Incluir educación inicial en los derechos de los menores pide el PT

El Presidente del Partido del Trabajo en Aguascalientes Héctor Quiroz García celebró la aprobación que hizo el Senado mexicano éste lunes de una nueva ley sobre derechos de los menores, que incluye la creación de procuradurías para proteger a éste sector de la población y obliga a las autoridades a realizar y evaluar programas con políticas púbicas en la materia, entre otras medidas. La Norma quedó avalada en lo general por unanimidad.

Para el Partido del Trabajo es un avance en la materia pues ahora se le dará un enfoque de derechos humanos, en vez de uno “asistencial”, explicó así el motivo por el cual dicha ley es importante para este organismo político.

“Ésta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tendrán al menos 19 derechos, que las autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal- estarán obligadas a respetar y proteger”, detalló el líder Petista.

Estos derechos enumeró Quiroz son: 1) a la vida, 2) de prioridad, 3) a la identidad, 4) a vivir en familia, 5) a la igualdad sustantiva, 6) a no ser discriminado, 7) a vivir en condiciones de bienestar, 8) a una vida sin violencia, 9) a la protección de la salud, 10) a la inclusión si tienen alguna discapacidad, 11) a la educación, 12) al descanso y al esparcimiento, 13) a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura, 14) a la expresión, 15) a la participación, 16) a la asociación y reunión, 17) a la intimidad, 18) a la seguridad jurídica y el debido proceso y 19) a que se le atienda su condición de migrantes.

Para vigilar que los funcionarios protejan los derechos citados, la ley establece que se creará una procuraduría federal y procuradurías locales para la protección de los menores.

Éstas instituciones, además deberán brindar atención médica y psicológica a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran, y supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social o albergues, refirió.

Por otra parte, indicó que el documento fija sanciones para quienes violen los derechos de menores.

En caso de que, por ejemplo un funcionario evite reportar un “abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio”, es decir, bullying, lo tolere o lo propicie, o de que un psicólogo o trabajador social intervenga indebidamente en un proceso de adopción, se le multará con hasta 100 mil pesos.

Además, si un medio de comunicación difunde imágenes de un menor o una entrevista sin tener autorización de sus tutores o que divulguen datos de menores en procesos penales, la multa será de 200 mil a 2 millones de pesos.

En todos los casos, la sanción se elevaría al doble si hay reincidencia, especificó.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con éstas modificaciones el Poder Legislativo mejoró el documento –Que también reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil- y avanzada hacia “una ley que vaya en la dirección de garantizar los derechos de los niños, niñas, y adolescentes, de acuerdo con la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales”, según un comunicado que el organismo internacional difundió éste lunes.

Destacó que les precisa a los adultos cuáles son sus obligaciones, y señala que aquel adulto que ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia de un menor tendrán la obligación de garantizar sus derechos alimentarios –alimentación, vestido, habitación, salud-, de registrarlo dentro de sus primeros 60 días de vida, de asegurarse de que curse la educación obligatoria –de nivel preescolar a medio superior-, de protegerlo de cualquier forma de violencia y de educarlo “en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación”.

La ley completó también busca que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sea una institución más activa, para lo que le otorga más facultades, como promover la coordinación entre autoridades de diferentes niveles y la capacitación entre funcionarios del sector.

“Para el PT es de destacar que en ésta ley se establece que las autoridades de todos los niveles deberán incluir en sus proyectos de presupuesto recursos específicos para cumplir con sus nuevas obligaciones en éste campo. En el mismo sentido, el Congreso Federal y los legislativos locales tendrán que aprobar las partidas suficientes para éstas responsabilidades, y esto lo aplaudimos, sin embargo tenemos que señalar que queda un área muy sensible sin cubrir, que es la Educación inicial, se sigue mencionando como obligatoria sólo hasta la educación Preescolar, y se sigue sin atender la etapa fundamental del desarrollo del ser humano que es la Primera Infancia”, fue el llamado con el que remató Quiroz García.