El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que mientras siga ocupando su actual cargo no se producirá ni una sola filtración más sobre expedientes que esté tramitando la Agencia Tributaria (AEAT), y ha negado que se produjeran presiones para reducir la multa de 450 millones de euros a la multinacional mexicana Cemex, instando a los inspectores a denunciar cualquier tipo de injerencia que sufran.
En una interpelación en el Pleno del Congreso formulada por el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, sobre la cadena de ceses y dimisiones ocurrida en las últimas semanas en la AEAT, el ministro ha pedido a todos “responsabilidad” cuando se trata sobre estos asuntos, y ha “garantizado” que mientras siga al frente del departamento “no se va a filtrar ni un procedimiento administrativo de la Agencia”. “Cuando digo ninguno es ninguno. Voy a aplicar la ley como es mi obligación”, ha insistido.
Y es que la Ley General Tributaria vigente “impide” a la Agencia desvelar ningún detalle sobre “expedientes concretos”, aunque Montoro ha vuelto a asegurar que modificará este precepto para que “los españoles conozcan las condiciones de morosidad de muchos contribuyentes con la AEAT”. “Soy el primero que lo está deseando”, ha añadido.
Porque, a su juicio, esta imposibilidad para informar sobre ciertos detalles de la lucha contra el fraude “tiene mucho que ver”, según Montoro, con algunas informaciones que se publican en los medios de comunicación, y que él interpreta como “formas de presión” a Hacienda por parte de quienes “tienen bastantes problemas económicos”. “Lo sé porque me lo cuentan, no es que esté teorizando. Cómo no voy a conocerlo, si vienen a mi despacho a contarme sus problemas económicos”, ha llegado a desvelar.
Y un ejemplo de esta publicación de falsedades se ha dado, según el titular de Hacienda, con toda la información sobre la multinacional cementera Cemex, a la que la AEAT habría impuesto una sanción de 450 millones de euros recurrida por la compañía y que habría precipitado el cese de una inspectora por negarse a acatar órdenes internas de reducir esa sanción.
Sobre este tema, Montoro ha asegurado que “no es verdad” que se “modificara el expediente” de sanción a Cemex y ha lamentado el “daño” que una información “falseada” crea en la sociedad. De hecho, ha señalado que el medio en cuestión consultó con el Ministerio antes de publicarlo, y que se le indicó que no era cierto. “Pero siguió adelante porque decía que eran sus fuentes. ¿Sus fuentes? Que las explique, porque es muy peligroso romper la garantía de cualquier procedimiento administrativo y judicial”, ha reprochado.
Posteriormente, en declaraciones en los pasillos de la Cámara, el ministro ha insistido en este mensaje y ha desvinculado estas referencias de las críticas que desde algunos medios se hace al Gobierno o a su departamento. “Las críticas son lo más sano de la democracia. Yo me refiero a que se den informaciones falsas a los ciudadanos, porque hace daño al trasladar a la gente lo que no es una realidad”, ha insistido.
“Uno no está acostumbrado a informaciones falsas sobre sanciones que se hacen a empresas. Cuando una información es falsa, es falsa. Y cuando desde Hacienda se dice que es falsa, ese medio está obligado a rectificar. Y, si tiene otras fuentes, que lo explique y sobre todo que digan esas fuentes por qué dan esa información”, ha apostillado.
Con respecto a las acusaciones de injerencias por parte del Ministerio en el funcionamiento de la Agencia Tributaria, Montoro ha insistido en que los ceses se deben a un “relevo” de altos responsables como consecuencia del cambio que se produjo hace medio año en la Dirección General.
En este punto, ha negado haber dicho que las destituciones se debían a razones ideológicas por tratarse de inspectores socialistas, como se publicó tras la celebración del Día de la Constitución, y ha precisado que a lo que se refería es a que en la delegación de Grandes Contribuyentes hay “al menos” seis altos cargos políticos (no funcionarios) nombrados por el Ejecutivo del PSOE para “puestos relevantes”. Entre ellos, incluso un ex secretario de Estado de Hacienda socialista.
“¿Y cuándo me he enterado de esto? A raíz de estos acontecimientos, tras dos años. No lo sabía, para que vean toda la injerencia política que hago”, ha ironizado, emplazando a los inspectores que sientan que están siendo sometidos a presiones que lo denuncien a través de los procedimientos existentes para ello. “Cada uno tenemos nuestra responsabilidad, pero que se expliquen. ¿Han tenido alguna injerencia, les han modificado un planteamiento, han visto la actuación de un grupo de interés? Ya saben dónde tienen que ir, por el bien del país”, ha insistido.
Además, ha reiterado su ofrecimiento de negociar con el resto de fuerzas parlamentarias, en el marco de la reforma tributaria que se planteará en el primer semestre de 2014, un estatuto de la Agencia Tributaria, pendiente desde 1990, para delimitar los nombramientos, la carrera administrativa y otros extremos, “por la tranquilidad y confianza de todos, y con la responsabilidad de todos”.
Más allá de negar injerencias políticas sobre los funcionarios, Montoro sí ha reconocido tener “mucha experiencia” en recibir peticiones de empresas y grupos de presión para conseguir “trajes a medida” en materias como los aplazamientos en el pago de sus deudas tributarias que, según ha dicho, se han incrementado con respecto al catálogo existente en su otro periodo al frente del Ministerio.
“Yo tengo mucha experiencia en esta materia y sé lo que es rechazar un proyecto de inversión empresarial a cambio de una nueva normativa fiscal. Y sé que hay otros países europeos que lo hacen, y eso es competencia fiscal desleal en la UE. Pero en España no se hace eso, nadie lo pretende, no se hacen cambios tributarios en virtud de ninguna inversión específica”.
De hecho, ha asegurado que en el año 2004 las grandes empresas y grupos consolidados pagaban un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades estaba en el 14-15%, y que tras dos mandatos socialistas “no llega al 5% de media”, lo que quiere decir que “muchas grandes empresas no pagaban Sociedades con el PSOE”. “Ésa es la realidad, y desde que gobernamos nosotros esas empresas pagan más”, ha asegurado.
Montoro ha puesto incluso cifras a esta afirmación, señalando que en 2011 la media de grupos consolidados estaba en el 3,8% de tipo efectivo y ahora llega al 8%, lo que ha permitido que en 2013 la aportación de este grupo de contribuyentes sea 4.800 millones de euros superior a la de un año antes, a pesar de la recesión. “Eso es lo que pasa cuando gobierna la derecha”, ha añadido.
“La crisis implica una pérdida de confianza y tenemos que responder con transparencia, pero de todos. Subrayo, de todos, no sólo de los que estamos en la vida pública. Los medios de comunicación, los medios económicos… todos estamos obligados a esa transparencia, y yo soy el primer servidor público que cree en ella y que la va a estimular y fomentar”, ha zanjado.
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