Ilegal, inequitativo e injusto el trato del municipio a los diversos sectores sociales en materia de predial, reclamó a nombre del Partido del Trabajo Jesús Medina Olivares.
Como es conocido en la semana pasada, por iniciativa del Presidente Municipal, fue autorizado por el Cabildo de Aguascalientes una deducción del 50 por ciento en predial a inmobiliarias.
La justificación, según Antonio Martín del Campo, es que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), había comentado que al autorizar la subdivisión de lotes, el costo del predial se incrementa hasta en un mil por ciento. Debido a que pedían estar exentos, consideró que el 50 por ciento puede ser algo más justo y también con esto, invitarlos a que se puedan regularizar.
De lo anterior se desprende que el Presidente Municipal y el Ayuntamiento van en sentido contrario de lo que deben ser las prácticas de un buen gobierno y de una lectura correcta de los momentos de coyuntura que estamos viviendo.
Desde el punto de vista legal, en el ámbito municipal, los ingresos con los que cuenta el Ayuntamiento son tributarios y no tributarios, explicó Medina.
Y detalló que los tributarios, son aquellos que el Estado obtiene del uso del poder soberano fundado en las obligaciones de los ciudadanos a contribuir al gasto público, de acuerdo al artículo 31 fracción IV constitucional que establece: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
De esta manera para que un ingreso sea constitucional debe contar con las siguientes características iindicó:
1.- Se destine a cubrir el gasto público de cierto orden de gobierno.
2.- Sea proporcional, que consiste en la capacidad económica tributaria que poseen los contribuyentes.
3.- Equitativa, se refiere que debe dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
4.- Dicho ingreso esté contenido y definidos sus elementos en la ley.
De lo anterior se desprende que ésta medida es violatoria al principio de equidad tributaria. Que otorga un trato fiscal injustificadamente diferenciado, beneficiando a contribuyentes que se encuentran en condiciones evidentes de hacer el pago correspondiente.
De la misma manera, en la ley de ingresos del 2015 se especifica con toda claridad las condiciones, los elementos y los segmentos de la población que pueden ser beneficiadas con algunas deducciones y en estas no se encuentran las inmobiliarias.
Paradójicamente, se niega el mismo tratamiento a las personas de la tercera edad, no obstante que está estipulado en las leyes de Ingresos de todos los municipios aplicar un descuento de 50 por ciento a este segmento de la población, requirió.
“No han entendido que las políticas de descuento siempre deben ser en beneficio de los sectores de la población más vulnerables”, lamentó Medina Olivares.
Incluso es contradictorio con los principios de subsidiaridad y proporcionalidad que tienen sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia católica y que el PAN y sus gobiernos, supuestamente, deben regir su actuación, ya que son parte esencial de sus documentos básicos, explicó.
“Una vez más queda acreditada que si son subsidiarios, pero con los que más tienen”, señaló.
Por otra parte desde el punto de vista económico es, hasta cierto punto, irresponsable en virtud de que las finanzas públicas de los estados y sobre todo de los municipios van a transitar por un tramo sumamente difícil debido a que se verán afectados sus ingresos por la caída de los precios del petróleo.
Resulta evidente que el municipio no cuenta con mecanismos alternativos para contrarrestar esta merma, que no sea recortar el gasto público, y hacer más eficiente la recaudación, so pena de incrementar el déficit público o inventar nuevos impuestos.
Los municipios van a ser los más vulnerables, son los que apenas reciben ingresos propios y dependen de las transferencias federales para cumplir con los programas del gasto.
A lo anterior habrá que agregar los millones de pesos que le están causando al municipio las demandas que ganaron ciudadanos y empresarios por el Derecho de Alumbrado Público, ampliando la fuerte presión a las finanzas municipales.
Por lo anterior, el Partido del Trabajo exhorta al Ayuntamiento de Aguascalientes para que deje de tomar decisión de carácter populista para el aplauso fácil y para que en un acto de congruencia y responsabilidad, rectifique su decisión y encauce su actuación por el lado de la legalidad.
