Masacre de juez y su familia, posiblemente por fraude de 200 millones en CFE

Río Doce.- Afirma alcalde que lleva mensaje que los tiren cerca de unas torres de la CFE

Pese a que se desconocen los móviles reales del multihomicidio desde el día que mediante un operativo de rescate sacaron los cuerpos del fondo del precipicio, no faltaron quiénes afirmaran que el asesinato del exjuez Isidro Hernández Ramírez, y de su familia, habría sido por el presunto fraude de 209 millones 23 mil 974.51 pesos, cometido contra la CFE en el año de 2009.

“Yo creo que no los mataron aquí, yo creo que los vinieron a tirar, y no sé si tiene mensaje, pero lleva mensaje el que vengan y los tiren a los pies de las líneas de las torres”, dijo el alcalde José Eligio Medina Ríos al referirse a los cinco cuerpos encontrados el sábado 1 de junio, en un profundo barranco de El Cerro del Oro, ubicado en la comunidad de El Cantil, del municipio de Concordia.

Frente al hermetismo de las autoridades investigadoras estatales, desde la zona serrana de Concordia, como hongos brotaron las preguntas: “¿Quiénes querrían callarlo para cortar de tajo una punta de la madeja del fraude millonario?”, “¿por qué tuvieron que asesinar a su familia?, ¿por qué?, ¿acaso se trató de una extorsión donde la familia fue utilizada como un factor de presión y las cosas terminaron mal?, ¿por qué los tiraron en un barranco casi al pie de una torre metálica de la CFE habiendo tantos barrancos al filo de la carretera?, ¿habría sido una venganza de alguien perjudicado por el fraude de 2009?

A escasos 25 metros de distancia de una de las torres metálicas que conducen las líneas de energía eléctrica de alto voltaje de la Comisión Federal de Electricidad, desde Mazatlán hasta el estado de Durango, fueron encontrados los cuerpos del exjuez mixto de primera instancia de Concordia, Isidro Hernández Ramírez, su esposa Isabel Espinosa Gastélum y sus hijas Esmeralda y Linda Cristal Hernández Espinosa, de 60, 59, 20 y 21 años de edad, respectivamente.

Aproximadamente a 30 kilómetros de Concordia, en el kilómetro 243 de la carretera libre Durango-Mazatlán, como a 500 metros, subiendo hacia la izquierda un escabroso camino de terracería y bajando a la derecha a casi 200 metros de brecha entre la sierra concordense, conduce la senda hacia el precipicio donde yacían los cuerpos de la familia Hernández Espinosa, además de una osamenta de una persona identificada como Bernardo “N”, oriunda del Distrito Federal.

En marzo pasado, Hernández Ramírez y su familia habían sido reportados como desaparecidos. Algunas versiones indican que había salido de paseo familiar a Concordia, en su camioneta Chevrolet Suburban, otras señalan que habrían sido secuestradas, en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán.

“Nada qué ver”

“El 21 de marzo vinieron y quemaron la camioneta de él; parece que en los predios donde encontraron la camioneta pertenece a la Comunidad de Mesillas”, informó José Eligio Medina Ríos, presidente municipal de Concordia.

En enero de 2012, Medina Ríos, entrevistado con motivo de la masacre de nueve personas, ocurrida la noche del 24 de diciembre, en el Platanar de los Ontiveros, dijo a este semanario: “Se está volviendo común que nos ataquen y no pasa nada… yo tengo confianza en que se va a actuar”.

—Tomando en cuenta de que una de las víctimas fue juez mixto de Concordia, ¿cómo percibe este hecho del 1 de junio? —se le pregunta a Medina Ríos.

—Más allá de los antecedentes, para nosotros es un hecho muy lamentable que hayan masacrado a esta familia y que vengan y los depositen en el municipio de Concordia. No tenemos conocimiento de cómo se dan las cosas, no tenemos injerencia en ese tema, es un tema que lleva de oficio la Ministerial, las dependencias del Gobierno del Estado, que lo llevan y lo tienen allá en sus archivos.

“Lamentamos que después de su desaparición no haya podido dar con su paradero de él y su familia, y que lamentablemente hoy aparecen en un predio de nuestro municipio, nos pone, otra vez, en la atención nacional, un hecho que Concordia no tiene nada qué ver, y que no nos da buena imagen.

“Aquí, los concordenses luchamos todos los días por trabajar y por salir adelante y parece ser que el destino se empeña en seguirnos inmiscuyendo en temas que no tenemos nada qué ver”.

—A casi seis meses de ocurrida la masacre de nueve personas en el Platanar de los Ontiveros, ¿qué lectura hace de estos nuevos hechos?

—Mira, nosotros como Ayuntamiento tenemos que ser muy cautos en este tipo de situaciones. Primero porque no es competencia de nosotros. Segundo, porque cualquier declaración que nosotros pudiéramos dar a título personal, porque querer hacer conjeturas, pudiéramos entorpecer una investigación que está a cargo de la Policía Ministerial. Nosotros tenemos que coadyuvar solamente a petición de la policía responsable de llevar este asunto, en lo que podamos. Pero no debemos ni hacer declaraciones que pudieran no ayudar en la investigación que está a cargo de la Policía Ministerial. Estamos en esa condición de solamente coadyuvar si nos los solicitan, pero no meternos en el tema de querer hacerle al investigador que no es nuestra tarea.

—Recuerde que se trata del tema de la justicia hacia las víctimas.

—Tenemos plena confianza que el trabajo que está haciendo la Ministerial va a dar luces para cumplimentar cada uno de esos aspectos de justicia y atención a un tema que sí nos preocupa. Porque sí nos impacta y sí nos daña en la imagen como municipio que queremos ser armónico, pacífico y queremos seguir invitando a la gente que nos visite a Concordia. Y resulta que nos daña el que realicen ese tipo de acciones dentro del territorio del municipio.

La historia de un fraude

Perpetrado el fraude contra la CFE, operado por el finado exjuez Isidro Hernández Ramírez, en el que la parte actora y demás implicados cobraron 209 millones 23 mil 974 pesos con 51 centavos, del 26 de enero al 9 de mayo de 2009, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) se enteró en ese lapso pero hizo mutis y para evitar salpicarse lo renunció discretamente.

Canuto Alfonso López López, entonces presidente del STJE, había enviado el exhorto número 2/2009 de fecha 3 de febrero de 2009, procedente del entonces juez mixto de primera instancia, Isidro Hernández Ramírez, “en virtud de que el mismo se encuentra (aseguraban) ajustado a derecho”.

Actos y fechas

—El 26 de enero de 2009, Jesús Romero Peñaloza y Felipe de Jesús Hernández Ramos, procuradores judiciales de la actora Belén Lavinia Murray Muñoz, interponen el juicio sumario 14/2009, en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, a cargo del entonces juez Isidro Hernández Ramírez.

La demanda reclamaba a la CFE que le pagara la indemnización, por una servidumbre legal de paso, argumentando que su predio ubicado en la Mesa de la Soledad, cabecera de El Palmito, Concordia, estaba afectado por una postería y tendido de líneas de energía eléctrica de 34 mil voltios de la CFE.

—Por razones de jurisdicción, el Juzgado de Concordia, con la venia de Canuto Alfonso López López, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se apoyó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, donde intervinieron el entonces juez Miguel Pérez Lizárraga y su actuario José Octavio Sarabia Carrasco.

—En febrero de 2009, Sarabia Carrasco asegura que mediante citatorio entregado a Olivia Patrón Moreno, secretaria del superintendente de CFE, zona Mazatlán, da por enterada a la paraestatal de dicha demanda.

—La CFE no contesta la demanda y es declarada en rebeldía, por lo que los días 7, 8 y 12 de mayo de 2009, le embargan la cuenta bancaria de Banorte 627020783 para cobrarle 209 millones 23 mil 974 pesos con 51 centavos.

—La CFE, con perito en grafoscopía de por medio, afirma que la firma del citatorio no corresponde al puño y letra de Olivia Patrón, mientras que Francisco Mojica Buenrostro y Esteban Carlos Pineda Rubio, peritos designados por el tercero perjudicado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, dicen lo contrario.

—El 16 de agosto de 2009, el diario Siglo de Durango, informó que Esteban Carlos Pineda Rubio (oriundo de Durango, Durango, y que había ido a apadrinar una boda), de 32 años, fue encontrado asesinado de un balazo en el pómulo izquierdo, en el interior de su vehículo Toyota, de la línea Limited, color gris, en el bulevar de la Juventud, mal estacionado y con las luces y el motor encendidos.

—El 26 de abril de 2012, es encarcelado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas el juez Miguel Pérez Lizárraga y sale libre bajo caución el 12 de junio del mismo año.

—El 1 de junio de 2013, encuentran en un barranco de El Cantil, en la zona serrana de Concordia, asesinado al exjuez Isidro Hernández Ramírez, junto con su familia, quienes habían sido reportados desaparecidos desde marzo pasado.