El empresario desaparecido: 5 identidades, fraudes, un asesinato…

Vincula PGJE a padre del empresario desaparecido con estafadores gitanos

Río Doce.- Antonio Sáenz Pratt, el empresario mazatleco que está desaparecido desde el 4 de marzo, cuenta con al menos cinco identificaciones con otros nombres y tres de ellas con domicilios diferentes, de acuerdo con indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre este caso.

Las pesquisas indicaron además que el padre de la supuesta víctima, de nombre Carlos Castillo Conde, ha usado otras identidades, entre ellas Carlos y Pablo Gutiérrez Silva, y José Antonio Sáez, originario de Mérida Yucatán y con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

Además, se le vincula con fraudes y otros delitos, como el homicidio de Pablo Luvinoff Arroniz, líder de la comunidad gitana en México.

La nota a la que hacen referencia las investigaciones de la Procuraduría local, publicada en el diario El Rotativo, del estado de Querétaro, incluye la fotografía del padre de Sáenz Pratt, bajo el encabezado Actúa mafia gitana en México, el 23 de junio de 2003.

Luvinoff Arroniz fue ultimado el 26 de septiembre de 2010, cuando convalecía en el hospital HMG de la Ciudad de México, a pesar de que contaba con vigilancia de la Policía Judicial del Distrito Federal. Los homicidas entraron a su cuarto y le dispararon a corta distancia con un arma calibre 22, al parecer con silenciador.

Antes, una de sus hijas y otro integrante de la comunidad gitana, quien fue confundido con el hoy occiso, fueron también ejecutados a tiros.

“La ejecución de Luvinoff ocurrió después de que el pasado día 11, 13 días después de que integrantes de la Comunidad Gitana colocaron una manta espectacular en Avenida Revolución para ofrecer una recompensa a las personas que dieran información para capturar al menos a cinco personas a las que identificaban como “una banda de gitanos extorsionadores y terroristas” y entre los identificados —en el anuncio—, se encontraban Tambo, Julio, Galean, Luís Eduardo Ávila y Fernando Pliego, Melón”, reza la nota publicada en El Sol de Hidalgo, el 26 de septiembre de 2010.

Castillo Conde tiene entre sus apodos el de Tamba, también Élmer Gruñón y Rico Mac Pato. A esta llamada “mafia” gitana se les vincula con secuestros, extorsiones y otros ilícitos propios de la delincuencia organizada.

La PGJE señala además que padre e hijo podrían estar vinculados con fraudes en perjuicio de empresas dedicadas a la venta de vehículos nuevos, de ahí la importancia de usar diferentes identidades. También fue abierta la averiguación previa IX-D/537/2008, interpuesta por la empresa Vehículos Automotores del Centro (Vacsa).

“El fraude consiste en acudir a la empresa automotriz y para adquirir el crédito presentan documentación requerida apócrifa, pagan solo el enganche para llevarse el vehículo, y posteriormente no vuelven a hacer pago alguno”, reveló la fiscalía estatal.

Una de las referencias de estas prácticas es la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Por estos ilícitos, fueron cateados algunos inmuebles y asegurados cinco vehículos: un Jetta rojo 2008, un Jeta tipo Trendine 2008, una Chevrolet Tahoe blanca, 2007 y con placas de Puebla, un BMW gris 2008 y una Hummer blanca 2008.

En el caso de Antonio Rodríguez Pratt, las identidades encontradas son una credencial de elector a nombre de Jorge Bastidas Duarte, una licencia de conducir de Gerardo Salinas Herrera y con domicilio en la colonia Providencia, de Guadalajara —también una credencial de elector con estos datos—, y otra a nombre de Antonio Ruiz Larios, también de la capital tapatía.

Alejandra Noriega Solís, pareja del empresario desaparecido, también tiene varias identificaciones: del IFE, con el nombre Givett González Meza, con domicilio en Oaxaca; Alejandra Salinas Arriaga, Gladis Rodríguez Méndez, ambas de Guadalajara, y Yesika Ruiz Miranda.

Investigadores de la PGJE señalaron que a pesar de que han sido citados para que declaren y también para informar de los avances de las averiguaciones del caso, la familia de Antonio Sáenz se ha negado a acudir a la Procuraduría y al Ministerio Público. Señalaron que las pesquisas continúan, pues se trata de un delito que se persigue de oficio, aunque los parientes no interpusieron querella.

Los enredos

Antonio Sáenz Pratt, de 33 años, empresario y con domicilio en el puerto de Mazatlán, fue visto por última vez el 9 de marzo de 2012, alrededor de las cuatro horas. Iba con varias personas y al parecer habían recorrido antros del lugar. Entre sus acompañantes estaban su primo Marco Antonio Ramírez y dos mujeres.

La víctima conducía una camioneta tipo L200, marcha Mitsubishi, modelo 2010 y placas UB-53629, de Sinaloa. Al parecer, el joven empresario, dueño del negocio de maquinaria para la construcción Central de Máquinas, con domicilio en Mazatlán, se dirigía a Culiacán. Y desde entonces no se le ha vuelto a ver.

Jenifer y Bernarda Lobos, hermana y madre del desaparecido, acusaron al gobernador Mario López Valdez, al alcalde Alejandro Higuera y al procurador Marco Antonio Higuera Gómez, de omisión por no atender este caso y de estar coludidos con los delincuentes. Los detenidos —Marco Antonio Ramírez, primo de Sáenz Pratt, quien también trabajaba en Central de Máquinas—, Isabel Grandes Carranza y Fiama Denis Ramírez Grandes, hija de ambos, fueron liberados inmediatamente.

Además, en las pesquisas aparece como implicado Luis Manuel Balladares Palma, también identificado como Luis Manuel Palma, padre de Marco Antonio, como partícipe del secuestro de Sáenz Pratt.

En su declaración ante la Agencia Tercera del Ministerio Público, Ramírez reconoció haber usado la tarjeta de débito 00187603541, de Bancomer, a nombre de Sáenz Pratt y su pareja Alejandra Noriega, para comprar electrodomésticos el 11 de marzo, en Villa Unión. Pero negó haber secuestrado o levantado al hoy desaparecido.

Ahora, la familia ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a quien dé información que permita dar con Sáenz Pratt. Por su liberación, los secuestradores exigieron 10 millones de pesos.

“Si hay delito, que castiguen”

“Si mi hermano se cambió el nombre, no es un delito y no hay una orden de aprensión contra él porque lo checamos en Plataforma México, con todos los nombres que usa, y no hay una orden de aprensión. Mi madre permaneció once meses en Sinaloa y siempre se negaron a recibirla”, manifestó Jenifer, desde la Ciudad de México, vía telefónica.

Tanto ella como su madre, agregó, exigen que si el empresario desaparecido cometió un delito que se le castigue con la cárcel, detenido y sujeto a proceso penal, pero antes deben dar con él.

“Si tienen algo contra de él, lo quiero en una cárcel, así lo digo yo y se los dijo mi madre en su momento, detenido, pero no secuestrado o muerto. Y si mi padre es culpable de algo, que no juzguen a mi hermano por eso”, señaló.

Cuando estuvieron en Querétaro y Michoacán, aseguró, unos familiares fueron secuestrados por integrantes del cártel de los Zetas, quienes los obligaron a entregarles tres vehículos —cuyas características no proporcionó— y 300 mil pesos, a cambio de liberarlos.

“Mi hermano se fue de ahí porque amenazaban con matarlo. Mi madre les contó esto a los de Antisecuestros”, afirmó.