La reforma energética, atentado a la soberania nacional

El debate sobre las leyes secundarias de la reforma energética en México

Opinión/José Carlos Ortega Sandoval

La controvertida reforma energética recientemente aprobada por el Senado y por el Congreso de la Unión ya se encuentra en la etapa donde nuestros legisladores deben regular las leyes secundarias para que se de funcionamiento en la vida nacional de nuestro país. La izquierda política con la participación de los partidos PRD, PT, Movimiento Ciudadano y MORENA han manifestado su rotundo rechazo a esta reforma que afirman representa un atentado en contra de la soberanía nacional por entregar el control de los recursos naturales a empresas extrajeras además de ser otra reforma estructural contando con el apoyo del PRI y del PAN afianzando el neoliberalismo que ha causado mayor pobreza en nuestro país.

Sin embargo sería importante platearnos las condiciones de dicha reforma por lo que su regulación es importante para que no se pierda la soberanía sobre el control del petróleo. En artículo titulado reforma energética y mundial de futbol afirmaba la necesidad de informar de manera clara y oportuna a la ciudadanía sobre el tema con el objetivo de concientizar e incrementar la participación política en los asuntos de nuestro país, ya que actualmente contamos con una sociedad cada vez más apática en las cuestiones políticas y sociales y con desconfianza en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos. La crítica debe fundamentarse con argumentos y tener la madurez para sentarnos con la oposición para llegar a los acuerdos que necesita México para recuperar la línea del progreso en beneficio de la sociedad.

La iniciativa en leyes secundarias para la Reforma Energética, buscará crear nuevas instituciones que puedan regular a todas las empresas pertenecientes al sector energético, la CFE y Pemex. Entre los principales temas están: Abrir para el sector privado la transformación, extracción y logística de hidrocarburos, los contratos serán adjudicados por licitación pública. Se establecerán reglas de transparencia que abarcarán cláusulas sobres costos y pagos. Pemex podrá tener la capacidad de decidir si reinvierte sus utilidades o las proporciona para sean utilizadas en la entrega de becas universitarios o el desarrollo de nuevas escuelas y hospitales. Se podrán cancelar los contratos cuando las compañías no cumplan con los planes de exploración, o entreguen información falsa sobre los yacimientos petroleros. El Fondo Mexicano del Petróleo del Banco de México, realizará los pagos acordados por contratos, así como hacerse cargo de la administración de los fondos petroleros. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encargará de realizar las licitaciones, asignar los contratos y administrarlos. La Secretaría de Energía (SE) dará lineamientos técnicos, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fijará la parte económica y fiscal.

Estos son los puntos principales del eje de la reforma donde la regulación de las leyes secundarias será fundamental para dar un avance significativo en la nueva operatividad del petróleo en México. Se basa en el paquete enviado el pasado 30 de abril por el presidente Enrique Peña Nieto, el cual consta de 9 leyes nuevas y 12 vigentes que necesitan ser reformadas. la reforma energética fue declarada constitucional por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 18 de diciembre, tras ser aprobada en el congreso federal por una mayoría calificada, y después de alcanzar el aval de 26 congresos estatales; con esto se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

El pasado martes 10 de junio se inició en el Senado la discusión del paquete. La importancia del tema radica en que estas legislaciones son como la letra chiquita de las modificaciones constitucionales que se hicieron el cómo debe funcionar ya en la práctica la relación del Estado con los inversionistas privados.

Los senadores y diputados de izquierda deberían estar más enfocados por lo relativo a reglamentar perfectamente bien los contratos del sector energético que se harán con empresas privadas, y que se establecieron en el artículo 25 constitucional para no repetir las malas experiencias de otros países, que han tenido proyectos con pérdidas financieras millonarias, en un clima de tensión social, con empresarios que se hacen multimillonarios en muy poco tiempo mientras la población en general baja su nivel de vida y ve nulificada la oportunidad de tener acceso a un empleo formal bien remunerado. El temor ante la experiencia del neoliberalismo en México con más de 30 años y en donde aun no vemos el beneficio de las reformas parece tomar una nueva etapa en el presidente Enrique Peña Nieto.

Para muchos analistas, los contratos de utilidad compartida con empresas privadas en materia energética, que están actualmente contemplados son riesgosos, ya que el Estado acuerda los costos de exploración y extracción además de la utilidad que se llevará el consorcio privado por la venta de algún hidrocarburo; muchas veces la empresa privada pide poca utilidad pero sus costos por tecnología, operación y de ejecución los eleva muchísimo, con lo que tienen una ganancia segura y no se ven afectados por la baja del precio internacional del producto, como podría ser el petróleo crudo extraído de aguas profundas, por lo que también se corre más el riesgo de corrupción de funcionarios y de los empresarios privados. Las empresas privadas también corren riesgos muy altos con los contratos que se negocian con el Estado para la exploración y explotación de los hidrocarburos, tal es el caso de la empresa brasileña Óleo e Gás Participacoes (OGP), anteriormente conocida como OGX, del ex millonario Eike Batista, la cual quedó en bancarrota al no poder cumplir sus compromisos desde el 2012, respecto a su producción petrolera, que apenas fue del 25 por ciento de lo que había prometido extraer en aguas profundas.

Los ejemplos de malas y corruptas negociaciones entre los gobiernos y los inversores privados en contratos en el sector energético, en el mundo, son muchos, pero destaca el caso de Kazajistán en donde se encontró el yacimiento más importante del mundo, y se firmó un contrato de riesgo y utilidad compartida, pasaron 10 años y el gobierno de ese país asiático no había recibido ni un centavo, y se tuvo que cancelar el contrato, con todo lo que ello implica, incluyendo pérdidas millonarias.

Los ciudadanos necesitamos un buen debate legislativo para que esta privatización de la industria petrolera no sea un fracaso, como resultó ser, por ejemplo, la liberalización de la petroquímica secundaria que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que los contratos de del sector energético que eran los únicos permitidos por la constitución antes de ser está modificada, sigan siendo casos de corrupción y de mala planeación como fue el caso de los contratos de Pemex, con la empresa privada Oceanografía de Amado Yáñez. Por este motivo era fundamental haber hecho la consulta ciudadana contemplada en el artículo 35 de la constitución donde se contempla la opinión de la sociedad ante los temas nacionales sin embargo es difícil creer en una sociedad interesada en ejercer su participación política y más en tiempos donde los medios tienen un control a través de la mercadotecnia en este caso, con el mundial de futbol.