Cartas de narcos al presidente de México

“Ya pagué, espero justicia, no venganza”, dice

Río Doce.- “Lo que tenía que pagar, ya lo pagué”, le dijo Rafael Caro Quintero al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en una carta que también envió al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una copia de la misma, ya firmada y sellada de recibido en las dependencias y en la CNDH, se hizo llegar a la revista Proceso por los abogados del capo y la revista publicó sus partes esenciales en la edición 1935 del 1 de diciembre pasado.

En ella, Caro Quintero, que formalmente obtuvo su libertad la madrugada del 9 de agosto pasado, pide a las autoridades no dejarse presionar por “el ánimo de revanchismo” de Estados Unidos, que busca una nueva aprehensión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, por el que estuvo preso 28 años.

El capo, quien fue detenido en abril de 1985 en Costa Rica y condenado en México a la pena máxima de 40 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato de Camarena y su piloto ese año, así como por cultivo y tráfico de mariguana, acusa una “absurda persecución” en su contra.

La carta se hizo llegar a las dependencias los días 19 y 20 de noviembre.

“A raíz de mi salida de prisión resurgió con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por los Estados Unidos de Norteamérica, que logró que la Suprema Corte de Justicia de la nación revirtiera su decisión”, expresó en la misiva firmada por el ex líder del cártel de Guadalajara.

Caro Quintero se vio beneficiado por un amparo que le otorgó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco el pasado 9 de agosto, lo que le permitió quedar en libertad tras purgar 28 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA.

Sin embargo, desde el 6 de noviembre fue declarado prófugo cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) revirtieron el amparo mediante el cual había sido liberado, poco después de que el Departamento de Estado de EU anunció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que lleve a su “arresto o condena”.

“Mi única petición es que mi expediente sea revisado con justicia… una valoración donde no pese más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo… Que no ceda a presiones políticas ni que por esa vía se resuelva un asunto que compete únicamente al Poder Judicial”, expuso Caro Quintero.

Añade: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”.

“Y la justicia que reclama Estados Unidos para su connacional ya fue pagada en México, en las condiciones que se me impusieron”, dice el capo y hace referencia a que a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, por lo que se queja de que ahora “increíblemente (se me acusa) no solo a mí, sino también a mi madre, a mi esposa y a mis hijos”, que según él, “ninguno de ellos nunca ha tenido nada qué ver con delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”.

Proceso tuvo acceso también a una queja que presentó la defensa de Caro Quintero la semana pasada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la persecución de que consideran han sido objeto el excapo y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”.

“Esta infernal pesadilla contra mis seres queridos y contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones apegadas a derecho, sino… del resentimiento y deseo de venganza de quienes allende nuestras fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi familia… quienes deban pagar por mí”, expone.

En su queja acusa a la PGR, al Ejército, la Marina, la Interpol y a la Oficina de la DEA en México de haber agredido físicamente a quienes tienen relación con él durante cateos en sus domicilios y hace referencia a tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos y argumenta que “independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad, ya la he pagado”.

“No hay que olvidar que 18 años, de los 28 que pasé en prisión, fueron en un penal federal en donde 23 horas del día se está dentro de una celda, en donde la convivencia familiar se agenda una vez cada 15 días, en donde hay vigilancia con cámaras permanentemente en cada una de las celdas, en donde la familia tiene que pasar una rigurosa inspección antes de ingresar al penal, en donde no hay teléfonos, ni libros ni plumas ni televisión, y donde estaba cumpliendo tratamiento penitenciario de reinserción social”.

Y remata: “Independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad, ya he pagado”.

Dos días después de la publicación de Proceso, Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, confirmó que, efectivamente, Rafael Caro Quintero envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam reconoció que él mismo recibió la carta, que también llegó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“No es supuesta la carta (enviada por Caro Quintero), yo la recibí, es cierto el asunto”, reiteró Murillo Karam entrevistado al término del Simposio Internacional contra la Explotación Infantil.

El funcionario agregó: “Es un asunto que se resuelve en el ámbito judicial y ahí está”. En las horas y días siguientes se buscó también la confirmación de Presidencia, pero esta negó tener conocimiento de dicha carta.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, reconoció que también recibió una carta del narcotraficante Rafael Caro Quintero, en la que se queja de que las autoridades violentan sus garantías individuales y las de su familia.

El ombudsman nacional detalló que la misiva contiene “aspectos muy generales”, por lo que buscan contactar a su abogado para que precise a qué se refiere cuando su cliente dice que no se respetaron sus derechos humanos.

La Barbie también pidió al presidente

No es el único narco que ha enviado mensajes al presidente.

De hecho muchos narcomensajes se han dirigido a la más alta autoridades del país, de diversas formas, a través de desplegados, o mantas colgadas de los puentes.

El 2 de septiembre de 2004, Édgar Valdez Villarreal, quien ya era buscado por la agencia antinarcóticos de estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría General de la República (PGR), decidió irrumpir en la escena pública al pagar un desplegado de prensa en el que se inconformaba de la violencia que se vivía en nuevo Laredo, Tamaulipas.

La carta fue publicada en el periódico El Norte de Monterrey y estaba dirigida al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada. En ella La Barbie, quien se identificó como un empresario, rechazó ser un delincuente como lo pintaban las autoridades y aseguró que dejó Nuevo Laredo porque la Policía lo extorsionaba constantemente.

“Le pido que intervenga para solucionar la inseguridad, extorsión y el terror que existe en el estado de Tamaulipas, especialmente en la ciudad de Nuevo Laredo”, señaló Valdez Villarreal en la misiva.

En 2006, previo a las elecciones presidenciales de ese año en México, La Barbie volvió a enviar una carta solo que ahora dirigida a la cúpula empresarial y a los candidatos presidenciales. Publicada en el periódico Milenio, responsabilizó a Los Zetas de la violencia que se vivía en Nuevo León y acusó a la PGR y a las autoridades estatales de brindarle protección a ese grupo.

“Convoco al nuevo sexenio que se aproxima, y al hombre que se le deposite la confianza para encabezarlo por medio del sufragio, tenga el valor para hacer prevalecer el estado de derecho, mismo que debe regir de manera igualitaria, un sexenio que contenga acciones contundentes y firmes para acabar con ese gran cáncer de narco-secuestradores y asesinos de mujeres y niños”.

Édgar Valdez Villarreal fue detenido la noche del 30 de agosto de 2010 en el estado de México, por un grupo especial de la Policía Federal.

Con información de agencias.