Alberto Aguirre/El Economista
En la primera sesión de trabajo del cabildo de Aguascalientes la regidora panista Carmen Lucía Franco Ruiz-Esparza anunció, impecable: “este no será un gobierno de mochadas ni de cuotas. Trátese de quien se trate, hay que dar de baja a los malos funcionarios que incurran en esas prácticas”.
Dos meses después, la munícipe tendría que ser congruente y solicitar que su compañero de partido y alcalde de la capital hidrocálida, Antonio Martín del Campo, fuera cesado del cargo, luego de haber cedido al cohecho de un grupo de diputados federales del blanquiazul, entre quienes estarían Teresa Jiménez Esquivel, Víctor Serralde y el líder de la bancada en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal.
El primer edil de Aguascalientes estaría involucrado en estas mochadas, lo mismo que los alcaldes Antonio Arámbula, de Jesús María, y Javier Luévano, de Calvillo. Pero el senador Martín Orozco, ex candidato a la gubernatura de la entidad, considera que estos hechos debe ser investigados y sancionados por las instancias partidistas encargadas de mantener la civilidad en la contienda interna por la dirigencia nacional del PAN.
La virulencia, en el arranque de la contienda interna. Y el descrédito, para el PAN. José Manuel García García, delegado del CEN del PRI en Aguascalientes, exigió una investigación judicial para deslindar responsabilidades y castigar a aquellos que han extorsionado a los alcaldes panistas con la obra pública, “porque no es otra cosa más que extorsionar y aprovechase de algunas posiciones para llevar beneficios personales y particulares”. Insistió, “no se vale jugar con los impuestos de la gente y deslindarse tan irresponsablemente, tratando de tender una cortina de humo. La gente se dio cuenta una vez más de lo corruptos que son, ahora debemos velar porque esas corrupciones se sancionen”.
Este nuevo escándalo impacta a la primera línea de operadores “maderistas”; los “secuaces” del jefe nacional con licencia –de acuerdo a la descripción del senador Javier Lozano–, quien debería “limpiar el cochinero que dejó en el PAN con los moches”.
Mientras, la Comisión Organizadora de la elección panista ha validado los registros de Gustavo Madero y Ernesto Cordero, quienes tendrán 60 días para hacer campaña. El Comité, que será electo el 18 de mayo, estará en funciones hasta el segundo semestre de 2015.
“En tierra”, los ejércitos electorales de los candidatos recorrerán el país para contactar al mayor número posible de afiliados al PAN. Se espera que puedan difundir y promover su campaña en las sedes municipales y estatales del partido, donde incluso podrán fijar propaganda, en los espacios previamente asignados, equitativamente. Y también, que contraten tiempos en radio y televisión para difundir sus propuestas.
Los moches de los alcaldes panistas a los diputados federales; la protección a casineros en el Bajío y el norte del país; el escándalo de Oceanografía. En la ruta de la elección del próximo jefe nacional del blanquiazul se aceleran los deslindes y se ahondan los ajustes de cuentas. En estas historias surgen dos personajes: Fernando Manzanilla, quien acaba de asumir la coordinación operativa de la campaña corderista y tiene el antídoto que neutralizará la operación política del gobernador de Puebla, Rafael Moreno-Valle, uno de los principales apoyadores de Gustavo Madero.
Por lo mismo, pronto se verá inmiscuida en estos meandros la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien -de acuerdo con empresarios afectados por sus decisiones– es la principal protectora de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona, el llamado Rey de los Casinos.
La Ley del Talión, versión panista. Ayer, después de que Lozano exigiera a Madero que “limpiara” el cochinero de los moches, comenzó a correr la versión de que el legislador poblano habría intercedido a favor de quien fuera su esposa, la abogada Silvana Ponzanelli Vázquez, recientemente designada directora de la Fundación Televisa.
“Al tiempo de que asegura el futuro de su ex pareja y suma puntos y apoyos de la televisora de San Ángel, en su desbocada carrera para tratar de ser el candidato del PAN al gobierno de Puebla. ¿Será que sigue pensando que, como en la administración de Calderón, las televisoras fabrican gobernadores?”, finalizaba el mensaje que incriminaba al senador Lozano, quien recientemente presentó un punto de acuerdo para que se informe del resultado de la investigación del IFT sobre el presunto vínculo de Telmex-Dish.
EFECTOS SECUNDARIOS
REAPARICIÓN. Erigida como “voz crítica” dentro del PAN, Josefina Vázquez Mota estará en León, Guanajuato, este mediodía para presentar su libro sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero inevitablemente tendrá que referirse públicamente al clima de crispación que marca el inicio de la contienda entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero por la presidencia nacional del blanquiazul. Los comicios dentro del PAN –ya lo había advertido la ex candidata presidencial, hace cuatro semanas– se ven amenazados por la exacerbación y la segmentación; por la radicalización de los intereses de grupo.
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