Mexicanos sufren: Violencia, abusos, impunidad, agresiones sexuales, injusticia, discriminación, complicidad, trata de personas, tortura, desapareciones y desplazados, homicidios, violaciones a los derechos humanos y agravios de género

Víctimas victimizadas por autoridades.

Hagan justicia, acaben con la impunidad o habrá más tragedias: activistas

Río Doce.- Violencia, abusos, impunidad, agresiones sexuales, injusticia, discriminación, complicidad, trata de personas, tortura, desaparecidos y desplazados, homicidios, violaciones a los derechos humanos y agravios de género, conforman el mosaico de los delitos que sufren a diario, cotidianamente, los ciudadanos, y si las autoridades no hacen nada habrá crisis, fracasos y tragedia humanitaria en el país.

Los activistas, expertos en derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales lo advierten: actúen, tomen medidas, escuchen a las víctimas, definan y apliquen políticas públicas, combatan y erradiquen, antes de que todo se vaya al carajo.

“Para las autoridades de muchas instituciones, estas personas quedan invisibilizados, y además de que son víctimas de la delincuencia organizada, lo son de las autoridades policiales, de salud, educación, estos migrantes que vienen de centro y Sudamérica, y de otros continentes”, afirmó la religiosa Leticia Gutiérrez.

La activista participó en el Primer Foro Regional realizado en Culiacán, cuyo objetivo fue elaborar el Programa de Atención a Víctimas, organizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAEV), organismo del gobierno federal, integrado por Jaime Rochín del Rincón, presidente, y los comisionados Susana Pedroza de la Llave, Carlos Ríos Espinoza y Julio Hernández Barros.

Otros cuatro foros regionales se realizarán en otras zonas del país, entre ellas Michoacán, Nuevo León y Veracruz.

Gutiérrez es integrante de la orden Scalabrinianas y de la organización Misión para Migrantes y Refugiados —con presencia en la zona del Golfo de México, desde los estados del sur hasta la frontera norte— afirmó que en algunas de las casas con que cuentan para apoyar a los indocumentados mexicanos y de centro y Sudamérica, atienden entre 200 y 700 migrantes al día, y “si este foro es solo para cumplir, vamos a la derrota, no a resolver ni a sanar un país enfermo de violencia, falta de justicia y de institucionalidad. Habrá una tragedia humanitaria”.

Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS) manifestó que si la Comisión Ejecutiva se “politiza” se va a perder la poca credibilidad que muchos ciudadanos, activistas y expertos han depositado en él.

“Ojalá que el organismo no se haga político, porque si se hace político se pierde, que no se politice. Están a prueba, van empezando y vamos a estar muy pendientes”, advirtió.

Silvano Cantú, abogado neolonés y que participó en la elaboración de la ley de atención a víctimas, dijo que la atención integral a quienes han sufrido abusos o violencia no es una ocurrencia y debe formar parte de una política pública. Señaló que hay una misión histórica que podría fracasar “si no se hace de la mano de la sociedad, las víctimas, los activistas. Hay que impulsar el empoderamiento de las víctimas y una democracia basada en los derechos humanos”.

Los trabajos del foro se realizaron en Culiacán los días 25 y 26 de junio, con la participación de autoridades, activistas, especialistas y defensores de los derechos humanos de cuatro estados, de cinco que fueron convocados: Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Los representantes de Chihuahua, que fueron convocados, no asistieron, lo que fue criticado por los organizadores.

Los grandes males: impunidad y complicidad.
Los grandes males: impunidad y complicidad.

Del lado de los malos

Un total de 27 estados, entre ellos Sinaloa, están reprobados porque no han homologado la ley federal en materia de atención a víctimas con la legislación local. Las autoridades de esta entidad apenas lo hicieron la semana pasada, pero todavía hay mucho camino por recorrer porque cada entidad debe conformar su Comisión Ejecutiva y crear un fideicomiso para dar una atención integral a los ciudadanos que sufran agravios.

“Hay mucho contacto directo con los estados para echar a andar la Comisión Ejecutiva, como dice la ley, igual que el fondo que es de más de 500 millones de pesos a nivel federal, y cada estado debe crear un fideicomiso y pagar los daños una vez que determine la autoridad si el ciudadano sufrió un delito, si necesita empleo, terapia, dinero. En suma una atención integral.

—Usted hizo una crítica a las autoridades de Chihuahua porque no acudieron a pesar de que fueron invitados, ¿pero cual es el principal freno que han encontrado para avanzar en esta materia?
—Este es nuestro primer foro, pero hemos decidido hacer público a quien no hace caso al llamado. Hemos recibido un gran apoyo del gobierno federal, de las organizaciones, los legisladores, y es muy desagradable que alguien no atienda las solicitudes, luego de que fuimos nombrados por unanimidad por el Senado de la República y de tanto apoyo. Yo lo interpreto como una muy mala respuesta del gobierno de Chihuahua, porque eso quiere decir que no les interesan las víctimas.

—Pero no es de extrañar en un país en el que las víctimas son victimizadas por las autoridades al haber tanta impunidad y complicidad.
—Pues el hecho de que Chihuahua no haya tomado seriamente este llamado es hacerse cómplice de los victimarios, porque entonces con quién está. Si aquí están los defensores de las víctimas, pues así lo queremos. No queremos que estén los defensores de los victimarios y si no vienen los representantes de Chihuahua se están convirtiendo en defensores del victimario. Esa es la gravedad.

—Pero el papel de la autoridad ha sido de complicidad, de omisión.
—De complicidad, de omisión, de no atender solicitudes, y en eso estamos ocupados los comisionados, y por eso hicimos el diagnóstico, hicimos un llamado respetuoso y atento para que todos los autoridades cumplan… y si uno faltó, es un estado que está reprobado, los demás están pasando la prueba.

—¿Cuántas veces tiene que ser víctima un ciudadano para que sea tomado en cuenta?
—Lo ideal es que solo una vez levantemos la mano cuando seamos víctimas. Lo que necesitamos es que inmediatamente nos atiendan, porque eso de andar pidiendo citas es algo de lo que se queja la víctima, que está para que se le atienda en el servicio público y de manera inmediata.
Una frase que me gusta es que el servidor público es el empleado de la sociedad, no su patrón.

Valer madre

En su intervención durante el primer día de actividades y antes de que iniciaran las discusiones a puerta cerrada, Carlos Navarro Sugich, procurador General de Justicia de Sonora, manifestó que en ocasiones “hay la concepción de que al Estado nos importa madre el dolor (de las víctimas del delito)”.

Dijo que es de celebrarse que por primera vez se “ponga de moda” y en el centro de todo la defensa de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE de Sinaloa, sostuvo que a los servidores públicos les falta sensibilidad para darse cuenta que “alguien que sufrió un delito no necesita más agresión de parte de los servidores públicos”.

Afirmó que aunque Sinaloa ya presentó la iniciativa para homologar la ley estatal a la federal en esta materia, las autoridades estatales tienen una deuda con las víctimas y deben actuar con humildad y sensibilidad “y entender que ya tiene un agravio a cuestas y lo que menos quiere es seguir siendo victimizadas”.

Dijo que se debe reconocer que Sinaloa es un estado violento y que todavía hay mucho por hacer respecto a la atención de las víctimas.

Actuar ya para evitar una tragedia humanitaria.
Actuar ya para evitar una tragedia humanitaria.

Tortura e invisibilidad

Valentina Peralta los quiere traer de regreso aunque ya no estén y hacerlos visibles. En su discurso, habló de los desaparecidos: las lágrimas que no secan, la cama sola y el ropero con la ropa que alguien que vivía en ese rincón del país dejó de usar porque fue levantado por hombres armados y nadie, ni sociedad ni gobierno, hicieron nada.

“Miles de altares, de espacios extraños en las casas, donde estuvieron los ausentes… un pozo en el que se hunden las familias, y tienen mucho miedo. Lo peor es la indiferencia de todo lo que está pasando. Eso es lo peor”, sostuvo Peralta, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lidera el poeta Javier Sicilia.

Entre los grandes malos a la hora de atender a las víctimas, agregó, es el nivel de impunidad, la falta de confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, y el desdén y prejuicio con que los servidores públicos atienden a los agraviados y con lo que criminalizan a las víctimas.

El otro tema que preocupa a abogados, comisionados y activistas es el de la tortura: su incidencia no solo no ha disminuido, sino que se ha generalizado, a casi 25 años del homicidio de la defensora Norma Corona y del nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a lo que se agrega la aceptación de parte de la ciudadanía de esta práctica deleznable.

“Los números que muestran no tienen que ver con la realidad de la tortura, no reflejan la cifra negra de la tortura en México, que es infinitamente superior a los poquitititos casos que se reportan, son miles. Una de las cosas por las que existe la tortura es por hacerla invisible, no reconocerla de parte de la autoridad y de los organismos de derechos humanos”, dijo Miguel Sarre.

El investigador y especialista en temas de derechos humanos, justicia penal y seguridad pública, quien también participó en este foro, dijo que la ciudadanía debe tener un papel más activo en la denuncia de este tipo de prácticas.

Entrevistado por separado, Carlos Ríos Espinoza, directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAEV), dijo que es necesario que el sistema penal excluya las pruebas obtenidas en base a la tortura, pero también que la ciudadanía deje de aceptarla como algo recurrente y normal en las corporaciones policiacas.

“A nivel de la ciudadanía es importante la toma de conciencia respecto a la condena al fenómeno de la tortura. Desafortunadamente se aprecia un alto índice de aceptación de la práctica por estigmatización de las personas que son sujetas a este tipo de medidas, porque están bajo un proceso penal”, manifestó.

El combate a la tortura, aseguró, obligará a las autoridades a eficientar las investigaciones de persecución del delito, con bases científicas, en lugar de recurrir a la violación sistemática de los derechos de las personas supuestamente involucradas en actividades ilícitas.