Matar normalistas de Ayotzinapa es común para el Estado

Por Arturo de Dios Palma/Los Ángeles Press
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siempre ha navegado a contracorriente. La represión ha sido la respuesta recurrente del gobierno mexicano en torno a sus demandas. La muerte de tres de sus estudiantes y la desaparición forzada –hasta ahora de otros 43– tras el ataque de la Policía municipal de Iguala junto con sicarios del cártel Guerreros Unidos no es la primera represión fatal que sufren.

Los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, cometidos por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011 en un tramo de la Autopista del Sol, sigue impune. A casi tres años, nadie está en cárcel por esos crímenes.

Incluso, los involucrados están otra vez incrustados en la estructura gubernamental. Alberto López Rosas, entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Guerrero, es ahora titular de la Secretarío del Trabajo; y, peor aún, aprovecha el cargo para promoverse por toda la entidad en busca de la candidatura del PRD a la gubernatura, que estará en juego el próximo año.

Impunidad ha marcado el caso de los dos jóvenes de Ayotzinapa asesinados en la autopista del Sol, y en ahora en la desaparición forzada de los 43.

Pero estos son apenas los últimos casos de represión, hay muchos más. Ayotzinapa ha visto la represión en todas sus caras y facetas: la represión de la muerte, la represión de los golpes, la represión de la calumnia y la represión de la carencia.

30 de noviembre de 2007. Acapulco, Guerrero. Unos 50 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomó la caseta de La Venta de la Autopista del Sol. Cubiertos con pasamontañas y paliacates los estudiantes cobraron cuota -50 pesos- a los automovilistas que pasaban por ahí. El objetivo: recaudar fondos para financiar su movimiento, para que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, el primer gobernador del PRD en Guerrero, les otorgara 75 plazas de trabajo para los egresados.

La acción de los normalistas apenas duró unos 30 minutos cuando los policías federales llegaron para desalojarlos.
Las fotografías de Pedro Pardo y Jesús Trigo, publicadas en La Jornada Guerrero y en El Sur, dejaron patente el exceso al que recurrieron los policías federales, al mando entonces de Felipe Calderón.

En éstas, se puede ver a los policías exacerbados en contra de los normalistas. También se puede ver como los golpearon aún y cuando los estudiantes ya estaban sometidos. Sin embargo, los toletes no dejaron de chocar los cuerpos de los jóvenes.

“Unos 30 minutos después de iniciada la protesta, una veintena de policías federales comenzaron a llegar al lugar a bordo de camionetas. La presencia policiaca no inhibía, hasta ese momento, a los normalistas que seguían pidiendo cooperación a los automovilistas. En un instante, dos camiones de la Policía Federal Preventiva con unos 80 agentes antimotines reforzaron la valla de efectivos federales montada a unos 150 metros de distancia de la caseta.

Escudada única y aparentemente para la contención, la cortina de policías avanzó a paso lento hacia los normalistas, como dando oportunidad para el retiro voluntario. Y los manifestantes retrocedieron al mismo paso de los policías, sin agresión de ningún bando, pero ambos preparados para actuar.

Así, con escudo por delante y tolete preparado, fueron replegando a los normalistas hacia sus autobuses, pero algunos policías decidieron actuar ante el reto verbal de normalistas que no lograron repeler la golpiza a pesar que preparaban algunos cohetones que llevaban en costales de cartón. Para paralizarlos, algunos policías accionaron extintores en el rostro de los manifestantes.

Mientras un grupo de normalistas logró huir en uno de los autobuses, otro de 19 fue contenido. La mayoría de estos permaneció arriba del camión y seis fueron golpeados a patadas y toletazos hasta tenderlos sobre el asfalto. Ya sometidos y con las manos en la espalda, fueron objeto de otra golpiza”. Así consignó los hechos el reportero Allan García en su texto que publicó al día siguiente en La Jornada Guerrero.

Otra represión en el gobierno de Torreblanca Galindo fue el 14 de noviembre de 2007, cuando al menos 500 policías antimotines desalojaron a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que protestaban en el Congreso local para exigir plazas de trabajo y la petición de no desaparecer esa institución.

Los efectivos antimotines utilizaron toletes y gases lacrimógenos para retirarlos del lugar. En esa ocasión, la organización de derechos humanos Tlachinollan reportó a 230 estudiantes lesionados, 30 detenidos y dos desaparecidos.

Entrando el gobierno Ángel Aguirre Rivero se pensó por un momento que la represión en contra de la Normal de Ayotzinapa, si bien no iba terminar, no sería tan extrema.

Aguirre Rivero logró algo que gobernadores anteriores no habían podido: almorzó en el comedor de la escuela junto con los normalistas. La relación entre un mandatario y los normalistas no se miraba tan hostil, incluso, hasta un autobús recibieron los estudiantes de manos de Aguirre.

Pero todo se terminó con la muerte de Alexis y Gabriel en la Autopista del Sol a manos de policías estatales, ministeriales y federales. A partir de ahí, el linchamiento y la satanización a través de todo el aparato gubernamental, en contra de los normalistas no ha parado.

Represiones del 2012

El 7 de mayo de 2012 los normalistas se encontraban en el tramo de carretera Chilpancingo-Iguala, un punto conocido como Casa Verde, “boteando” para recaudar fondos para el festejo del Día de las Madres.

Ese día nuevamente fueron enviados policías estatales y federales, con armas de fuego, a disuadir el “boteo” que realizaban los normalistas.

De acuerdo a testimonios de los normalistas, unos 100 policías entres estatales y federales llegaron hasta ese punto a desalojarlos con toletazos y balazos.

Los estudiantes fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y fueron liberados al día siguiente.

Una intimidación similar y en el mismo punto, Casa Verde, la vivieron los normalistas el 9 de noviembre de ese mismo 2012. En esta ocasión, agentes de la Policía Federal detuvieron y golpearon a cinco normalistas que –como la otra vez–, se encontraban boteando para recolectar recursos.

El testimonio de los propios normalistas fue que los agentes de la Policía Federal les dispararon a los pies para paralizarlos. Después, los cinco alumnos fueron golpeados en el rostro y en el cuerpo.

Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina, fueron los estudiantes detenidos en esa represión.

El 7 de enero de 2012, murieron otros dos estudiantes. Sin bien, el causante al parecer no fue alguna autoridad, los hechos trágicos ocurrieron sobre la carretera federal Acapulco –Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac. Los estudiantes de Ayotzinapa y tres personas más resultaron heridos mientras se encontraban boteando cuando fueron atropellados.

Eugenio Tamarit, de 20 años, y Freddy Vázquez, de 23, murieron.
En el expediente del caso señalan: “el inculpado conducía un vehículo Keenworth de plataforma, quien por conducta poca cuidadosa, imprudencia, negligencia, marcada falta de precaución y/o atención al circular, incurrió en infracciones al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes en jurisdicción federal. Provocó que la parte lateral derecha del riel de la retroexcavadora que llevaba en el remolque acoplado chocara contra la anatomía corporal de los hoy occisos y de tres jóvenes más que resultaron lesionados”.

El golpe más duro contra Ayotzinapa: 2014

Y la más reciente es la masacre de Iguala, 26 de septiembre de 2014. Pero la historia de represión de la Normal de Ayotzinapa puede datar desde 1940, cuando el ejército mexicano entró a las instalaciones de la escuela y detuvo al comité estudiantil y a maestros. En el asalto, los militares los desnudaron ahí, y se los llevaron. Estuvieron encarcelados por tres años. La causa: haber izado la bandera rojinegra en la explanada de la escuela.
Pese a todo, Ayotzinapa a veces pierde la memoria, como en 2010 cuando apadrinó la generación de egresados el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón. Este político local fue uno de los alumnos más avanzados de Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador que fue obligado a renunciar por su responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en el poblado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.

O como el pasado mes de julio, cuando apadrinó la generación en la tuvo que haber egresado Gabriel Echeverría, uno de los jóvenes asesinados en la Autopista del Sol, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez y el sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien hace un papel como de vicegobernador. La memoria a veces puede ser laxa.
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Ayotzinapa se fundó el 2 de marzo de 1926 como parte del proyecto revolucionario para sacar del rezago educativo al país. Fue pensada para que los hijos de los campesinos de las zonas más pobres del estado tuvieran acceso a la educación. En el periodo de Lázaro Cárdenas las normales rurales se consolidaron.
Por en esta institución estudió Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez, que son de los pocos que ha enfrentado con éxito el poder autoritario y de vocación dictatorial que se ha impuesto en Guerrero.

Desde entonces, Ayotzinapa ha mantenido su lucha. Comenzaron 36 normales, ahora apenas quedan 16 en todo el país.
Pero la resistencia de esta escuela está anclada en su interior: en sus instalaciones, en sus carencias, en la mala alimentación, en la incertidumbre que habita entre los que próximamente van egresar, pero también por la amenaza que existe de que los hijos de los campesino e indígenas no la vuelvan a ocupar.
Desde la entrada, el mensaje es claro: “Ayotzinapa, cuna de la lucha social”, dice el letrero con el que dan la bienvenida. Y tal vez haya mucho de cierto en ello. La lucha para Ayotzinapa se ha convertido como la gasolina para el carro, imprescindible para andar.

Las cientos de manifestaciones que han encabezados los estudiantes en las calles y principales vías públicas del estado tienen razones, motivos, pero, sobre todo, tienen rostros. Los estudiantes que habitan el internado tienen historias de lucha, y tal vez no todos son historias de lucha social, pero sí de vida, sí de sobrevivencia.

Muchos de ellos han descubierto la vocación de ser profesores dentro de Ayotzinapa. Pues ser maestros rurales no era su plan inicial de vida, sin embargo, eso que llaman destino, o más bien el desinterés y la indolencia de los gobiernos por garantizar la educación para todos los jóvenes, ha propiciado ese encuentro inevitable entre los hijos de campesinos e indígenas con Ayotzinapa.

El asesinato de los tres normalistas y la desaparición forzada de otros 43 ha sido el golpe más duro que ha recibido Ayotzinapa en su historia. Pero la represión en contra de estos jóvenes se vuelve a repetir por la simple razón de que las anteriores represiones quedaron en impunidad. En ninguna se hizo justicia. Y en estas condiciones, cualquier gobierno, de cualquier color, podrá atacarlos porque puede hacerlo sin consecuenias.
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