Organizaciones ciudadanas solicitaron el sábado al gobierno evitar licitar campos ricos en gas en el norte de México, sin asegurarse antes de que la zona está limpia de fosas clandestinas con cuerpos de algunos de los desaparecidos que ha dejado la llamada guerra del narcotráfico.
ONG de ocho regiones del país se reunieron el sábado en Monterrey, un polo económico del norte cercano a la frontera con Estados Unidos, para pedir que antes de iniciar excavaciones para buscar yacimientos de gas se constate que en esos sitios no existen fosas clandestinas.
Expertos y autoridades han dicho que la Cuenca de Burgos, que se extiende por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es rica en yacimientos de gas shale, un recurso que con la nueva reforma energética se espera atraiga a inversionistas nacionales y extranjeros.
Estas tres regiones, ubicadas en la frontera norte, han sido azotadas por los cárteles del Golfo y Los Zetas, que desde 2010 mantuvieron una guerra sin cuartel por controlar las actividades ilícitas, dejando una estela de terror y de muerte en la zona.
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“Nos preocupa que en la implementación de la reforma energética se pueda anteponer el interés económico al dolor y la deuda que tiene el Estado mexicano con familiares de personas desaparecidas”, dijo Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), organismo anfitrión.
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De acuerdo con la fiscalía general de México, la cifra de desaparecidos asciende a 22.322 personas desde 2006 a junio de 2014.
Los representantes de los organismos civiles pidieron emplear herramientas tecnológicas para descartar la existencia de tumbas clandestinas en las áreas donde se extraerá gas.
Integrantes de estas organizaciones dijeron que creen que en varias ciudades de Tamaulipas aún hay fosas clandestinas.
En abril de 2011 fueron halladas fosas con 193 cuerpos en San Fernando, un pueblo de Tamaulipas, y poco después ese año fueron localizados otros entierros de este tipo en plena ciudad de Durango (norte, 500.000 habitantes) con cerca de 400 cadáveres.
Las fosas clandestinas siguen apareciendo en diferentes regiones del país.
México ha vivido una escalada de violencia desde diciembre de 2006, con la implementación de una estrategia militarizada contra el narcotráfico, que aunada a las disputas entre carteles, han dejado más de 80.000 muertos.
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