El general secretario Gerardo Clemente Vega, un traidor a la patria

¿Cuánto vale la palabra de un secretario de la Defensa Nacional? En los tiempos del panismo, la derecha clerical y confesional que gobernó al país 12 años, la degradación del llamado “honor militar” alcanzó sus cotas más bajas en la historia reciente del país. El triste papel de Gerardo Clemente Vega, quedó registrado en varios episodios, uno de ellos que continúa vigente, es el del encarcelamiento de un general brigadier acusado y sentenciado por supuestos vínculos con el narco teniendo como único respaldo un anónimo.

Estado Mayor/México, 2 de septiembre.- Cada mañana desde hacía algunas semanas, el general brigadier Ricardo Martínez Perea comenzaba a organizar a un grupo de internos del penal federal de Islas Marías para darles nociones de civismo. Tuvo la intención de enseñarles los toques de tambor y de corneta para formar una banda de guerra. También como cualquier ciudadano, para que cada reo rindiera honores a la bandera y la izaran en ceremonia cívica. Era su particular forma de pasar el tiempo desde que regresó al penal, luego de que hace unas semanas fuera sometido a revisión médica en un hospital de Mazatlán. El impase que provocó su traslado, la falta de información sobre su itinerario y estancia, provocó que sus abogados interpusieran una denuncia por presunta desaparición forzada. Las autoridades tuvieron que reconocer su yerro, informaron que el militar se encontraba bien y de regreso a la colonia penitenciaria.

Martínez Perea, el militar que se ganó su ascenso al generalato en el año 2000 tras imponer una serie de records nacionales de decomisos de cocaína y mariguana, en los meses que se desempeñó como comandante del 21 regimiento de caballería en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra recluido desde octubre pasado en el archipiélago de María Madre, donde se localiza el penal, y donde enfrenta un nuevo ciclo en su batalla jurídica. El que su caso haya “revivido” en los últimos meses, ha vuelto a colocar a la serie de irregularidades en su juicio, como el que haya sido procesado solo a partir de un anónimo donde se le acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico, como un botón de muestra de cómo actuó la justicia militar en su caso.

Sus abogados han denunciado en días recientes que de nueva cuenta las represalias contra Martínez Perea han tomado otro cariz. Ahora le fue prohibido realizar las actividades cívicas en las que se había embarcado para darles nociones a los reos, como el rendir honores a la bandera. A decir de su defensa, las autoridades del penal de las Islas Marías están molestos por la denuncia que interpusieron de violaciones a sus garantías cuando se le mantuvo incomunicado en sus traslados por barco entre el penal y el hospital donde fue auscultado en el puerto de Mazatlán. Los litigantes encargados de su defensa legal, hicieron un llamado a las autoridades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, para que vigilen que se respeten las garantías del general detenido desde el año 2001 y quienes estuvo preso en el campo militar número uno hasta el 2009, año en que fue llevado al penal de Rincón en Nayarit.

El caso del general brigadier, de quien se supo tiempo después “afectó demasiados intereses” en la frontera tamaulipeca de políticos y militares con ligas con el narcotráfico, se encuentra en una fase judicial donde se tiene que fijar fecha para un nuevo consejo de guerra —en el primero efectuado en el año 2003 se le sentenció a 15 años de prisión pasando por alto una cadena de irregularidades jurídicas que fueron desechadas por “órdenes superiores”—como parte de lo que un tribunal federal ordenó como “reposición del procedimiento” ante las violaciones que fue sujeto en el juicio al que fue sometido en el fuero de guerra.

Por estos días, convaleciente de varias enfermedades una de ellas una afección cardiaca que lo tiene en situación delicada, el general sigue a la espera de que se le notifique la fecha de la corte marcial por lo que deberá ser trasladado a la ciudad de México en vista de que, como falló a su favor un juzgado federal, continúa con su grado militar con lo que se invalidó uno de los varios resolutivos de aquel consejo de guerra.

La máscara de Gerardo Clemente

Aquella mañana la señora Carmen Ledezma Escudero, esposa del general Martínez Perea, entró a la oficina de Gerardo Clemente Vega García en el tercer piso del edificio central de la secretaría de la Defensa Nacional. Era el verano del año 2003 y estaba en vísperas de cerrarse el juicio contra el brigadier, y tras este trámite se fijaría fecha para ser llevado a consejo de guerra. La señora había solicitado una reunión con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quería pedirle se dejara de maniatar al juez y se respetaran las decisiones judiciales que favorecían a su marido. Tenía en mente, recuerda, insistirle en que se respetaran sus derechos o de lo contrario haría una denuncia pública ante los medios de comunicación de cómo se manejaban las cosas al interior del ejército.

Ese día Vega García la recibió muy amable, la invitó a sentarse y le invitó un café como cortesía. La señora hizo a un lado todo aquello con amabilidad y fue directa en lo que la tenía ahí, frente a aquel hombre que encabezaba a la Defensa Nacional en el sexenio del panista Vicente Fox.

—Mi general secretario, yo solo le pido que muestren las pruebas contundentes, las exhiban…—rememora que le dijo

—No señora, no las tenemos, no tenemos nada. Esto se va a resolver de la mejor manera, de una manera inteligente—dice la señora que palabras más, palabras menos, le contestó Vega García.

La esposa del militar preso en esos días en el campo militar número uno, le reclamó que por qué permitía que a su marido le llamaran “narco general”, cuando sabía que no había ninguna evidencia, ninguna prueba, y por el contrario, estaban los reconocimientos, los galardones y su ascenso a general brigadier por su actuación contra el narcotráfico en la frontera tamaulipeca. “¿O es que acaso había afectado intereses que no debía?”, deslizó frente al funcionario

El general Vega García al escuchar aquello se incomodó, respondió que él nunca lo había llamado así y que le diera oportunidad de que todo se aclarara. —Le doy mi palabra—dijo—de que esto se va a resolver de la mejor manera, saldrá libre en menos de lo que usted cree—comentó el secretario.

Cinco días después, el general Martínez Perea era sentenciado a 15 años de prisión. Fue la primera de las mentiras que, dice la señora, le hizo el secretario. Hubo un dato que todo mundo pasó por alto, semanas antes de esa primera entrevista con el funcionario, el juez primero militar había otorgado el derecho a la libertad preparatoria del brigadier, algo que no se acató y se dio marcha atrás, “de orden superior”. Eso se convirtió en parte del reclamo a Vega, quien le pidió comprensión pues le ayudaría a que los trámites posteriores se realizaran con celeridad. A cambio, el general secretario le pidió que no acudiera a la prensa, que se esperara y que le diera oportunidad de resolver el caso. La señora aceptó.

La segunda ocasión, tiempo después, en que fue recibida por el funcionario, le prometió que el general quedaría en libertad, de nuevo era cuestión desahogar las diligencias y que esperara a que se dictaran los resolutivos que faltaban. Al paso de los meses nada de eso se cumplió, y por el contrario, vinieron las presiones contra la familia. Uno de los hijos, un oficial de caballería, comenzó a ser presionado y se le “congeló” en sus ascensos y promociones. A sus hijas, casadas con militares, se les negó su derecho a asistencia médica en los hospitales castrenses y los yernos estuvieron bajo vigilancia constante. Mientras Martínez Perea en prisión, comenzó a ser hostigado debido al eco que su caso había tenido en los medios tras el consejo de guerra.

En una carta que la señora le escribió a Vega García, en el mes de abril del 2005, le decía que se sentía traicionada y molesta por el trato de que estaba siendo objeto ella y su familia. Además, le recordaba que le había dado su palabra de que todo se resolvería conforme a la ley, sabía que un anónimo no era razón suficiente en cualquier juicio para sentenciar a una persona, y esperó de manera paciente para no acercarse y rechazar todas las solicitudes de entrevista que le hacían los medios de comunicación. La señora escribió:

“No es posible que usted haya confiado más en la Procuraduría General de la República que en un general. Por ejemplo en el anónimo por el procesaron a mi esposo mencionaban que iban a sacar unos videos ¿Por qué no los sacaron? ¿Por qué? ¿La Policía Judicial Federal era la que estaba inmiscuida? Vea usted como en la frontera estos sujetos viven en los mejores hoteles, vea usted la descomposición que existe en Nuevo Laredo, ¿a qué se debe la gran corrupción que están haciendo? Vea usted en el combate al narcotráfico y se dedican a desfilar para demostrar la ineptitud de todas la policías. Vea como el titular de la PGR, Macedo de la Concha, es criticado por las causas penales que ha fabricado, y es la misma escuela que dejó en la Procuraduría de Justicia Militar, la prueba está en que lo renunciaron, vergonzosamente. Usted mismo dio la orden de que ya no se hiciera caso a los anónimos y porque a mi esposo por un anónimo lo están condenando a 15 años de prisión sin prueba y sin derecho a ningún beneficio”.

Más adelante la señora refiere: “Mi general secretario, yo no le puedo exigir, pero le suplico que por favor ya no me engañe ni me haga promesas que no pueda cumplir. Le pido por última vez me ayude y ya no nos siga perjudicando. Como usted sabe le faltan menos de dos años a este sexenio, cuando menos antes de que usted salga, orden usted le concedan cuando menos la libertad preparatoria, para que pueda salir en tres años y medio más. En la resolución del amparo directo dejan al arbitrio del Supremo Tribunal Militar le concedan la libertad preparatoria”. En el último párrafo de su misiva, la esposa de Martínez Perea concluye: “Mi general secretario, espero su respuesta antes de tomar otras acciones, no quiero perjudicar a nadie, en caso contrario mis familiares y yo estamos dispuestos a hacer público el caso de mi esposo. Familiares de otros internos están dispuestos a apoyarme y también a hacer pública su situación. Por la atención prestada a la presente muchas gracias”.

Desde aquellos meses el caso cayó en un impase, del cual apenas el año pasado comenzó a revivir tras varios años en silencio casi absoluto. La señora dice que fueron años de amenazas, mudanzas obligadas y hostigamientos constantes. Los cambios de prisión, primero del campo militar a Tepic, de Nayarit a un penal para enfermos mentales en Morelos y de ahí de regreso a la capital nayarita, fueron episodios muy desgastantes para la salud del brigadier. Se pedía un tratamiento especial por sus afecciones cardiacas en 2012 cuando vino de pronto su traslado a las Islas Marías. Y es en este lugar donde la historia comienza de nuevo a reescribirse.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor