Oligarquía presiona al congreso para aprobar las reformas

Artículo: José Carlos Ortega sandoval

Hablar de las estructuras sociales de nuestro país seria hacer alusión a un país que por un lado se encuentra manejado por grupos de interés que controlan los espacios del poder político y socioeconómico y por el otro seria un gran numero de ciudadanos que se encuentran en condiciones poco favorables de desarrollo social. Estas son las dos caras de una misma moneda, de México. El papel de las instituciones como reguladoras de las condiciones y administradoras de los recursos es importante sin embargo en esta situación podemos ver como a pesar del cambio de gobiernos, de partidos, los números de la desigualdad no mejoran por el contrario, son peores. Durante décadas se han violado impunemente disposiciones a la ley, el Estado equivocadamente ha respetado cotos de poder que van en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos y que nos cuestan en desarrollo económico, bienestar social y calidad de vida. La “gobernabilidad” y “equilibrio de poderes” se han usado como pretextos para permitir lo inadmisible. La creciente influencia de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica, el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad

La situación se agrava ante una sociedad desinformada y apática en la participación política incluso en los asuntos de interés social. La cultura de este país desde su independencia no nos favorece desde hace décadas México se caracteriza por su divisionismo. La formación política y social seria fundamental en este sentido con el objetivo de que la ciudadanía con los valores cívicos y patrióticos defendiera los intereses nacionales ante los grupos político partidistas, de de los poderes facticos y de los intereses extranjeros sin embargo la escasa intervención ciudadana en la política y desde luego de los espacios políticos para la sociedad en partidos y gobiernos vaya si hemos batallado por defender nuestra libertad de pensamiento y de expresión ahora la educación tiene como reto forjar la participación política desde los niños y jóvenes si queremos iniciar una verdadera transformación en nuestro país. La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional

Históricamente México se ha caracterizado por profundas desigualdades económicas y sociales, plasmadas en un espacio regional cada vez más desigual, al registrarse una excesiva concentración de la industria, el comercio, los servicios y la mano de obra en pocas ciudades y regiones, a expensas del atraso y de la pobreza del resto del país. Por mucho tiempo, la opinión pública, parecía haber llegado a un consenso: la desigualdad es simplemente una consecuencia de la falta de crecimiento económico. La tesis es simple: cuando crezcamos a tasas del cinco o seis por ciento, problema solucionado. Sin embargo, ni en tiempos de alto crecimiento económico (dos años con Ernesto Zedillo y el último trienio de Felipe Calderón) hemos tenido una correlación en la disminución de la desigualdad en México. Con pasitos adelante o pasitos para atrás, pero el llamado Coeficiente de Gini, que mide la inequidad económica en una sociedad, se ha mantenido en la misma línea desde 2004, tras un descenso de la desigualdad en los primeros años del periodo de Vicente Fox.

La pregunta es: ¿automáticamente el crecimiento económico genera mayor igualdad? ¿Es posible reducir la desigualdad en un México con esta estructura fiscal? ¿Qué tanto abonarán las reformas estructurales para construir un México más equitativo y menos disparejo? No existe en las reformas promovidas por Peña Nieto un combate a la desigualdad decidido y claro. Se apuesta a que la competencia, a través de su “mano invisible”, reparta mejor la riqueza. Como lo estipula el liberalismo económico de Adam Smith sin embargo se reduce el papel del estado a ser un espectador de la política neoliberal dejando de lado su responsabilidad en el desarrollo sustentable como entidad de interés público que es no por eso elegimos a través de elecciones a nuestros gobernantes en un sistema que se dice ser democrático y representativo en México.

En general, si tomamos los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), queda claro que la estructura fiscal en México es inequitativa, ineficiente e injusta. Como lo definió Carlos Elizondo en su libro Con dinero y sin dinero. En materia fiscal, dos datos nos pueden ilustrar la ausencia de una política redistributiva. Por un lado, el PIB per cápita de México es de 10 mil dólares, unos 130 mil pesos por persona al año (si la riqueza estuviera perfectamente repartida). Es decir, si la economía del país estuviera dividida perfectamente entre los más de 113 millones de mexicanos, el salario promedio al mes por persona sería de 11 mil pesos. Actualmente, el ingreso promedio en México es la mitad que eso. Un ejemplo de la influencia de los poderes facticos en la desigualdad social de México esta en Carlos Slim quien se mantiene como el más rico entre los extremadamente ricos del mundo. Forbes le atribuye una fortuna de 73 mil millones de dólares, algo así como 7.5 por ciento del producto interno bruto nacional para él solito. Durante Los dos sexenios panistas Slim logró incrementar su fortuna, al pasar de 10 mil 800 a 73 mil millones de dólares, con todo y crisis de 2009. Desde que apareció por primera vez en el inventario de ricos entre los ricos (en 1991, a raíz de la privatización salinista de Teléfonos de México), los haberes del dueño de medio país se incrementaron 4 mil 500 por ciento.

En lo político, el antiguo régimen de partido de Estado tenía el control político sobre la sociedad era casi absoluto. El corporativismo era el eje del régimen para mantener bajo sujeción al conjunto de la sociedad mexicana. El fortalecimiento del Estado suponía, de manera implícita, la existencia de un partido. (PNR, PRM, PRI) que controlara a los trabajadores, a los empresarios, al conjunto de los ciudadanos y desde luego a los medios de comunicación. Por ello, nada de raro tenía que Emilio Azcárraga Milmo declarara: “Somos soldados del PRI y del Presidente” o mencionara que “México es un país de clase modesta muy jodida” El Pacto por México fue una mesa de negociación política donde participaron los partidos PRI PAN PRD en el sistema de gobierno con el objetivo de llegar a un gran acuerdo nacional y organizar los poderes facticos y supuestamente disminuir su influencia, así lo decían sus lideres políticos sin embargo, el ruido que han provocado las reformas constitucionales entre los grupos oligárquicos que dominan la economía del país a través de los monopolios ha provocado su reacción y, desde ya, se encuentran ejerciendo una enorme presión sobre los legisladores y sobre el propio gobierno para que desde las leyes reglamentarias se desvirtúe o incluso se anule lo alcanzado en la reforma constitucional. Los analistas económicos discrepan perpetuamente sobre las áreas que merecen ser reactivadas. La lista es extensa: falta de reformas estructurales, ausencia de competencia económica, poderes fácticos, falta de construcción de infraestructura pública, débil financiamiento a las empresas, distorsiones en el mercado laboral, baja calidad de la educación o deficiencias energéticas

La lucha política de la izquierda en este sentido es la de evitar que so pretexto de esta negociación se fortalezcan aun más estos poderes fortaleciendo así el sistema neoliberal que a más de 30 años no hemos visto sus beneficios reales en materia de desarrollo social. Pero esto no debe terminar aquí sino solo a través de la activa participación ciudadana desde la sociedad civil podremos dar una cara democrática a nuestro sistema político apoyándonos en los artículos 39 de la soberanía nacional y articulo 35 donde la misma constitución defiende los derechos políticos de la ciudadanía como la consulta en los temas de interés nacional como el de la reforma energética y porque no aplicarlo en las demás.