Infanta Cristina sería condenada en breve

PALMA DE MALLORCA (España), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca (España), José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma, hermana del Rey Felipe VI, pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Así lo ha decretado el juez mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, sea juzgado.

Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma –ante el propio Juzgado– como de apelación
–directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares–.

La Casa del Rey ya ha expresado su “pleno respeto a la independencia del poder judicial” tras conocer el auto judicial por el que se mantiene la imputación de la Infanta Cristina.

Dicha imputación no es compartida por la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá el auto, y lo hará de forma directa ante la Audiencia Provincial de Baleares, al mantener que la Infanta Cristina no actuó de forma irregular como socia al 50 por ciento de la sociedad Aizoon. En concreto, el magistrado le imputa un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales.

Sin embargo, el juez considera a la hermana del Rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, disfrutó de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

DISCREPANCIAS DEL FISCAL

Sin embargo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 8 de septiembre de 1966), no comparte las tesis que sostiene el magistrado para justificar el encausamiento de Cristina de Borbón.

De hecho, uno de los puntos en los que divergen juez y fiscal se encuentra en la interpretación que cada uno hace del reparto fiscalmente opaco de dividendos que llevó a cabo Aizoon y el hecho de que los Duques dispusieran directamente de los fondos de la empresa para atender gastos estrictamente personales.

Según Castro, esta circunstancia genera un doble efecto fiscal defraudatorio: por una parte, el que el matrimonio no tuviera que tributar estos gastos en el IRPF –“no lo hicieron nunca, con lo que consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública”– y, por otra, la minoración de la base imponible del impuesto de sociedades, al no computarse como reparto de beneficios de la empresa, contabilizando las cantidades como gastos de explotación de la propia mercantil.

Sin embargo, a juicio del fiscal, el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que concluir que los Duques defraudaron doblemente al fisco “es radicalmente errónea” y, en todo caso, “penalmente irrelevante”.

El fiscal Pedro Horrach, quien sostiene que las acusaciones de Castro hacia la hermana del Rey Felipe VI se basan en meras conjeturas, ya está trabajando en la redacción del recurso de apelación que interpondrá contra el auto de pase a procedimiento abreviado, en el que Castro da además un plazo de veinte días –debido a la extensión de la causa– a las acusaciones a fin de que formulen su escrito de calificación.

INTENSA INVESTIGACIÓN

A lo largo de ocho meses se llevó a cabo una intensa investigación que conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares.

Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quiera llegar al fondo del asunto con la imputación de la hija de Don Juan Carlos.

ARCHIVO

Por contra, el juez Castro, ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, así como sobre otros ocho encausados en el marco del caso Nóos, tal y como consta en el auto de pase a procedimiento abreviado con el que este miércoles ha puesto fin a la instrucción de este procedimiento judicial.

Junto a García Revenga, el juez también ha acordado el sobreseimiento para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío y el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, así como para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

RESPETO DE LA CASA DEL REY

La Casa del Rey ha expresado su “pleno respeto a la independencia del poder judicial” tras conocer el auto por el que el juez José Castro mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha indicado a Europa Press que la institución no tenía nada más que decir en relación con el auto más allá de manifestar su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”.

Se trata de la primera vez que la Casa del Rey se refiere a la “independencia” del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.

Hasta en tres ocasiones la Casa del Rey ha hecho un comunicado en reacción a un auto del juez que investiga el caso ‘Nóos’ sobre la presunta malversación de fondos públicos por parte del duque de Palma y su exsocio Diego Torres, desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.