Liberan a Zorrilla, el que mató a Buendía y censuró a Proceso con amenazas de muertes

José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por decisión de la juez de ejecución de sanciones penales, Belem Bolaños.
Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano Cortés, informó anoche la juez ordenó el traslado del ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (ya desaparecida) del Reclusorio Oriente, donde estaba preso, a su domicilio.
La medida, explicó el funcionario, obedeció al precario estado de salud del interno, según el fallo de la juez, aunque no precisó qué enfermedad padece Zorrilla. Serrano Cortés señaló que el acusado deberá purgar lo que resta de su sentencia en su domicilio.
Zorrilla Pérez fue detenido en 1989 y condenado a 29 años y cuatro meses de prisión.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal analiza la decisión de la juez con el propósito de decidir si apela.
En 2009, tras 19 años de estar encarcelado, Zorrilla Pérez obtuvo el beneficio de la libertad anticipada, decisión que fue revocada debido a que no entregó la carta aval moral y de compromiso de trabajo, entre otros requisitos, según una revisión realizada por la Dirección de Ejecuciones y Sanciones del Sistema Penitenciario capitalino. Por ese motivo, en junio de ese año fue detenido cuando pretendía entrar a su domicilio y volvió a prisión.
En marzo pasado, el juzgado 11 de distrito en materia penal otorgó a Zorrilla Pérez un amparo que dejaba sin fundamentos la resolución por la cual se le había revocado la libertad anticipada.
José Antonio Zorrilla fue encontrado culpable de la autoría intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984. Junto con él fue detenido Juan Rafael Moro Ávila, señalado como el asesino material del periodista.
Debido a ese fallo, la juez Belem Bolaños revisó el expediente del interno y ordenó que el sentenciado cumpliera el resto de la condena en su domicilio.
La Jornada