Río Doce.- Solo una despensa.
Eso dicen algunos de los desplazados en cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, que les han dado las autoridades en un año siete meses de conflictos violentos, personas muertas, casas incendiadas y saqueadas, amenazas y ruinas: una despensa el Ayuntamiento de Sinaloa y otra el Gobierno del Estado.
Los inconformes acusan al mandatario estatal, Mario López Valdez, de haberlos ignorado a pesar de que le han enviado cartas en las que le solicitan diversos apoyos. Algunos de los documentos han derivado en oficios de la oficina del gobernador a otras dependencias como la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno, sobre la demanda de atención de parte de cientos de familias afectadas por el actuar del crimen organizado, pero ninguna se ha traducido en hechos que atiendan el problema.
Los inconformes piden la instalación de bases militares y patrullaje por parte de las fuerzas castrenses, pies de casa, servicios públicos o en su caso ayuda para reinstalarse en otras comunidades o ciudades, ante las agresiones, homicidios y hostigamiento que siguen sufriendo de parte de los grupos criminales.
“Ya anteriormente pedimos su intervención ante el secretario de la Defensa Nacional para ver si era posible la instalación de bases militares permanentes en algunas comunidades serranas; esto con la finalidad de que se diera el regreso de dichas familias a sus lugares de origen pero esta nos fue negada por no ser hecha por el gobernador del estado a pesar de que desde el 8 de febrero de 2012 a la fecha se lo hemos estado solicitando y habiéndose cumplido ya un año siete meses de nuestro desalojo no hemos recibido ayuda ni del Gobierno del Estado ni del Municipio. Solo una despensa por parte de cada uno de ellos”, reza el documento.
La carta fue enviada a Peña Nieto el 29 de julio de este año y firmada por personas desplazadas, quienes pidieron mantener el anonimato. El temor de sufrir represalias de parte de los grupos armados y de las autoridades sigue presente, argumentan.
La situación que padecen, agregaron, es difícil. Suman cerca de mil familias afectadas de alrededor de 43 comunidades, entre ellas Ocurahui, San José de los Hornos, Sierrita de Germán, Los Laureles y otras ubicadas en la serranía del municipio de Sinaloa. Datos de las víctimas advierten que suman al menos 30 personas muertas a balazos, entre ellas varias mujeres y menores, y unas 5 mil familias desplazadas.
“Nos vemos en la necesidad de recurrir a usted para pedirle ayuda, ya que nuestra situación es cada día más difícil pues hay familias que viven hasta cuatro o cinco en una sola vivienda a causa de la falta de empleo, algunos por la edad y otros por no tener estudios suficientes. Esto hace casi imposible poder rentar casa pues con lo poco que se consigue alcanza solo para malcomer”.
Del total de desplazados, señalaron, alrededor de 118 familias están en Salvador Alvarado y otras 70, también originarias de la zona alteña del municipio de Sinaloa, se han refugiado en Culiacán. Piden además que se aplique un programa de atención a los desplazados por la violencia.
Informes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) indican que suman unas 30 mil personas desplazadas en la entidad por las operaciones que realizan en la zona grupos criminales del narcotráfico.
“Ante la falta de atención y ayuda por parte de nuestros gobiernos estatal y municipal, han emigrado a los estados de Sonora, Nayarit y Jalisco. Así como por todo el estado, en el cual cada día son desalojadas más comunidades pues esos grupos criminales siguen operando sin que se haga nada al respecto”.
También le piden que trate el tema con López Valdez, con la importancia y delicadeza del asunto, ya que mientras no se acepte el problema su solución será difícil y “nosotros como afectados le podemos asegurar que la situación existe y es muy grave”.
Crimen, ruego y omisión
A Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, le dijeron que les hiciera caso y les ayudara. Fue el 10 de junio pasado, pero antes ya le habían notificado de los problemas y solicitudes de los desplazados de esta zona, y no hizo nada.
“Le pedimos encarecidamente que esta vez no haga caso omiso a nuestra petición y nos brinde la ayuda y apoyo que le estamos pidiendo, pues cada día que pasa es más difícil para nosotros esta situación. Tenga en cuenta que lo perdimos todo (viviendas, tierras, animales y en algunos casos hasta familiares)… es por eso que recurrimos a usted nuevamente pues nos urge poder regresar para ver qué podemos recuperar ya que allá es donde está todo lo que tenemos o teníamos, pues poco o mucho es lo único que es nuestro”.
Esta solicitud, le recuerdan, ya se la habían hecho el 18 de mayo de 2012 —más de un año antes—, a través de un documento enviado al gobernador, quien lo turnó a la Secretaría General de Gobierno “pero por lo visto no se le dio seguimiento ni respuesta, ya que el día 4 de marzo del presente año enviamos la misma petición al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”.
El documento tiene sello y firma de recibido por esa secretaría, el 10 de junio de 2013 a las 14 horas. En el sello aparece el nombre de Alma Edith Armenta.
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