México en la frontera del caos por Jesús Medina Olivares

Opinión/Jesús Medina Olivares

En pocos periodos de la historia reciente de nuestro país, habían aflorado tan intensa y crudamente las tensiones internas como las que actualmente estamos viviendo.

El aparato del Estado Mexicano prácticamente está rebasado ante una cadena de problemas de corrupción, impunidad, narco-violencia, desapariciones forzadas, menosprecio a los derechos humanos, a los que se han sumado los trágicos acontecimientos que han sacudido al país; la supuesta ejecución extrajudicial de un grupo de personas en Tlataya a manos del Ejercito mexicano y la desaparición de alrededor de 43 jóvenes estudiantes normalistas en Iguala.

El gobierno mexicano está demostrando ser todo, menos eficaz: Es una realidad que el gobierno y el aparato del Estado, se encuentren paralizados. Sin movimiento, sin saber que hacer o hacia donde orientarse. De hecho, nadie puede negar que México sufre desajustes entre su realidad y sus instituciones públicas.

Existe una total desconexión entre el ciudadano y las instituciones, donde el compromiso con la legalidad el respeto a las libertades y los derechos humanos no es más que una aspiración.

La indignación de los mexicanos reclama soluciones. El descontento de la ciudadanía va en aumento y de no haber respuestas eficaces y convincentes se puede traducir en una ingobernabilidad difícil de predecir consecuencias.

Al gobierno de Peña Nieto se le están cayendo las máscaras y cortinas de humo con las que ha sostenido su gobierno.

El México de hoy es de movimiento en retroceso a las épocas más oscuras de nuestro país. La confianza en el estado está debilitada. El actual gobierno mexicano está demostrando que tiene una grave deficiencia para dar respuesta efectiva y contundente a estos actos lacerantes y sistemáticos de violaciones a los derechos humanos.

Ante la falta de confianza de los mexicanos a las instituciones y la disfunción del aparato estatal se requiere de una cirugía mayor. Es necesario un golpe de timón, un cambio institucional de gran envergadura y de fondo que propicie cortar de raíz la sub cultura ancestral arraigada en nuestra sociedad basada la corrupción e impunidad.

Se tiene que romper con este pacto de impunidad que lacera a la sociedad. Tiene que haber un rediseño donde existan limitaciones institucionales y la misma sociedad sea el contrapeso y no cómplice.

No es viable un estado que conserva instituciones, en la cual la ciudadanía no confía, que considera ineficientes, corruptas y desvinculadas de los problemas sociales.

Es imperativo rediseñar las instituciones para que sean funcionales y operen en torno al ciudadano y se adapten a las nuevas exigencias sociales. No pueden ser otros los vectores del cambio.

Ello demanda un proceso consciente que incorpore la demanda de nuevas relaciones entre sociedad y estado.

Es imperativo un nuevo sistema de gestión de gobierno, con un alto componente público, es decir, incrementando la participación ciudadana a fin de acotar el amplio margen de maniobra y discrecionalidad que tienen los gobiernos en sus actividades de representación de intereses y de conciliación de conflictos.

Para que exista gobernabilidad dentro del Estado, es necesario que el pueblo este de acuerdo con el actuar del gobierno, lo que se podría traducir como legitimidad.

Es urgente modificar el arreglo de la administración pública mediante la mejora de los procesos decisionales, rendición de cuentas y las relaciones con los ciudadanos que sean capaces de intermediar intereses dentro del estado y la sociedad civil.

Su finalidad es garantizar la gobernabilidad, que se deriva de la relación de la legitimidad del Estado y de sus gobiernos con la sociedad.

En suma se trata de establecer un nuevo contrato social básico, en que la sociedad tenga la posibilidad de estructurar sus demandas autorreguladas y del gobierno de satisfacerlas.