El ejército no tolerará que policías comunitarios detengan a sus militares

El estallido social toca la puerta en varios municipios de Michoacán, una entidad con un mandatario interino que no logra concretar ninguna de sus acciones para hacer retroceder la inseguridad y el hartazgo contra extorsiones, secuestros y asesinatos del crimen organizado. El incidente en Aquila tras la detención de varios guardias comunitarios, poblado que comunica con la costa y donde varias decenas de soldados fueron retenidos por la población, puso de nuevo a prueba la estrategia de “no responder a provocaciones” y dar pie al diálogo encabezado por la autoridad civil. Pese a ello el escenario se complica.

México, 17 de agosto.- Al medio día del pasado miércoles 14 de agosto, las tropas que arribaron de la 20 zona militar de Colima al municipio de Aquila, en la vecina Michoacán, tenían la instrucción de apoyar a la policía estatal y federal que se aprestaban a detener a 40 integrantes de la guardia comunitaria de la comunidad. El despliegue de los soldados traídos de la zona militar más próxima —Aquila es un municipio que comunica la Tierra Caliente con la costa michoacana—que encabeza el general de brigada Jorge Cutberto Gómez López, se debió no solo a una cuestión logística, sino a que se trataba de una misión específica: desarmar y apoyar a las fuerzas de seguridad civiles para presentar ante la autoridad judicial a un grupo de individuos entre los que había varios que tenían órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Cuando el grupo de comunitarios fueron detenidos y desarmados, varios pobladores protestaron y cercaron a cerca de 66 soldados a quienes no les permitieron salir ni moverse de la plaza principal ni de un patio contiguo de una empresa de camiones comunal a donde los retuvieron. Durante varias horas las autoridades civiles del gobierno del estado dialogaron con los inconformes mientras, por radio, los militares recibieron la orden de esperar, de aguardar al desenlace y no actuar contra la población. En menos de una semana volvía a ocurrir lo mismo que pasó en la comunidad del Pericón, en Tecoanapa, Guerrero, cuando comunitarios retuvieron a una compañía del 48 batallón de infantería en protesta por la detención de varios individuos armados que se identificaron como miembros del grupo de autodefensa.

Al paso de las horas los inconformes no tuvieron opción y terminaron por aceptar los planteamientos del gobierno michoacano, liberaron a los militares no sin antes advertir que la tensión social podría estallar en cualquier momento de continuar con la tolerancia hacia grupos contrarios apoyados por la delincuencia organizada, quienes amedrentan a la población sin que el ejército, la marina o las policías hagan algo. En el cruce de acusaciones, la autoridad respondió que varios de los detenidos tenían órdenes de aprehensión por delitos graves y no podrían permitir que, escudándose en la guardia comunitaria, siguieran delinquiendo.

De nuevo cautela

Horas después del incidente en Michoacán, el segundo en una semana en dos entidades diferentes donde soldados son “retenidos” por la población civil, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, señaló que el ejército no responderá a provocaciones y anunció que el despliegue militar continuará y se reforzará en aquellas zonas del país donde se requiera porque “así lo pide la ciudadanía”.

El mensaje se dio durante el evento de presentación de la moneda conmemorativa de 20 pesos, junto al gobernador del Banco de México Agustín Carstens, para celebrar el centenario del ejército mexicano. Ahí el general secretario manifestó que las fuerzas armadas son una institución madura cuya entrega, responsabilidad y dedicación está por encima de “provocaciones y oportunismos”. “Esto es así y seguirá siendo de esta forma porque nuestro más elevado objetivo es proteger a todos y cada uno de los mexicanos con apego a la ley”.

Ese apego a la ley es el argumento que ha sido abordado por el procurador de justicia militar el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, quien en compañía del director de derechos humanos de la Defensa Nacional (Sedena), el brigadier José Carlos Beltrán, han recorrido varias partes del país para reunirse desde hace algunos meses con comandantes de región, de zona, de batallón y regimiento, así como jefes y oficiales de las distintas unidades que se encuentran en operaciones en el país. El mensaje en esas reuniones, de acuerdo a varios militares que han estado presentes, es que en ésta administración el respeto a los derechos humanos será fundamental. De ahí que cuando se presenten situaciones como las vividas en las últimas dons semanas en Guerrero y Michoacán, con las guardias comunitarias, el procedimiento será apegado a la ley, es decir, darle prioridad a las fuerzas de seguridad civiles para que actúen. La directiva se podría resumir de la siguiente forma, según explican las fuentes castrenses consultadas: prohibido perseguir narcotraficantes, prohibido cateos en casas habitación, salvo donde se presenten ataques directos, en ese caso las intervenciones se harán en apoyo a las fuerzas de seguridad civiles. En pocas palabras se trata de marcar distancia con la forma en que se hicieron las cosas durante el sexenio de Felipe Calderón. De años apasado se acuñó un dicho, se decía que primero se detenía a alguien y luego se investigaba. “Eso se acabó”, aseguran que es la orden superior. Se trata de parar el retroceso de 50 años que significó este método para el país, añade una de las fuentes consultadas.

Este cambio en la estrategia del procedimiento de operar del ejército se vio reflejado a principios del mes de julio cuando el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, declaró que desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto las quejas contra la secretaría de la Defensa Nacional disminuyeron en 50 por ciento. “Observamos una disminución de quejas en contra del ejército en alrededor del 50 por ciento, teníamos unas tres mil quejas contra el ejército por año, y con la tendencia de los últimos seis meses, andamos alrededor de la mitad, cerca de 500 a 600 en lo que va del primer semestre (del 2013), lo cual indicaría que a final de año tendríamos la mitad o menos de lo que teníamos”, declaró el titular de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) durante una gira por San Luis Potosí.

Alerta

Al paso de los días y durante el fin de semana pasado, comenzó a circular una versión de que la secretaría de la Defensa continuaría con el apoyo a las fuerzas federales en Michoacán para desarmar a “supuestos autodefensas” y con una nueva consigna. Los militares no van a permitir más retenciones de la tropa, los dos últimos episodios ocurridos en los últimos días en Guerrero y después en Michoacán, puso a prueba la tolerancia de los mandos de zona y de región pero la situación podría tener un límite. Se espera que las autoridades estatales hagan su labor e informen a la población civil que “el ejército está ahí para ayudarlos”, dijo una fuente militar adscrita al Estado Mayor de la Defensa.

Pese a ello se reforzará la vigilancia y se estará atento a futuras “provocaciones”, añadió. Por lo pronto en días pasados en Aquila regresó a sus funciones el presidente municipal Juan Hernández Ramírez, según información que dio a los medios locales el secretario de gobierno michoacano, Jaime Mares Camarena.

El funcionario anunció que tras el operativo donde se detuvo al líder y poco más de 40 de los autodenominados “autodefensas”, el municipio poco a poco retoma la tranquilidad. Subrayó que el ejército mantiene un destacamento en la comunidad para garantizar la seguridad de la población y que la policía federal y la estatal mantienen vigilancia continua en prevención de cualquier incidente. Pese a ello en municipios vecinos como Coalcomán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, la tensión continúa ya que las organizaciones de comerciantes y empresarios lanzaron una alerta por lo que consideran un “inminente estallido social” ya que a la presencia de las fuerzas de orden no le acompaña una estrategia para reactivar la economía local y dar oportunidades a los miles de pobladores sin empleo y acosados por la inseguridad.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor