislador Mario Alberto Álvarez Michaus preguntó la razón por la que los centros de reclusión de Aguascalientes han resultado bien evaluados a nivel nacional, cuando en el caso del CERESO de la salida a Calvillo se ha demostrado una sobrepoblación de internos.

El ombudsman aclaró que los indicadores que se toman en cuenta son la calidad de los alimentos, la posibilidad de comunicación con el exterior y la no imposición de castigos en términos de visitas familiares, la separación de sentenciados con procesados y otros aspectos.

A pregunta expresa de la diputada María de Lourdes Dávila Castañeda, el presidente de la CEDH reconoció que se dan casos en que las autoridades que son objeto de recomendaciones o solicitudes de información no las acatan, pues existen “subterfugios legaloides” que lo permiten. No obstante, dio a conocer recientes resoluciones por las que los datos personales se deben compartir cuando se trata de investigaciones en materia de derechos humanos, por lo que no puede haber negativas apelando a la normatividad de transparencia y protección de datos personales.

Asimismo, Eduardo Martín Jáuregui comentó que 10 recomendaciones han sido atendidas y que otras dos, iniciadas años antes, no fueron aceptadas por errores en la notificación o porque ya estaban sujetas a un proceso jurisdiccional.

La diputada Verónica Sánchez Alejandre, por su parte, cuestionó sobre los resultados de los programas educativos, a lo que el titular de la CEDH expuso que si bien han tenido una incidencia favorable, se tiene mucho por hacer para conocer el impacto real de los mismos, además de que se requieren más recursos para hacer extensivas estas intervenciones tanto en escuelas como en corporaciones.

Por otro lado, el ombudsman sugirió una reforma a la normatividad en materia de Derechos Humanos, a fin de poseer elementos coercitivos para citar a las partes involucradas en una queja, y reasignar facultades a otra instancia, ya que por ejemplo, la tutela en algunos procesos de carácter civil, distrae recursos para cumplir con el objetivo principal del organismo de defensoría ciudadana.

Martín Jáuregui informó que el año pasado se atendieron 391 quejas, atendidas por 9 profesionales investigadores y 4 proyectistas, personal que por una política de austeridad financiera no recibirá aumento en sus percepciones durante el presente año.

Por último, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, externó la disposición de los legisladores integrantes de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos –de la que también forma parte y estuvo presente en la sesión la legisladora Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz-, están dispuestos a intervenir en el caso de que una autoridad, de manera injustificada, no atienda una recomendación de la CEDH.

El presidente de la CEDH agradeció las atenciones de la representación popular de Aguascalientes y señaló que existen varios retos por delante, como la actuación en los casos de privación del suministro de agua potable, la mejora de las instalaciones de atención al público o la incorporación al proyecto de “Ciudad Justicia”, entre otros asuntos de carácter laboral.