Matan jueces que llevaban casos de fraudes a CFE

“Preocupa el silencio y la falta de información”, opinaba el finado exjuez civil.

“Es un crimen muy grave y sí preocupa el silencio y la falta de información a la ciudadanía”, dijo el exjuez civil Javier Sámano Bazúa a Ríodoce, al ser entrevistado el 23 de junio de 2013, sobre el extinto exjuez civil Isidro Hernández Ramírez, masacrado junto con su familia en la zona serrana del municipio de Concordia.

A ocho meses de aquellos asesinatos, Sámano Bazúa nunca imaginó que también él sería una víctima mortal, cuando el miércoles pasado fue muerto a tiros cerca de su despacho particular. Y que a raíz de la falta de información, una de las primeras conjeturas que circularían sobre el móvil de su asesinato sería en torno a un presunto fraude contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Una semana antes, en los corrillos de abogados, se comentaba que Sámano Bazúa y Ofelia Pardo Lizárraga, su exsecretaria de Acuerdos, se ampararon porque desde el 21 de enero tenían una orden de aprehensión en su contra, sin especificar de qué los acusaban, pero asumían que se trataba de la CFE.

“Están matando a los exjueces que estuvieron involucrados en los fraudes contra la CFE”, aventuraban versiones extraoficiales, el día del homicidio. En cuanto al “silencio” que tanto preocupaba al finado, se dijo que las autoridades municipales y estatales intentaron silenciar el impacto de aquel crimen familiar para no dañar la supuesta buena imagen de Mazatlán.

Desde el momento que los jefes policíacos se enteraron del atentado contra Javier Sámano Bazúa, se comunicaron por la frecuencia selectiva (sin acceso a la tropa); sabían que se trataba de un crimen de alto impacto, porque el exjuez civil era un litigante que gozaba de poder y fama en los tribunales civiles y penales.

Javier Sámano Bazúa, de 60 años, hizo cosas “que fueron interesantes”, dicen tanto defensores como detractores: fue juez Primero y Segundo de lo Civil, doctor en Derecho, catedrático de la UAS y conoció a fondo los laberintos legales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Dicho conocimiento, sostienen quienes lo trataron de cerca, le permitió al exjuez tener el poder para colocar al menos a ocho, de cada diez funcionarios públicos que actualmente operan en los juzgados civiles de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.

Por ello, enfatizan, cuando Sámano Bazúa, jubilado y convertido en abogado litigante llegaba a los tribunales civiles, no había funcionario público que le cerrara las puertas y le ocultara el tejemaneje de los asuntos legales que el finado defendía y ganaba a favor de sus clientes que lo contrataban.

El crimen fue cometido aproximadamente a las 10:50 horas, cerca de las oficinas del abogado, marcadas con el número 207 de la calle Río Bravo, entre las calles Papagayo y Jesús García, en la colonia Ferrocarrilera, a ciento cuarenta metros del portón por donde entra y sale el personal de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República.

Luego de ocurrido el crimen, no todo fueron lágrimas ni pésames, sino que también hubo filias y fobias: “Y murió el cinco de febrero, el Día de la Constitución… que tanto violó”, dijo una abogada.

Otro abogado añadió: “El doctor Sámano Bazúa era una persona muy humanitaria, si tú tenías una urgencia económica y les pedías cinco mil pesos prestados, él te los prestaba, pero te decía “sé que no me los vas a pagar”.

El 16 de diciembre de 2011, Ríodoce entrevistó en su lecho de muerte, derrumbado por la diabetes, al fallecido abogado penalista, Nicanor Bautista Ramírez, quien acusaba de corruptos a los entonces jueces civiles Javier Sámano Bazúa y Juan Camacho Mérida.

—¿Es cierto que usted denunció penalmente al juez Sámano Bazúa?— se le preguntó a Bautista Ramírez.

—Hay una denuncia penal en contra de Sámano Bazúa, que es la averiguación previa 221/2004, en la agencia tercera y en el archivo causó prescripción.

—¿De qué acusaba al (entonces) juez Sámano Bazúa?

—El señor cometió delitos contra la administración de justicia— dijo el penalista.

El 23 de junio de 2013, este semanario le preguntó a Sámano Bazúa sobre las acusaciones del abogado penalista, a lo que respondió:

“Es algo subjetivo, es algo personal, él pudo decir lo que quiso; decir es fácil, hay que comprobarlo, y él como abogado debió saber que lo que un abogado dice debe ser comprobado”.

En esa ocasión, Sámano Bazúa dijo respecto al fuerte silencio que imperaba en los círculos del Poder Judicial y de los abogados en torno a la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, que “la verdad es que yo no le encuentro explicación, porque es un crimen bastante terrible, bastante serio…”

Febrero cinco

—A las 10:50 horas, el abogado Sámano Bazúa es atacado a balazos por un sicario cerca de sus oficinas ubicadas en la colonia Ferrocarrilera.

—El vehículo utilizado fue una camioneta Ford Lobo, doble cabina, color negro, sin placas.

—Peritos de la Procuraduría General de Justicia recogieron tres casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

—A las 13:02 horas, Sámano Bazúa muere en la clínica del Issste debido a la gravedad de las lesiones.

El rector Juan Eulogio Guerra. Indignación.
El rector Juan Eulogio Guerra. Indignación.

Sin derecho a la vida: Juan Eulogio Guerra Liera

“Estamos indignados por la violencia que estamos teniendo en Sinaloa”

“Desde aquí exigimos para el maestro Sámano, así como para todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la violencia, exigimos respuesta rápida, pero sobre todo condiciones para que se garantice la paz social en Sinaloa”, dijo en Mazatlán, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, durante una gira de trabajo por el sur de Sinaloa.

Todavía estaba tendido el cuerpo. Igual reclamo hacía Diana Margarita Garzón, directora de la Facultad de Derecho de la UAS, en Mazatlán.

“Todavía no podemos concebir que el maestro Sámano Bazúa haya perdido la vida en manos de delincuentes, ¿cómo es posible que no tengamos ese derecho a la vida que está en nuestra Constitución?”

“Nuestra postura como sinaloenses —sostiene—, es que se encuentre a los delincuentes, que los gobernantes preserven los derechos humanos no solamente de los mazatlecos sino de todos los ciudadanos; estamos indignados por la violencia que tenemos en Sinaloa”.

La directora de Derecho reconoce que la UAS debe tener una postura de exigencia para el esclarecimiento del crimen, debido a que la institución es formadora de abogados, y añade que “muchos alumnos y maestros de la escuela han venido a despedirse de su maestro, conmocionados por lo que está sucediendo, pues junto con el respeto que se tiene por el dolor de la familia, también conscientes de exigir que se cumpla con la legalidad y el derecho a la vida”.

—El doctor Sámano Bazúa era de la opinión que ante los crímenes no podían guardar silencio, como en el caso de la masacre, en Concordia, del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ocurrido el año pasado.

—Así es, no podemos quedarnos callados. La facultad de Derecho de la UAS ya ha tenido cinco muertes violentas: la de los maestros Carlos Leyva, Pablo Rendón, Rubén Bórquez, Miramontes, y ahora la del maestro Sámano Bazúa, quien era consejero universitario suplente de la facultad de Derecho e impartía la materia de Derecho Civil.

Javier Sámano. Final trágico.
Javier Sámano. Final trágico.

—¿Qué acciones va a realizar la Facultad de Derecho para exigir justicia?

—Los universitarios no olvidamos, pero sí confiamos en la legalidad. Hablamos ya con el subprocurador Regional de Justicia, Jesús Antonio Sánchez, Solís, quien es maestro también de la facultad, y vamos a esperar que ellos resuelvan. Confío en que él no solamente va a tener la obligación como subprocurador, sino la obligación moral por ser maestro de la facultad, por ser universitario, porque así como daña a la ciudadanía este delito, nos daña a nosotros aún más. Es realmente, como le digo, indignante. Ayer hablé con el subprocurador, como amigos, como compañeros de trabajo, pidiéndole que cumpliera su deber como universitario y como amigo.

—¿Y qué le respondió el subprocurador?

—Que ellos están realizando todo lo necesario, que están buscando móviles, y confío en que nos dará una respuesta pronta.

—¿No hay todavía posibles móviles del crimen?

—Todavía no pero vamos a estar muy pendientes de la revisión de todo el expediente.

Margarita Garzón relató que el día del homicidio (5 de febrero) “expresé en las redes sociales lo paradójico que resulta que el día en que se conmemora la Constitución Política del país, en donde se preservaban los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, ejecuten a un maestro universitario ¿qué pasa entonces con ese derecho a la vida? Dije que todavía tengo fe y espero que los gobernantes apliquen la ley”.