Inhabilitado jefe poliaciaco se niega entregar sus armas de cargo

Se niega exjefe policiaco, a entregar sus armas de cargo

Río Doce.- “Buzón telcel…”, responde en automático el teléfono celular oficial del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Pablo Andrés Hernández Lizárraga, ante las llamadas de quienes desean establecer comunicación con él.

Cuando se pregunta entre la tropa ¿dónde está?, unos policías responden que “está concentrado en Culiacán”, otros como eco repiten, “¿dónde está?”

Algunos agentes exsubordinados del exfuncionario policiaco afirman que “desapareció”.
“Al no atender el llamado para que con motivo de su suspensión temporal —hasta que culmine el procedimiento con una resolución— entregue sus armas de cargo, él es responsable de la utilización incorrecta que a partir de este momento realicen con ese tipo de armamento”, advirtió el Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.

La última vez que se le vio públicamente fue la tarde del sábado 22 de marzo, conversando con el alcalde Carlos Felton González, después de que por orden del gobernador del estado, Mario López Valdez, lo sustituyeron por Juan Antonio Murillo Rojo.

No transcurrieron los 100 días de su gobierno, cuando el presidente municipal de Mazatlán se reveló como el gran desinformado de uno de los temas más importantes del puerto, al aceptar que desconocía que su exsecretario de Seguridad Pública era investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“No tengo comentarios, no sé, la policía investigadora es la Ministerial; ellos son los que tienen que llevar a cabo sus investigaciones, desconozco si hay elementos para presumir lo anterior, no fue lo que se planteó con la rotación de mandos, la verdad es que no estoy enterado”, sostuvo el sábado 29 de marzo, ante los diarios locales.

La historia de la destitución de Pablo Andrés Hernández Lizárraga como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el puerto está entrelazada con la balacera del bar Barracruda’s, perpetrada el domingo 16 de marzo por un grupo armado.

Según la versión oficial, el cambio de secretario está conectado con el enfrentamiento armado protagonizado el jueves 20 de marzo entre elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) y delincuentes, que dejó dos agentes ministeriales muertos, en los fraccionamientos Misiones y Arboledas.

De acuerdo con la información de la PGJE, dos de los detenidos en este último suceso dieron datos que originaron la investigación del ex jefe policiaco.

Hasta el viernes cuatro de abril, cuando el procurador Marco Antonio Higuera Bernal declaró ante los diarios locales que Pablo Andrés Hernández Lizárraga era separado del cargo por los resultados de control y confianza, todos sus compañeros de armas asumían que estaba concentrado en Culiacán, hasta nueva orden de los altos mandos estatales.

Pero cuando el fiscal agregó que el exsecretario de Seguridad Pública Municipal fue sujeto a una investigación, iniciada tras la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, en Mazatlán, en los círculos policiacos empezó a correr la voz de que Pablo Andrés Hernández Lizárraga se había esfumado.

Habían pasado 13 días desde el sábado 22 de marzo, que de manera sorpresiva, el general retirado Moisés Melo García, coordinador general de Seguridad Pública, acompañado de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, y Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado (PME), había separado del cargo a Hernández Lizárraga y puesto en su lugar al doctor en derecho Juan Antonio Murillo Rojo.

El cuatro de abril, el titular de la PGJE informó que el exsecretario de Seguridad Pública Municipal presentó una incapacidad médica alterada del hospital del ISSSTE de Mazatlán.

Una papa muy caliente

El 21 de marzo de 2013, mientras Alejandro García Medrano salía por la puerta trasera del palacio municipal en Mazatlán, “castigado” por el asesinato de dos militares a manos de policías municipales; su jefe, el comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME), Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, aplaudía sonriente y orgulloso el nombramiento de Pablo Andrés Hernández Lizárraga en seguridad pública.

Junto al entonces alcalde Alejandro Higuera Osuna, Aguilar Íñiguez encabezó la sesión de cabildo, celebrada para designar a un nuevo policía ministerial al mando de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Chuy Toño se mostraba sonriente, y en más de una ocasión aseguró que daba todo su respaldo a Pablo Andrés.

Un año después, luego de acusaciones de nexos y protección a grupos delictivos, la suspensión del cargo y una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de Pablo Andrés, Chuy Toño decide guardar silencio.

Frunce el seño ante el cuestionamiento y camina a toda prisa, rechazando hablar sobre el tema, sólo repite una y otra vez, “yo no sé nada, yo no sé nada”.

“Si no se ha presentado es problema de él, yo no tengo ninguna información, yo no sé nada de eso, nada de eso, no sé nada”, expresó el comandante de la PME.

Genaro García Castro finge sorpresa. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se dice desconocedor del tema.

“De Pablo Andrés lo único que sé es que fue suspendido”, aseguró el también jefe de las corporaciones policiacas en Sinaloa. Dice no saber el por qué, aunque refrenda su confianza hasta el último momento.

“Yo tengo la obligación de confiar en todos los policías hasta que no se demuestre lo contrario, el día que el policía desvíe su conducta, genere compromisos en áreas donde no debe, hasta ese día, cuando yo tenga elementos suficientes desconfiaré de ellos pero no puedo vivir desconfiando de nadie”, explicó García Castro.
Sin informar sobre avances en la investigación, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez asegura que el proceso administrativo continúa abierto, sin que hasta el momento Hernández Lizárraga se haya presentado ante la PGJE.

—¿Cuál es su estado legal? —se le cuestionó al procurador.

—Para nosotros únicamente es una suspensión temporal, mientras en el procedimiento se determina qué situación hay, si hay un hecho delictivo o bien hay alguna sanción administrativa. Él con nosotros no se ha presentado pero su procedimiento sigue su curso”, detalló.