¿De qué acusan a Leopoldo López?

CARACAS, 24 Jul. (Notimérica/EP).- Tras meses de espera, por fin ha dado comienzo el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, a quien se le acusa de instigar a la violencia a los venezolanos en las protestas que comenzaron el pasado 12 de febrero y que han dejado al menos 50 muertos y cientos de detenidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el coordinador de Voluntad Popular “va a pagar” por los crímenes cometidos de los que le acusa la Fiscalía, que pasan por haber instigado a la ola de protestas contra el Gobierno, haber causado daños a la propiedad y haberse asociado para delinquir; unos cargos que comprenden penas de alrededor de diez años de cárcel, según fuentes del partido del opositor.

A López se le llegó a acusar también de terrorismo y homicidio, pero los cargos fueron suprimidos durante la comparecencia judicial a la que tuvo que someterse el pasado mes de febrero. De esta manera, el líder opositor se libró de las acusaciones más graves que pesaban sobre él.

“Me declaro responsable de haber convocado a la protesta, a la calle, con la intención de salir a conquistar la democracia y la libertad para todos los venezolanos”, dijo en su momento López.

“Soy inocente de los delitos que me imputan, pero nada espero de un sistema de Justicia compuesto por unos tribunales, un Ministerio Público y una Defensoría del Pueblo, altamente corrompido, secuestrado y manipulado por el Gobierno de Nicolás Maduro”, explicó.

LOS PROBLEMAS DE LÓPEZ CON LA JUSTICIA

Sin embargo, no es la primera vez que el coordinador de Voluntad Popular tiene un encontronazo con la Justicia venezolana. Si echamos la vista atrás, nos encontramos con López en las movilizaciones en la calle de la oposición venezolana que dieron lugar al golpe de Estado del Gobierno del fallecido Hugo Chávez en abril de 2002.

En ese momento, también se le acusó de estar implicado en el arresto del que fuera ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, aunque esta causa fue sobreseída en 2007 debido a la amnistía otorgada por Chávez.

Además, cuando López, economista de profesión, se desempeñaba como analista en la oficina del jefe de Petróleos de Venezuela, la entonces ONG Primero Justicia –antes de convertirse en la primera coalición opositora contra Chávez– obtuvo una donación a través de la madre del opositor, quien ocupaba un cargo de gerente en la petrolera estatal. Según la Contraloría esta donación contravino las ley y supuso un conflicto de intereses.

Por este motivo, López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años a partir de 2008, después de ocho años en la Alcaldía del municipio de Chacao, en Caracas. El opositor también fue sancionado por la Contraloría por el desvío de recursos que fueron destinados al pago de bomberos, maestros y policías y a gastos de alumbrado público cuando ejercía su cargo. Sin embargo, el juicio nunca tuvo lugar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó ante la Corte Interamericana que Venezuela había violado los derechos de López al inhabilitarlo por razones administrativas cuando se presentaba como candidato a la Alcaldía de Caracas, mencionando falta de garantías y protección judiciales.

Sin embargo, la Corte sentenció que las inhabilitaciones eran constitucionales. A día de hoy, López, además de sostener su inocencia, sigue insistiendo en que estas sanciones eran inconstitucionales porque si hubo delito “la Fiscalía debió haber investigado y pasarlo a un tribunal para que emitiera sentencia” ya que “si no hay condena, no hay inhabilitación”.

López está preso en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, desde que se entregó voluntariamente a las autoridades venezolanas el pasado 18 de febrero. Allí está aislado de todo contacto con el exterior o con otros presos.

Solo puede recibir la visita de su esposa, de sus padres, de sus hijos y de sus abogados, en un estricto régimen de visitas, según aseguran sus allegados. Hace unos días la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo, sin embargo, que el opositor no se encuentra aislado y que al contrario, las condiciones en las que se encuentra son “dignas”.