La corrupción del PP español se extiende a México

ADN/Luz de Luna.- Un yate y un apartamento de lujo en Cancún (México) a cambio de 30.000 euros anuales era una ganga para Pablo Crespo, el presunto número 2 de Correa. Aunque fuera en régimen de multipropiedad.

Siguiendo el hilo de la información remitida por las autoridades suizas sobre las cuentas de la trama en el país helvético, la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, descubrió que el presunto número 2 de la Gúrtel disfrutó de yate y apartamento en la Riviera Maya al menos hasta 2008. En el auto dictado este martes, el juez requiere a las empresas de Miami, Marina SA y Club Lagoon Beach que le envíen toda la documentación al respecto de Pablo Crespo. Se trata de averiguar el destino de la fortuna de Crespo y los movimientos bancarios de la trama, también en EEUU, sin perder de vista los viajes de miembros destacados de la trama a Miami atraídos por las oportunidades de inversión en activos inmobiliarios.

Según la investigación, en Miami la red disponía de un entramado de sociedades que ocultaban el blanqueo del dinero de las comisiones ilegales recaudadas en España por la Gúrtel y sus políticos afines en la compra de apartamentos de lujo.

El juez, de nuevo, a por la caja B del PP

Las nuevas diligencias de investigación sobre Crespo no son las únicas destinadas a seguir tirando del interminable hilo de la Gürtel. En contra de la opinión de la secretaria del PP madrileño, Esperanza Aguirre, el juez no da por finiquitada la instrucción y con el apoyo del fiscal se lanza con otro nuevo auto a buscar más pruebas para apuntalar la existencia de la caja B de Génova. Falta poco para que Ruz, convencido de la existencia de la caja B, lo plasme de forma explícita en uno de sus autos.

En ese sentido el juez ha dado órdenes precisas para que Bankia le suministre información de las cuentas y movimientos de Bárcenas, su mujer Rosalía, su hijo Guillermo y Francisco Yáñez. Se trata de una información que Bankia negó poseer, pero una de las testigos sí reconoció su existencia. Igualmente Ruz ordena investigar la compra de acciones de Libertad Digital por parte de Rosalía Iglesias y Yáñez con dinero que los investigadores sospechan que provenía de la trama delictiva.