Aumentar la esperanza de vida es un derecho de la población y un desafío para las regiones menos desarrolladas que presentan un bajo nivel de sobrevivencia: “en África, por ejemplo, el promedio de vida es de 55.2 años, debido en gran parte a la epidemia de VIH/SIDA, y otros factores asociados a conflictos armados, estancamiento económico y enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la malaria”.[4] En América Latina y el Caribe la esperanza de vida es de 73.4 años, siendo Haití (60.6 años) y Bolivia (65.5 años) los países que muestran el menor nivel de sobrevivencia; en tanto que México, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil son tipificados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) como países que se encuentran en una transición demográfica avanzada, con bajas tasas de fecundidad (menores de 2.5 y mayores de 1.5 hijos por mujer) y niveles de mortalidad considerados como “bajos” e “intermedios”, colocándolos con una esperanza de vida igual o mayor a los 71 años. [5]
Aunque la esperanza de vida en México es una de las más altas de la región (75.7 años en 2012), aún se visualizan retos importantes por atender en materia de salud. Especialistas en la materia señalan que la primera fase de la transición demográfica ocurrida en nuestro país se dio en la cuarta década del siglo pasado, cuando una expansión progresiva de las campañas sanitarias y asistenciales dio lugar a una transición epidemiológica; contexto en el que disminuyó en forma paulatina las enfermedades infecciosas y parasitarias, aumentando con ello las defunciones asociadas a las enfermedades crónico degenerativas. En 2011, las cuatro principales causas de muerte son la diabetes mellitus (13.7%), las enfermedades isquémicas del corazón (12%), las enfermedades del hígado (5.5%) y las enfermedades cerebrovasculares (5.3%), todas ellas clasificadas como crónico degenerativas, y que en conjunto, concentran 36.5% del total de las defunciones.
Reducir este tipo de enfermedades es uno de los desafíos para las instituciones de salud, lo que lleva a promover la prevención y el cuidado a la salud propia, debido a que muchas de ellas se asocian a estilos de vida que se agudizan en la etapa adulta. Otros desafíos siguen siendo la reducción de la mortalidad materna e infantil y las que van ‘más allá de las metas del milenio’, calificadas así por el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, las cuales tienen que ver con acciones que permitan disminuir la mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas (23.6 defunciones por cada 100 mil menores de 5 años en 2009) y por enfermedades diarreicas (9.6 por cada 100 mil, en 2009), así como aumentar la proporción de niños con un año de edad y que cuente con un esquema básico completo de vacunación (95% en 2011).[6]
Etapa de transición demográfica en los países de América Latina y el Caribe
2005-2010
Una segunda fase en la transición demográfica se puede ubicar a partir de 1970, cuando el descenso de la fecundidad se acentuó, habiendo empezado una década anterior.[7] A principios de los sesenta las mujeres tenían en promedio poco más de siete hijos, en 2009 la fecundidad es de 2.4 hijos por mujer[8] y su descenso ininterrumpido durante las últimas décadas la colocan como uno de los componentes demográficos que más ha influido en el monto y estructura de la población; de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) “de haberse sostenido la tasa de crecimiento (3.5% anual observada entre 1960 y 1970), la población ascendería a más de 186 millones de habitantes, en lugar de los 112.3 registrados en el país en 2010”.[9]
La reducción de la fecundidad se da en un entorno en el que la población aumentó su escolaridad media y la población femenina tuvo una mayor participación en la vida económica, social y política del país. Así mismo, los programas de planificación familiar fueron un soporte importante para que la población planeara de mejor manera su vida sexual y reproductiva. A pesar de que en 2009, un porcentaje importante de mujeres unidas en edad fértil declaró ser usuaria de algún método para controlar su fecundidad (72.5%), aún hay mujeres unidas que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de ellos a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia (demanda insatisfecha). En el 2009, una de cada diez (9.8%) mujeres unidas tiene una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; en aquellas que no tienen escolaridad o declaran hablar alguna lengua indígena aumenta a un 20 y 21.5%, respectivamente. Por lo que uno de los desafíos, expresado así en la meta 5B de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es aumentar la cobertura de los servicios de salud reproductiva a un nivel universal para el año 2015.
Datos censales de 2010 señalan que en México residen 112.3 millones de personas, monto que lo coloca como el onceavo país más poblado del planeta. Como en la mayoría de las regiones del mundo, nuestro país se suma a una disminución paulatina de su crecimiento poblacional: en el periodo de 1970 a 1990 la tasa de crecimiento anual es de 2.63% y disminuye a 1.61% entre 1990 y 2010. Esta tendencia se observa en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 60 años y más, donde la tasa de crecimiento aumenta de 3.08 a 3.52 por ciento. Los componentes de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración) determinan este crecimiento y configuran una estructura por edad, que en las últimas dos décadas, han mostrado cambios significativos. En 2010, la base piramidal es más angosta lo que se manifiesta en una proporción de niños y jóvenes menor a la de 1990: en el primer grupo (niños menores de 15 años) la participación porcentual pasa de 38.3 a 29%, en tanto que la de jóvenes (15 a 29 años), disminuye de 29.4 a 26.4 por ciento; por su parte, el porcentaje de la población de 30 a 59 años aumenta de 25.5 a 34.4%, mientras que la de 60 años y más pasa de 6.2 a 9 por ciento. Conforme a las proyecciones de población que realiza CONAPO, el incremento relativo de esta última población continuará aumentando hasta representar 17.1% de la población total en 2030 y 27.7% en 2050.
El envejecimiento demográfico en nuestro país aún no muestra la magnitud observada en las regiones más desarrolladas, aunque en las próximas décadas tenderá a ser un contexto que gradualmente tomará fuerza, lo que invita a reflexionar y a diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población que transita o transitará por esta etapa de vida. En la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento se plantearon, entre otras necesidades, mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social; velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; que no padezcan violencia y que sus familiares provean los satisfactores necesarios para que no tengan ningún tipo de carencia; en general, se planteó la necesidad de mejorar la capacidad institucional para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.[10]
Lo que sí es una realidad para México, y para muchos países en desarrollo, es que su estructura por edad configura un bono demográfico, estudiado por los especialistas mediante la relación de dependencia[11] y caracterizado por tres etapas: “en la primera (bono 1), la relación de dependencia disminuye pero todavía se mantiene relativamente alta con más de dos dependientes por cada tres personas en edades activas; en la segunda (bono 2), la relación de dependencia alcanza niveles más favorables, menos de dos dependientes por cada tres personas en edades activas, y sigue bajando; en la tercera (bono 3), la relación de dependencia empieza a subir debido al aumento proporcional de personas mayores, pero todavía se mantiene en niveles favorables (menos de dos dependientes por cada tres personas en edades activas)”.[12]
África presenta la razón de dependencia más alta (84 personas dependientes por cada 100 en edades activas), debido a que en su estructura por edad hay una gran proporción de niños menores de 15 años (40%); en contraste, Asia presenta la menor razón de dependencia (55.8) lo que coadyuva a un mayor monto de población en edad activa. En México, información censal señala que a partir de 1970 la razón de dependencia empieza a descender hasta colocarse en 2010 en 62 personas dependientes por cada 100 en edades activas, ubicándose con ello en la segunda fase del bono demográfico. De acuerdo con las proyecciones de población, el punto de inflexión entre la segunda y la tercera fase se dará en 2020 cuando la relación de dependencia cambie su tendencia y empiece a subir debido al aumento proporcional de adultos mayores.
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible implica una mejora continua en la calidad de vida de la población y los Estados adquieren compromisos internacionales para lograr dicho objetivo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que “el propósito del desarrollo humano sostenible consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”.[14] Bajo este paradigma es que se plantea, en el Informe de Desarrollo Humano de 1994, el concepto de ‘seguridad humana’, argumentando “que en el pasado, la seguridad se había relacionado más con el Estado-nación que con la gente, en esta nueva dimensión, la seguridad humana simboliza ahora la protección contra la amenaza de enfermedades, hambre, desempleo, delincuencia, conflicto social, represión política y riesgos al medio ambiente”.[15] Aspectos que si se logran atender con oportunidad harán que mejore la calidad de vida de la población.
Generar oportunidades de empleo resulta vital para el desarrollo humano, de acuerdo al Banco Mundial, “los beneficios incluyen la adquisición de conocimientos especializados, el empoderamiento de la mujer y la estabilización de sociedades que salen de conflictos; los empleos que contribuyen a lograr estos objetivos más amplios resultan valiosos no solo para quienes los tienen, sino también para la sociedad en su conjunto: son empleos beneficiosos para el desarrollo”.[16]
La agenda pública de muchos países se ha enfocado en promover el ‘trabajo decente’ ya que cumple con estas expectativas. Este concepto es formulado en 1999 por la OIT y resume las aspiraciones de la población durante su vida laboral; de acuerdo a este Organismo, “el trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad en igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.[17
Por su impacto en el desarrollo humano, el trabajo decente forma parte de la meta 1B de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr un trabajo decente para todos resulta un desafío, sobre todo, en un contexto donde la desaceleración económica a nivel mundial marca pautas de desocupación y de empleo vulnerable (que abarca a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores familiares no remunerados[18]) muy importantes.
De acuerdo a la OIT “en el quinto año después de la irrupción de la crisis financiera mundial, el crecimiento mundial ha registrado una desaceleración y el desempleo ha comenzado a aumentar de nuevo, dejando un total acumulado de 197 millones de personas sin empleo en 2012”.[19] También señala que “aquellas regiones que han logrado prevenir un incremento adicional en el desempleo con frecuencia han experimentado un deterioro en la calidad del mismo, en la medida en que el empleo es vulnerable y el número de trabajadores que viven por debajo o muy cerca de la línea de la pobreza han aumentado su monto en los últimos años”.[20]
El Banco Mundial confirma estas tendencias, Asia meridional por ejemplo, es la región que presenta la menor tasa de desempleo, pero muestra el mayor porcentaje de empleo vulnerable; en tanto que la Unión Europea es una región que presenta una alta tasa de desocupación (9.6% en 2011), pero con el menor porcentaje de empleo vulnerable (12% en 2009).
En América Latina y el Caribe, la OIT señala que “casi la mitad de los que tienen trabajo están en situación de informalidad”.[21] En México, información que proporciona la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que en el primer trimestre del 2013, 59% de la población ocupada de 14 años y más tiene una ocupación informal y aumenta a 62.6% en los jóvenes de 15 a 29 años.
Para hacer extensivas las oportunidades de desarrollo a generaciones futuras se hace imprescindible cuidar el medio ambiente, la OIT plantea que “se ha hecho un uso intensivo de los recursos naturales que generará costes cada vez mayores, pérdida de la productividad y perturbación de la actividad económica, agravando con ello, problemas asociados a la pobreza y la desigualdad, así como la malnutrición y la inseguridad alimentaria”.[22] Son muchas las temáticas que giran alrededor de la seguridad ambiental, por lo que su análisis en este boletín se centrará sólo en algunas de ellas, sin que ello reste importancia a otras que resultan trascendentes en la sustentabilidad del desarrollo humano.
Como es sabido, el dióxido de carbono es la principal causa del cambio climático, por lo que controlar su emisión y disminuir la deforestación resultan acciones prioritarias para proteger el medio ambiente. De acuerdo al informe 2012 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (IODM 2012), “a nivel mundial las emisiones de dióxido de carbono (CO2) disminuyeron en 2009 en un 0.4%, pasando de 30 mil 200 millones de toneladas métricas en 2008 a 30 mil 100 millones de toneladas métricas en 2009”.[23] En cuanto a la deforestación, el IODM 2012, informa que Sudamérica y África fueron las regiones que sufrieron la mayor pérdida neta de bosques entre 2000 y 2010, perdiendo al año 3.4 y 4 millones de hectáreas, respectivamente. Un diagnóstico global indica “que en los últimos 20 años, la pérdida neta en todo el mundo disminuyó de -8.3 millones de hectáreas por año en la década de los noventa a -5.2 millones de hectáreas por año en la década pasada”.[24] El informe señala que en Asia y en Europa se han establecido nuevas zonas forestadas, pero “no ayudan a revertir, las pérdidas generalizadas en todo el mundo”.[25]
Otros temas ambientales que resultan cruciales para mejorar las condiciones de vida de la población son el suministro de agua potable y el saneamiento.[26] De acuerdo a la ONU “cada día, un promedio de 5 000 niños mueren por enfermedades evitables causadas por el agua y el saneamiento”.[27] De acuerdo a la IODM 2012, “en 2010, 89% de la población mundial estaba utilizando ya fuentes de agua potable mejoradas, cuando en 1990 era del 76 por ciento; mientras que en las regiones en desarrollo, la cobertura de saneamiento aumentó del 36% en 1990 al 56% en 2010”.[28]
En nuestro país, la deforestación aumenta paulatinamente; en el Informe de avances 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México se advierte que “entre 1993 y 2007, la superficie de bosques, selvas (con distintos grados de conservación) y otras cubiertas forestales como plantaciones comerciales y bosques inducidos se redujo 1.3 puntos porcentuales, al pasar del 35.3 al 34% del territorio nacional”.[29] El mismo informe señala que la emisión del dióxido de carbono aumentó en un 27% entre 1990 y 2006, al pasar de 388.1 a 492.9 millones de toneladas.[30] En cuanto al suministro de agua potable y saneamiento, se observan avances sustanciales: de 1990 a 2010 la proporción de población que contaba con agua entubada dentro de la vivienda y fuera de ésta pero dentro del terreno, aumentó de 78.4 a 90.9 por ciento; mientras que el porcentaje de población que contaba con servicios de saneamiento aumentó 61.5 a 89.6 por ciento.[31]
La seguridad alimentaria es una de las preocupaciones prioritarias de la comunidad internacional y su connotación establece que “todos, en todo momento, deben tener acceso a los alimentos básicos, esto requiere no solo que haya suficiente alimento, sino también que la gente tenga acceso a ellos”.[32] La erradicación del hambre y la pobreza es el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio cuya meta para 2015 es reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de $1.25 dólares al día en relación con 1990. En el Informe de Desarrollo Humano 2013, se establece que “este objetivo se cumplió tres años antes de la fecha prevista, gracias al progreso alcanzado en algunos países como Brasil (allí el porcentaje de población que vive con menos de US$1.25 al día pasó de 17.2% a 6.1%), China (de 60.2% a 13.1%) e India (de 49.4% a 32.7 por ciento)”.[33]
Existe la postura, por parte de la comunidad internacional, de medir la pobreza de una manera más amplia “usando el índice de pobreza multidimensional (IPM), que considera la superposición de carencias en salud, educación y nivel de vida”.[34] En el mundo, 30% de la población vive en situación de pobreza multidimensional. En México, estimaciones del CONEVAL indican que en 2010 hay 6.5 millones de personas vulnerables por ingreso, en tanto que 46% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
La seguridad personal es un concepto que permite analizar la violencia generada a las mujeres y niños; la que va dirigida a acabar con la vida propia (suicidio) y la que provoca una inseguridad ciudadana (dados los altos índices de delincuencia); entre muchas otras que atentan contra la dignidad humana y limitan el desarrollo sostenible.[35]
Organismos internacionales argumentan que la violencia contra las mujeres se ha convertido “en una pandemia mundial de alarmantes proporciones ya que seis de cada diez mujeres experimentan violencia física y/o sexual en su vida”.[36] En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares levantada en 2011 (ENDIREH 2011) señala que 44.8% de las mujeres unidas han tenido al menos un incidente de violencia por parte de su última pareja; mientras que en el ámbito laboral, 20.6% de las mujeres ocupadas de 15 años y más sufrió algún tipo de violencia durante los últimos 12 meses. La violencia contra la mujer en cualquier ámbito constituye un delito y una violación a sus derechos humanos, siendo una obligación del Estado prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo.
Otro problema a erradicar es la violencia hacia los niños, de acuerdo a UNICEF “todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, escuela, comunidad, calles y situaciones de trabajo”.[37] Hay un reconocimiento por parte de organismos internacionales de que no todos los actos de violencia hacia los niños son denunciados, no obstante, los registros ante el ministerio público proporcionan un acercamiento al problema: en México, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (incorporada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) señala que en 2009 se registró el maltrato de 21 mil 060 niñas y de 19 mil 089 niños.[38] Otro dato que puede dar una aproximación a la violencia contra los niños al interior del hogar, la proporciona la ENDIREH 2011: un 42.6% de las mujeres de 15 años y más unidas y alguna vez unidas declaró no tener hijos, o bien, ya son grandes al momento de la entrevista; 31% declaró no tener incidentes de violencia física hacía sus hijos; en tanto que 26.4% dijo sí tenerla. Este último porcentaje aumenta a 38.6% cuando la mujer tuvo un incidente de violencia por parte de su pareja durante los últimos 12 meses. De acuerdo a la UNICEF, la violencia a los niños produce efectos devastadores para su desarrollo “puede afectar su salud física y mental, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores; en los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte”.[39]
El suicidio forma parte de las muertes violentas y es un evento que obedece a diversas condiciones de orden psicológico, de salud y social que llevan a las personas a la depresión y a comportamientos autodestructivos que se materializan en el suicidio.[40] En nuestro país, ocurrieron 5 mil 718 suicidios en 2011, más de la mitad (53.3%) acontecieron entre los 15 y 34 años de edad; la mayoría eran hombres (80.8 por ciento); solteros (44.3%) y el evento ocurrió en mayor medida en una vivienda particular (72.3 por ciento).
El Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2009-2010, señala que “las amenazas a la seguridad ciudadana son de muy distintas clases: un homicidio, un hurto y una violación son eventos diferentes en cuanto a su naturaleza, su gravedad, su motivación, su modus operandi”,[41] pero todos ellos tienen una característica en común: obstaculizan el desarrollo humano. De acuerdo a este informe, “las personas y comunidades ven restringidas sus opciones reales de vida y de organización debido a las amenazas contra la seguridad personal y patrimonial”.[42] Información que proporciona la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE 2011), 24.5% de la población de 18 años y más declaró ser víctima de un acto delictivo y en promedio ocurrieron 1.2 delitos por víctima. La mayor parte de los delitos ocurridos fueron por robo o asalto en calle o transporte público (29%), extorsión (19.6%) y robo parcial de vehículo (11.3 por ciento).
Organismos internacionales argumentan que el homicidio produce un daño grave al desarrollo humano,[43] y representa el grado mayor al que puede llegar la violencia.[44] A nivel mundial se observa “una correlación negativa, relativamente baja, entre los índices de homicidio y los valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH); en los países con IDH bajo la tasa de homicidio es de 14.6 por cada 100 000 personas, en aquellos con IDH alto es de 13 y en los países con IDH muy alto de 2.1”.[45]
Esta correlación observada a nivel mundial es consecuente con la política pública orientada a prevenir la violencia y la delincuencia; en nuestro país, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el Artículo 7 Fracción II, establece que “la prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión”[46] En México, la tasa de homicidios en 2011 es de 24.9 por cada 100 mil habitantes; en los hombres esta tasa es mayor (45.3) que en las mujeres (4.8).
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